La Rendición de Cuentas del ejercicio 2017 de la gestión del intendente Cecilio Salazar y el secretario de Economía Mario Sánchez Negrete no sólo arrojó el peor déficit de la historia de la ciudad, superando el triple de los años de Guacone.
Además profundizó el déficit estructural que se arrastraba por la masa salarial, que creció exponencialmente, al punto de que, por segundo año consecutivo, superaron ampliamente al jefe comunal que “fundió el pueblo” en el porcentaje de dinero destinado a pagar sueldos. No es un mérito para el antecesor sino una materia reprobada para el actual.
Los indicadores son todos graves: ingreso de personal a planta temporaria, pases a planta permanente, nuevos funcionarios, aumentos de sueldo que fueron a parar a todos los bolsillos políticos, profundización de lo que se conoció como “festival de horas extras y bonificaciones”, entre otros tantos puntos que dan cuentas de que en el año electoral el gobierno no se privó de nada.
En 2017, el gobierno utilizó más de 505 millones de pesos para pagar todo aquello que implica la masa laboral: básicos, antigüedades, bonificaciones, horas extras, guardias médicas, dietas de los concejales, salarios políticos, refrigerio, aguinaldos, IOMA, IPS, ART, asignaciones familiares y anticipos jubilatorios.
Esos más de 505 millones representan casi el 85 por ciento de los 597,5 millones de recursos de libre disponibilidad. El promedio mensual de la masa laboral, dividiendo el total insumido en sueldos por 13, es decir los12 meses más el sueldo anual complementario, fue de casi 39 millones de pesos.
La cifra arroja una alarmante conclusión: al igual que en 2016, cada 100 pesos que entran al municipio, 85 son para pagar sueldos y 15 para el resto de los compromisos. El San Pedro que Salazar y Sánchez Negrete celebraron superavitario, volvió a ser al año siguiente un Estado inviable.
Como con el 15 por ciento de los recursos difícilmente se pueda hacer frente a los gastos corrientes que implican el funcionamiento de la ciudad más allá de pagarle a los empleados –desde combustible, indumentaria, hojas y lapiceras a café, yerba, tinta, mobiliario y un largo etcétera–, para cumplir deben tomar dinero de otro lado.
Las horas extras sumaron en 2017 casi 28 millones, un promedio superior a los 2 millones por mes. Se distribuyeron de a siguiente manera: Salud, 33,3 por ciento (más de 9 millones); Gobierno, 32,9 % (más de 9 millones); Servicios Públicos, 26 % (más de 7,3 millones); Desarrollo Humano, 4,87 % (1,3 millones); Economía, Seguridad, Legal y Técnica y Conducción Superior, alrededor de 1 % cada una; las que menos insumieron fueron Juzgado de Faltas (0,46 %, 130 mil pesos) y Desarrollo Económico, que incluye a Turismo (0,12 %, 32.500 pesos).
Las bonificaciones, en total, sumaron casi 146 millones, un promedio superior a los 12 millones mensuales. Allí hay casi 700 mil pesos por mes en bonificaciones políticas y casi un millón al mes en “bonificación por conducción”. Como en la era Guacone, todos manejan: hasta aquel al que Pando criticó por cobrar ese premio y trabajar en un archivo siguió cobrando hasta el día de su jubilación, como si nadie se hubiese percatado.
