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San Pedro
jueves, abril 15, 2021

Ratificaron que cada camión que sale cargado de San Pedro debe pagar $ 200

El Gobierno local, impulsó desde Desarrollo Humano la inscripción de vecinos para la obtención del crédito. Como no hay corralones locales registrados, canalizaron las compras en uno de San Antonio de Areco, que el sábado enviará la primera tanda de materiales para su distribución.

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El Gobierno municipal ratificó la puesta en vigencia del artículo de la ordenanza impositiva que establece que cada camión o camioneta que transporte bienes y pase por la balanza pública debe abonar una tasa.

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A pesar del encendido reclamo de los transportistas, en una tensa jornada para el primer día de aplicación del canon, que incluyó gritos, insultos y hasta una amenaza de muerte para el Juez de Faltas, el Ejecutivo no dio marcha atrás.

Así las cosas, aunque protesten, los camioneros que salgan de la ciudad con carga deberán pasar sí o sí por la balanza ubicada en el predio de la empresa Coplac, en camino Crucero General Belgrano, y pagar 200 pesos por esa medida para continuar viaje sin estar en infracción para la normativa local.

El mayor movimiento de carga que tiene San Pedro es el de los camiones areneros, que se calcula en tres cifras por día. Así las cosas, la recaudación será importante, siempre y cuando no se activen mecanismos para evitar el pesaje.

La letra fría de la ley

Aunque funcionarios del gobierno salieron a aclarar que “no es una tasa sino un derecho”, el canon que deben pagar los transportistas es de las primeras.

Está incluida en el capítulo VII de la ordenanza impositiva 2017, que corresponde a “tasas por servicios varios”. El ítem W del artículo 11 establece el importe a pagar “por cada pesaje de camiones o camionetas que trasporten bienes” en 630 pesos, a lo que debe adicionarse el 5 por ciento de sobretasa de seguridad, lo que suma 661,50.

Hasta el momento, esa tasa no se había cobrado. El Gobierno había advertido públicamente a través de Director de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad, Ángel Jesús Burgos, que iban a cobrarlo, “como sucede en otras ciudades”.

De la misma manera, el propio intendente se lo anticipó a representantes de la Cámara de Areneros. En octubre, según explicó el secretario de Gobierno Silvio Corti, hubo dos reuniones con los empresarios locales del sector para informarles del tema.

El decreto 1110-2017, firmado el 20 de octubre y cuya aplicación entró en vigencia el 01 de noviembre, dispuso reducir el importe de la tasa a 200 pesos. Además, estableció la “obligatoriedad para todos los camiones que salen de nuestra ciudad el pesaje obligatorio en la balanza fija ubicada en calle Crucero General Belgrano y calle Independencia”, de lunes a sábado, de 05.00 a 22.00.

Es decir que, como bien dice el decreto, todos, absolutamente todos los camiones que salgan de la ciudad, desde el campo, las fábricas, el puerto, las areneras, las tosqueras o cualquier otro sitio donde hayan cargado bienes deberán pasar sí o sí a pesar y pagar los 200 pesos correspondientes.

El objetivo, dice el decreto, es “preservar las rutas de acceso a nuestra ciudad que se deterioran, fundamentalmente, por el exceso de peso en camiones areneros”.

En el documento, el Gobierno reconoce que no cumplió con la ordenanza impositiva vigente y dejó de recaudar entre enero y noviembre por ese ítem –lo que debería valer un llamado de atención por parte del Tribunal de Cuentas–, al señalar que “el Municipio no cobraba esta tasa por no tener balanza para hacerlo”.

“Esto es decisión tomada”

El secretario de Gobierno Silvio Corti explicó a La Opinión que la decisión se tomó ante el “costo importante” que implica mantener el control “durante 24 horas” para “cuidar las rutas” tras su repavimentación.

“A nadie le gusta que le impongan un costo más, intentaron con algun argumento para que no se aplicara, pero fue decisión del intendente hacerlo”, sostuvo el funcionario, cuya firma acompaña a las del Jefe Comunal y del secretario de Economía en el decreto.

“Decidimos seguir firmes con la decisión. Deberán avenirse a que esto es una decisión tomada y que el municipio está en todas las de la ley para hacerlo”, aseguró.

“Las rutas están nuevas, hay que cuidarlas y usarlas como corresponde. La municipalidad dispuso un control muy estricto y no está dispuesto a modificar ni aflojar. Eso tiene un costo y la decisión es que lo paguen los que deben ser controlados”, precisó Corti.

Entre los costos, enumeró el alquiler del predio –que incluye cuatro operarios–, las horas del personal de Inspección y de la Policía que trabaja en los operativos.

“Pueden ir a la Justicia si así lo consideran, pero no hay marcha atrás”, aseveró.

Las dudas constitucionales

Las empresas transportistas plantearon de inmediato sus dudas respecto del derecho del Estado a cobrar por controlar el peso. “Que me controlen está bien, pero encima me van a hacer pagar por algo que es su obligación”, se quejó un camionero.

El Gobierno decidió ratificar la medida y sabe que puede ser pasible de instancias judiciales, donde las empresas podrían plantear la inconstitucionalidad del artículo que establece el cobro de esa tasa.

Para muchos, el canon recordó la propuesta de Monfasani que en 2010 generó una gran polémica y que intentaba establecer el pago de una suma por cada camión que ingresara a la ciudad.

En aquel momento, el actual edil de Cambiemos Sergio Rosa presidía el Concejo y fue un férreo opositor a aquella propuesta. En ese entonces, consideró que era “bastante opinable cómo se legitima el cobro, porque las contraprestaciones detalladas son casi un derecho de ejercer el poder de policía” y se quejaba porque, al igual que en el caso que ocupa esta página, lo que se pretendía cobrar era
por controlar.

Rosa advertía en aquel entonces por los planteos judiciales que pudieran sobrevenir. De hecho, la polémica por esa ordenanza la zanjó el Tribunal de Cuentas, que en un fallo señalaba que podía haber “pugna con disposiciones constitucionales tales como la igualdad, la libertad de tránsito y, particularmente, el de la generalidad de los tributos” en aquel proyecto.

Esta vez, no hubo mucho debate sobre el tema desde el punto de vista institucional. Los únicos planteos fueron a nivel interno en Cambiemos, pero sin demasiado ruido, ni siquiera por parte de quienes creen que “el Estado asfixia con impuestos” a la actividad privada, como suele sostener el presidente Macri.

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