Rendición de Cuentas: El gobierno pidió prórroga “debido a la demanda laboral con la que se trabaja día a día”
Según la ley orgánica, el Ejecutivo debe presentar la Rendición de Cuentas del ejercicio anterior "antes del 1 de marzo". Este miércoles, último día hábil del mes, envió una solicitud de prórroga sin plazo y con un increíble argumento para que el Concejo Deliberante espere la elevación del expediente: "La falta de tiempo para dedicarle a la confección de dicha rendición de cuentas, debido a la demanda laboral con la que se trabaja día a día".
El intendente Cecilio Salazar pidió al Concejo Deliberante una prórroga para la entrega del obligatorio expediente de la Rendición de Cuentas del ejercicio económico del año pasado, que contiene memoria y balance financiero de la gestión del segundo año de gobierno.
La nota, firmada por Salazar y por la nueva Contadora municipal, Mariana Giosa —esta será su primera Rendición de Cuentas, tras la jubilación de Oscar Corleto—, solicita al Concejo que le otorgue prórroga, aunque no pide plazo.
El argumento para pedir la extensión de los tiempos que ordena la Ley Orgánica resultó insólita para quienes conocen el funcionamiento del Estado municipal y las notas de forma. Es habitual que los jefes comunales pidan prórroga, aunque sus justificativos suelen ser otros.
"Motiva ésta solicitud la falta de tiempo para dedicarle a la confección de dicha rendición de cuentas, debido a la demanda laboral con la que se trabaja día a día", dice el texto elevado a la presidenta del Concejo Deliberante, Mónica Otero.
Presentar la Rendición de Cuentas en tiempo y forma es una obligación del Ejecutivo, una de las tantas que son parte de sus tareas de gestión del Estado local. La Ley Orgánica señala que le corresponde presentarla "antes del 1 de marzo de cada año".
Además de extemporánea y de contener un al menos extraño argumento —la "demanda laboral con la que se trabaja día a día"—, la solicitud no contiene un plazo para el cumplimiento de la obligación sobre la que se solicita extender el límite previsto por ley, por lo que el HCD debería devolver el expediente al gobierno para que lo modifique.