Rescindieron contrato con Monjo y no habrá Polo Judicial
El Gobierno de Salazar comunicó al empresario que el contrato firmado con Giovanettoni queda sin efecto desde el 31 de marzo. Allí, el intendente interino había anunciado un Polo Judicial. En un año, apenas si hubo unos pocos arreglos edilicios, que quedan para el dueño de la casona histórica 1830 y el ex Jardín Frutillitas. El contrato era por 300 mil pesos anuales pagaderos en tasas y derechos municipales.
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El primer gran sueño propio del exintendente Fabio Giovanettoni llegó a su fin: el gobierno de Salazar rescindió el contrato con Alejandro Monjo por los inmuebles ubicados en Mitre y Liniers, donde funcionaría el Polo de Justicia.
El empresario recibió la carta documento donde se le informa que el nuevo Jefe Comunal decidió la rescisión, de acuerdo a lo que el propio contrato señala en una de sus cláusulas, la que operará desde el 31 de marzo, cumplidos los doce meses de vínculo contractual.
En menos de un año, los anuncios nunca se cumplieron y el Estado local pagó un alquiler de 25 mil pesos mensuales para mantener cerrados ambos inmuebles, más allá de los arreglos mínimos que se hicieron.
“Mejor es hacer”
Un cartel azul colocado horas antes del único mensaje anual que el intendente interino Fabio Giovanettoni ofreció al Concejo Deliberante adelantaba lo que sería su anuncio más ostentoso y el que marcó uno de los máximos fracasos entre los que cuenta su breve período gubernamental: el Polo de Justicia en la casa más antigua que queda en pie en la ciudad, la famosa casona 1830 que el empresario Alejandro Monjo compró en 2012.
“Para prometer hay que cumplir… Nosotros estamos cumpliendo”, decía el primer cartel que llevaba el nombre de quien encabezara la lista de concejales de Guacone y lo tuviera que reemplazar tres años después de esa elección, ante su renuncia.
Pasó el año y, a mitad de camino entre gobernar y disputar las elecciones, el Ejecutivo que encabezó Giovanettoni apenas si pudo hacer unos pocos arreglos edilicios en lo que era el Jardín Frutillitas.
Ya había ganado las elecciones Salazar cuando este semanario se encontró con técnicos enviados por la Procuración General de Justicia provincial a quienes nadie les abrió la puerta, luego de que Manchone se retirara diez días antes que su colega bombero.
Ni Polo ni Justicia
El último que tuvo la llave de ese lugar fue el titular de la UFI Nº 5 Marcelo Manso. El plan, desde el principio, era dejar de alquilar el edificio de Mitre al 2600 donde funcionan las tres fiscalías, aunque sólo se mudarían frente a la plaza Constitución las de Manso y Ramos, mientras que Ates recalaría en otro sitio.
En diciembre pasado, el Fiscal dijo que el lugar estaba “inhabitable” y señaló que confiaba en que lo terminarían. Faltaban en ese momento desde ventanas y puertas a la instalación eléctrica. Las obras estaban contratadas y hasta habrían sido pagadas.
Lo que iba a ser el “Polo de Justicia, DDI y Fiscalías” no fue nada. Ni sede para las dependencias descentralizadas de la Procuración, cuyo funcionamiento es pésimo en el edificio de Mitre al fondo; ni para el Juzgado de Paz, que tenía que mudarse; ni para el de Faltas, que carece desde hace dos años de titular. Ni para la Dirección Departamental de Investigaciones de la Policía, que prefirió seguir arriba de la Terminal; ni para la Dirección Departamental Antinarcóticos, que por no revelar su lugar de trabajo prefirió la paz campestre.
$ 300 mil en tasas
Como se dijo, la rescisión opera a partir del 31 de marzo, cumplidos los doce meses del contrato, que era de 24. La notificación fue hecha con 60 días de anticipación, como preveía el acuerdo, para el pago de un mes punitorio. La inversión en mejoras queda para el propietario.
El vínculo era por 600 mil pesos para los dos años, a razón de 25 mil por mes, canon que podía ser compensado con impuestos o tasas municipales a devengarse de propiedades de Monjo.
En el Gobierno de Salazar no lo dicen a viva voz, pero no faltan los que creen que haber mantenido un año alquilados esos dos inmuebles sin haberles dado uso ni hacer las mínimas reparaciones que permitieran ocuparlas en algo fueron no más que un “regalito” al propietario, que se vio beneficiado con el contrato.
De todos modos, el razonamiento para la rescisión apunta a largo plazo. Con un contrato corta y una demanda de refacciones e instalaciones importante hacían falta como mínimo diez años para llegar a un equilibrio que en todo caso dejaba a la municipalidad “hecha o empatada”
