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lunes, septiembre 27, 2021
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“Quedate tranquilo y mandá una nota”

La sistemática y bien ordenada maquinaria establecida por costumbre en el Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad, excede todos los límites. No sólo por desconocimiento de normas, sino por la periódica necesidad de los “favores” y “excepciones”.

 

En una larga nota publicada en la edición anterior, se presentaron varios ejemplos sobre la falta de preservación del patrimonio histórico edilicio de la ciudad. Sólo un puñado de casas y tumbas, incorporadas a una Ordenanza sancionada hace casi dos décadas, están “protegidas” de la fiebre destructora que han provocado las incesantes irregularidades perpetradas por el “derecho consuetudinario”. Para quienes no son abogados, significa ni más ni menos que el imperio en la justicia, de la razón de algo que “por costumbre” se repite una y otra vez, otorgando derechos a quien cuestiona.
Ante la inmensa curiosidad que despertó esa nota, La Opinión retomó varios casos emblemáticos de excepciones y favores que, sobre todo en los últimos ocho años, han ido creciendo al ritmo de algunos estudios de arquitectura, especialmente el que está vinculado al Director de Planeamiento, Diego Chediak.
Nadie habla de corrupción, sino de negligencia posiblemente montada en la necesidad de crecimiento patrimonial de sus actores.
Con sólo repasar ediciones y sólo citar casos que llegaron a las primeras planas, el Supermercado Hsu, el famoso certificado de prefactibilidad entregado al Supermercado La Anónima que precipitó la quiebra de una importante empresa sampedrina que había vendido el terreno con ese fin y luego se quedó sin nada, o el hotel que quiso instalar el Cr. Carlos Oulé cuando se desempeñaba como funcionario municipal y se vio obligado a realizar una construcción en planta baja que terminó de todos modos siendo un hotel, es suficiente como para concluir en que de no modificarse el sistema de autorizaciones, la sociedad sampedrina será sometida de manera constante al capricho de quien tiene en sus manos resolver sobre la inversión ajena.
Se necesita un mecanismo claro para que nadie se vea obligado a deber un favor. Al menos, así lo expresó una persona que dice haber adquirido de forma unilateral un terreno en plena zona residencial, quien tras acordar el pago a la inmobiliaria, se encontró con la “facilidad” de obtener un contacto directo con la Dirección de Obras Públicas.
El hombre, quería construir un pequeño edificio y le contestaron que “le meta nomás”, hasta que tuvo la mala suerte de que su proyecto cobrara difusión.
Quien estaba a cargo de la gestión municipal y a ambos lados del mostrador, ya que también era su arquitecto “recomendado” por la inmobiliaria, no había presentado papel alguno y prometía que en apenas unos días “se ponía todo en orden”.
Cuando el inversor se entrevistó informalmente con La Opinión, sólo preguntó los motivos por los cuales poníamos objeciones a su proyecto.
La respuesta no demoró un minuto. No había expediente alguno. El propio Secretario de Obras Públicas respondió que ese predio pertenecía a un hombre y que había un expediente.
Pues bien, ni el apellido coincidía ni el expediente existía. Ante la insistencia para que se entregue la documentación, la única respuesta fue la del sumiso inversor: “A mi me dijeron que podía empezar y ahora tengo que cambiar el diseño, pero no tengo papeles, me los prometió el arquitecto para esta semana”. Estas explicaciones que tuvieron lugar hace poco más de 15 días, arrojaron como correlato escrito, una carta de dos renglones y sin firma que decía solicitar permiso para iniciar una obra y un plazo para la presentación de planos. Pues bien, el terreno ya tiene su excavación en la barranca y una estructura de hormigón que habla a las claras de la urgencia de la obra.

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Guardando detalles
Obran en nuestro poder varias “cartas” de las mismas características, pero sería imprudente calificar de corrupción a una mecánica que está perfectamente aceitada para seguir actuando de “gauchada”. Así sucedió también con quien demolió la esquina de Mitre y Oliveira Cézar quien “en menos de lo que canta un arquitecto” obtuvo autorización para construir un edificio de tres pisos. Apenas comenzó la demolición sin el cartel del profesional responsable, se derrumbó una parte del tapial de los vecinos. Alertados por la difusión pública, los inspectores de obra procedieron a la clausura inmediata. El predio sólo contaba con un tendido de media sombra como protección para quienes pasaban por el lugar durante la demolición y el corte sin permiso municipal de la cuadra en cuestión. Al día siguiente un cartel con el nombre del profesional actuante y prolijas chapas montando una pared, se reiniciaron los trabajos. Es claro que la inversión será rentable y el propietario tiene su derecho a pedir la excepción, pero ¿por qué un conocido concejal respondió a este medio “ellos se mandan las cagadas y ahora tenemos que tratar rápido esta mierda?”. Hay que aclarar que la excepción fue votada por UNANIMIDAD ya que ese edificio colisiona con la normativa vigente. No hay permiso para edificios en esa zona.
Pues bien, si Ud. desea saber más, debe recurrir a la página del Concejo Deliberante. Allí encontrará sólo el primer artículo de la Ordenanza San Pedro 2000 y a continuación la lista de cambios o excenciones que se han hecho. La última data del año 2004 y corresponde a una subdivisión de terrenos que solicitó un grupo inversor que compró los terrenos de Arco de Oro y bajo la promesa de un barrio para gente de clase media con financiación, obtuvo ni más ni menos que la autorización para terrenos de menor cantidad de metros a los permitidos, multiplicando automáticamente el negocio inmobiliario. Parece mentira que a ninguno de los 18 concejales se le ocurra mirar qué es lo que existe en la página web del poder que tiene como misión controlar y decidir sobre el destino de la ciudad. Como en la edición anterior hablábamos de la holgazanería, que les impide pese a las jugosas dietas que cobran ocuparse de proteger los lugares más importantes del pueblo, sin reunir a la comisión que ellos mismos integran, los vecinos estamos a la deriva.

El caso Raphsodia
Desde hace algunas semanas y con el patrocinio del Concejal Matías Velo (Coalición Cívica) los vecinos del barrio donde se erige el Salón de Fiestas, llevaron su reclamo a los medios y al Concejo Deliberante. Los habitantes del Barrio Parque Sarmiento se quejan por las molestias que les ocasiona el emprendimiento.
Pues bien, parece que ni el concejal ni los vecinos, ni los funcionarios de obras, advirtieron durante el tiempo de construcción que allí no se estaba levantando una verdulería. Es claro que el estudio de arquitectura es el mismo que le dice a sus clientes “andá tranquilo que está todo bien”, pero la confianza mata al hombre.
A poco de comenzar a funcionar y al tramitar la habilitación, todos se percataron que el rubro “salón de fiestas” no estaba dentro de la normativa vigente y ante la insistencia de los vecinos pusieron en marcha la oficina de “favores rápidos S.A.”.
Pese a la resistencia de algún funcionario que ya está harto de las desprolijidades, lograron obtener una habilitación como restaurante y confitería. Algo realmente absurdo para quien tras hacer una inversión que -con seguridad- supera el cuarto de millón de dólares, se encuentra con que todo debe resolverse llamando a funcionarios que le aseguran que solucionarán su problema. Hasta el Inspector General ha ido a medir decibeles en las fiestas que mensualmente organizan para mayores de 25 años, pero los sistemas de aislamiento están bien preparados como para no molestar.
Ahora veamos: Pese a que el comercio está funcionando desde hace largo tiempo, con fecha 2 de Julio de 2008 se presentó la habilitación en la oficina de comercio. El mismo día llegó a la Dirección de Planeamiento, casi como si volara. Al día siguiente el expediente ya estaba en manos del Secretario de Gobierno, eso fue el día 3 del corriente mes y con sorpresa el día 4 de Julio quedó habilitado. Consultado el propietario, se pudo saber que antes de iniciar la obra preguntó precisamente al “arquitecto”, quien le aseguró que la prefactibilidad de la obra estaba asegurada desde el 2007 y que temía que el tema siguiera instalado en los medios, por el esfuerzo que le había llevado levantar un salón de fiestas de características muy especiales y con una estructura de primer nivel. Indicó que con sólo saber que en esa misma zona se puede habilitar una Estación de Servicio o un Centro de Distribución que utiliza camiones en forma constante, imaginó que su actividad era mucho menos molesta que la del resto. Pues bien, ahora “la cadena de favores” le provocó un perjuicio, ya que el Expediente de Construcción 5310 del año 2007 que salió a nombre de un descendiente del propietario, donde se lo facultaba para la construcción de esa obra, hoy lleva el número 5310 de 2008 y está a nombre de otro familiar del verdadero dueño.
Así las cosas, quien tenga que pasar por Obras Públicas debe saber que es mejor iniciar su trámite por mesa de entradas a tener el “privilegio” del acceso directo que promete que “está todo bien”.
El Dr. Pablo Zemme, reconoció hace pocos días que el sistema debe modificarse. Para ello sería conveniente que se reúna con los arquitectos que ya están sometidos por voluntad propia o ajena, al método que la costumbre le ganó a la Ley.

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