Quiénes son los más de 130 empleados municipales a los que se les renueva el contrato cada seis meses
A principio de año, el gobierno debe publicar el decreto con la renovación de esos contratos. Hay médicos, decretos que pasaron a temporarios, empleados que cubren áreas estratégicas, amigos y familiares de funcionarios, punteros políticos y hasta personas que supieron tener conflictos con la ley penal. El Ejecutivo se reservó el derecho de prescindir de ellos en cualquier momento. La ley establece que sólo puede haber contratados para “tareas eventuales”.
El gobierno publicó un decreto para la renovación de 134 contratos de personal temporario y personalizado. Se trata de empleados que se desempeñan en diferentes áreas y en distintas labores. Algunos son contrataciones recientes. Otros llevan años en esa condición y ya deberían haber sido integrados a la planta permanente. En cada caso, ahora tienen trabajo asegurado hasta el 30 de junio, en un año electoral y con una cláusula que habilita al intendente a “rescindir la continuidad de los agentes en forma total o parcial antes de la fecha”.
Los sindicatos, que debaten el incremento salarial para este año pero también las condiciones laborales de sus representados, están en alerta por el tema, que se discute en cada una de las reuniones de la Mesa de Relaciones Laborales. Una gran cantidad firmada por los dos gremios representativos, ATE y el Sindicato de Trabajadores Municipales, dan cuenta de ello.
La ley dice que los temporarios son empleados que se suman para “trabajos de carácter transitorio o eventual o estacional” que no se pueda cubrir con la planta permanente. Una excepción que en San Pedro y en muchos municipios pasa a ser parte de las reglas de juego vigentes.
La nueva ley de empleo municipal establece que los contratados no podrán superar el 20 por ciento de la planta permanente. En San Pedro, de los 1063 trabajadores que aparecen en el Presupuesto 2019, 854 son permanentes y 209, casi el 25 %, son temporarios.
A esos hay que sumarles, claro, los decretos de ayuda social con contraprestación de trabajo, que según estimaciones sindicales superan los 100. Son personas en situación de vulnerabilidad social que necesitan de la asistencia del Estado. En muchos casos, son trabajadores municipales hechos y derechos: están desde hace años, trabajan ocho horas al día a la par del resto, pero cobran salarios que están por debajo del 50 % del de sus compañeros.
Temporarios y decretos comparten una situación de precariedad en su condición de trabajadores, en tiempos donde conservar el empleo es la primera ley. Son los más permeables a las herramientas de presión. El año pasado se vio en los paros convocados: la mayoría de las áreas funcionaban gracias a quienes no gozan de la estabilidad laboral.
Entre los contratados que aparecen en el decreto hay médicos que hacen guardias de reemplazo, empleados con muchos años en la Municipalidad, otros tantos que pasaron de “decreto” a temporarios en esta gestión y muchos que ingresaron al empleo estatal de la mano del actual gobierno por necesidad del sector o por afinidades políticas de coloratura diversa.
El listado, del que se reproducen los nombres y apellidos tal como están consignados en la documentación, comienza con siete contratados del hospital 26 de Julio, de Gobernador Castro. Seis de ellos son médicos que cumplen las onerosas guardias de reemplazo y el séptimo es un mensualizado. Son: Guido Migoni, Graciela Pereyra, Claudia Corvino, Mariano Barón, Gemán Albouy, Pedro Silva Pereira Días, y Franco Rosselli.
Otros seis corresponden al Hospital de Santa Lucía. De ellos, dos son médicos reemplazantes: Dante Paladini y Leonardo Giordano. Los cuatro restantes son mensualizados con 48 y 40 horas: Adriana Zecchini, Laura Coronel, Susana Núñez y Claudia Roldán.
En el Hospital Emilio Ruffa hay 30 mensualizados y un jornalizado: Iván Gutiérrez, Facundo Gómez, Sonia Español, María Rosa Obrador, Nora Blanco, Yanina Nouet, Carmen Perira, Betiana Bidal, Alejandra Olivera, Sabina Barbosa, Alan Arocena, Viviana Pérez, María del Luján de los Santos, Mauricio López, MartinaVellón, Jorge Maza, Rubén Gálvez, Rodolfo Alderete, María Soledad Legan, Martín Menegoni, Mirta Astudillo, Héctor Chebeste, Mariela Piquioni, María Soledad Marelli, Marina Juárez, Javier Gorocito, Lorena Corvalán, Maximiliano Romanczuk, Yanina Batalla, Fernando Juárez.
Entre ellos hay jóvenes profesionales de distintas ramas, adultos de entre 45 y 60 años, algunos que están hace tiempo en la condición de mensualizados y otros que ingresaron hace poco y ya ocupan cargos cuasi jerárquicos en la estructura de gestión de la Salud local.
Desarrollo Económico, que desde enero ascendió a Secretaría para aumentar el sueldo del funcionario a cargo, Alfredo Camilletti, pero con un presupuesto para todo el área que sorprende por su escaso medio millón de pesos para todo el año y sólo para pagar salarios, tiene nueve empleados cuyo contrato vence en junio: María Paula Palmer, Cristian Mamberto, Agustina Abella, Eliana Sacca, y Erica Oilher, de la Oficina de Empleo, más Adrián Devito, Lucrecia Novaro y Abel Alberto Molina, que cumplen tareas en la dirección de Turismo que conduce Marcela Cuñer. La secretaria de Camilletti y pareja de Iván Paz, Candelaria de Vincenzi, está en la misma condición, como mensualizada.
De la Secretaría de Gobierno dependen Marcos Soria y Maximiliano Belli, además de Andrés Medina, que se desempeña en la delegación de Gobernador Castro, y de Juan Horacio Lupi, que hace lo propio en Santa Lucía. Hay dos temporarios que revistan en la dirección de Personal, Luciana Tangari y la titular de la OMIC, la abogada Sabrina Utreras Montes. De “Privada y Coordinación” dependen tres mensualizados: el cafetero municipal Guillermo Borda, que ya no factura porque lo pasaron a planta temporaria; la hija de Eduardo Roleri, Joana; y Silvia Triñanes, empleada municipal de hace muchos años que ahora está en la zona del despacho del intendente.
Dos temporarios tiene la Secretaría de Salud que conduce Guillermo Sancho en sus oficinas: María Magdalena Alcorta y Mónica Olagioza. En los centros de salud hay dos jornalizados, un mensualizado y siete médicos reemplazantes. Son, en ese orden: Marlene Florencia Lacuadra, María Clara Sotil y Carlos Insfran, que supo ser director de esos centros de atención primaria; Gustavo Wagner, Facundo Sánchez, María Giuliodori, Sonia Dandliker, Leonardo Martino y Elízabet Benítez. Además, aparece la proteccionista Cecilia Tarsetti, contratada para la Oficina Animal, quien figura como dependiente del área de Bromatología.
La Secretaría de Desarrollo Humano que tiene como titular a Karina Chiarella aporta al listado de empleados temporarios cuyos contratos vencen en junio unas once personas, distribuidas de la siguiente manera: Ana Bonvissuto y María Abigail Gauna en la Casa del Niño, Marisa Ribas en el CIC; Ana Monteverde en la Dirección de Cultura; María Virginia Gutiérrez y Valeria De Vincenzi en el jardín De los Santos Quirós; Raúl Omar Peralta, “Bulla”, exchofer y asistente personal del intendente, en la Dirección de Deportes; Analía Bravo en el área de Educación y Capacitación; Silvina Puga y Agostina Simonini en el jardín Pulgarcito; Verónica Mohlinger en el Calcuta; Héctor Andrés Vela, Cristina Allistiza, Viviana Gisele Miño, Ricardo Alberto Ramos y Santiago Banegas, todos dependientes directamente de Chiarella, completan la lista.
En la Secretaría de Seguridad hay 17. Santiago Calderón, del Centro de Monitoreo; Maximiliano Leguiza, Jorge Quinter y Carlos Médici hijo, que dependen de Inspección General; Lucas Arregui, Rodrigo Demelli, Damián Otero, Walter Lacuadra, Verónica Cáceres, María del Mar Pereyra, Ángel Ezequiel Burgos -hijo del director político en uso de licencia-, Hernán Medina, Lourdes Santucho, Griselda Chirino, Claudio Guilmen, Jonatan Montero y Fernando Martín Gómez, todos del área de Tránsito. Entre los últimos están el personal del Estacionamiento Medido y la última incorporación de Roleri: su chofer, un joven que fue subteniente de la Policía Bonaerense y que aparece en el registro de expulsados publicado por el gobierno de María Eugenia Vidal como “exonerado” por “violencia policial” con fecha del 10 de octubre de 2017. El dato llamó la atención, ya que su caso podría encuadrar en las inhabilitaciones para ingresa a la administación municipal que prevé la ley 14.656, aunque el análisis de la letra fría de la norma podría jugar a su favor.
Hay 18 que dependen de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que comanda Ariel Álvarez. De ellos, nueve trabajan en el Corralón: Marcos Barrios, Fernando Carlos Martín, Víctor Hugo Messina, Samuel Burgos, Guillermo Pavón Duarte, Raúl Jaime, Claudio Aguilera Pérez, Iván Vlaemink y Farid Espíndola. Hay uno en “mantenimiento general”, Diego Albano; uno en Obras Públicas, Nelson Martín Oña; uno en Obras Sanitarias, Nicolás Vargas; y seis que cumplen tareas en el Paseo Público: Walter Hornos, Marcos Romero, Adolfo Castagnola, Diego Armando Albacete, Miguel Rodríguez y Daniel Cristian Krispien.
De la Secretaría de Economía dependen ocho temporarios. Don son del Tribunal de Faltas, Diego Tapia y María Eugenia Vivanco. Otros dos, de Rentas: Carlos Lischetti e Ivana Gómez. En Tesorería hay una, la recientemente incorporada Camila Sánchez Negrete, hija del exconcejal y extitular de Hacienda. En Modernización apare como temporario Marcelo Bisi, situación de revista en la que permanece desde que ingresó al Municipio, en la era Barbieri. Por último hay dos mensualizadas en Contaduría, Norma Finardi y la propia Contadora municipal que reemplazó a Oscar Corleto en el cargo, Mariana Giosa, esposa del director administrativo del Hospital y también contador Silvio Jaime.