Reactivan la causa que investiga la ruta del dinero desviado para la campaña de Pablo Guacone
El Fiscal General resolvió una serie de medidas “sugeridas” a quien debe investigar el caso. Consideró necesario citar a una gran cantidad de personas, entre ellas a los monotributistas que se excedieron muy por encima de lo que podían facturar, cuyos nombres y montos fueron revelados por una investigación de La Opinión. También propuso secuestrar más documentación del Municipio en busca de probar las “facturaciones truchas” como método de recaudación para la campaña.
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La causa penal sobre el presunto desvío de fondos públicos para solventar la campaña que en 2011 llevó a la intendencia a Pablo Guacone, cuyas sospechas surgieron por investigaciones publicaciones por La Opinión durante 2012 y 2013, fue reactivada luego de que el Fiscal General Héctor Tanús resolviera sobre una presentación que hizo el abogado Benito Aldazabal.
El letrado fue quien denunció la presunta existencia de un delito penal luego de la declaración de su entonces defendida Marina Galati, que había sido a su vez denunciada por el supuesto robo de órdenes de compra para un uso apócrifo en beneficio propio, que incluía falsificación de firmas de otros funcionarios del gobierno de Guacone.
Aceptado como particular damnificado -en una inédita decisión judicial que contempló a Aldazabal como un eventual paciente afectado por las irregularidades del Hospital-, el abogado elevó una queja por el devenir de la causa y pidió el apartamiento del Fiscal Hernán Granda, titular de la UFI 8, con asiento en Baradero.
El Fiscal General Héctor Tanús resolvió que no le corresponde a él apartar a Granda -para lo que Aldazabal debería ir al Juzgado de Garantías y plantear una recusación- y ordenó que “se continúe con la investigación”, al tiempo que apuntó una serie de medidas “sugeridas” que “estima” -ese fue el verbo que utilizó- pueden ser relevantes para la investigación.
De La Opinión a la Justicia
La causa está caratulada como “malversación de caudales públicos”. Este semanario, en las sucesivas ediciones en las que dedicó espacio al tema, con investigación propia que incluso forma parte de la judicial, habló de “La ruta del dinero desviado para la campaña” que en 2011 impuso a Guacone como intendente.
En la primera de las investigaciones, este semanario pudo dar con una serie de monotributistas que facturaron muy por encima de lo que tenían permitido. En su declaración indagatoria por la causa de las órdenes de compra truchas, la exdirectora del Hospital Marina Galati apuntó contra quien en aquellos años era el Director Administrativo del Hospital, Roberto Borgo, quien luego fuera Secretario de Economía de Guacone primero, y de Giovanettoni después.
En su declaración, Galati acusó a varios monotributistas de tener “estrecha relación” con Borgo, a quien señaló como “el recaudador de la campaña” y el responsable de “pedir facturas truchas” a constructores para financiar los gastos de la contienda electoral. Entre los que nombró figuraban testigos que habían declarado en su contra y a los que la odontóloga acusó por falso testimonio.
En la profundización de su investigación, cuando la Justicia ordenó el secuestro de documentación de la Municipalidad, La Opinión reveló que la mayoría de los monotributistas excedidos no habían sido contratados por Borgo en el Hospital sino por Pedro Restelli en Obras Públicas, un cargo desde el que el arquitecto construyó poder al punto de que, tras la victoria electoral de Guacone en 2011, fue ungido Secretario de Gobierno.
Las “sugerencias” de Tanús
El Fiscal General estimó “correcta” la actuación de Granda en el caso de los desvíos de fondos para financiar la campaña de Guacone, pero “sugirió” medidas de profundización que, hasta el momento, el Fiscal de Baradero no había tomado, luego de los allanamientos en el Palacio Municipal.
Tanús pidió “ahondar” en la investigación, “merced a la gravedad, importancia y trascendencia de los eventos” denunciados por Aldazabal y que surgieron de la declaración de Galati.
En ese sentido, el Fiscal General “estimó” que “se debe citar a las personas empleadas del lugar que pudieran conocer las maniobras” denunciadas, y nombra a los empleados Daniel Leiva, Betiana Blanco y Mirta Scarcelli, así como a los monotributistas “Correa, Belo y Capre”. Los dos primeros son “el Tony” y “Solapita”, dos punteros que facturaron muy por encima de lo que podían durante aquel año de campaña; el tercero, un fletero que facturó 194.950 pesos al área que conducía Restelli en 2011.
De la misma manera, señala que sería encomiable citar “en la forma en la que estime el Fiscal”, es decir como testigos o imputados, según lo decida Granda, a “todos los proveedores que figuran” en las páginas 400 y 401 del expediente, que corresponden a “ocho personas” aportadas por Aldazabal y a “los citados en el diario La Opinión a fojas 71”, que corresponden a la investigación que este semanario publicó en su edición 1108, en la que se describió uno por uno a los monotributistas excedidos, con montos totales facturados cada uno y con el exceso, según la categoría de cada cual.
También recomendó Tanús citar como testigos o imputados a Ariel y José Franzoia, dos proveedores de obras y mantenimiento del Hospital, a “los dueños de la proveedora Paparini” y “demás que surjan o se ofrezcan”.
Habilitó el Fiscal General a que Aldazabal tenga acceso a toda la causa, para que pueda “concurrir y colaborar” con el análisis de la documentación que se requerirá al Gobierno actual, relacionada con las cuentas municipales de 2011.
A la documentación que ya secuestraron, Granda deberá someterla a una pericia contable a fin de determinar si se dan los planteos que hizo Aldazabal como denunciante, lo que incluye hasta pericias caligráficas.
De la Afip al Tribunal de Cuentas
Al menos algunos de los monotributistas excedidos fueron intimados por Afip por el tema. En el Tribunal de Cuentas habían advertido en la Rendición del ejercicio 2011 que el Municipio debería haber observado el irregular exceso en la facturación.
La Justicia no sólo secuestró documentación, también envió personal a recorrer el Hospital para verificar una serie de obras.
