Quedaba una casita libre y era para policías
Una mujer usurpó una casa en el barrio San Francisco que estaba destinada al Destacamento policial, que nunca fue autorizado por el Ministerio de Seguridad. Desarrollo Humano colaboraba para pagar un alquiler que la familia no pudo sostener en otro barrio de viviendas sociales. Dijo que permanecerá en el lugar hasta tanto el Municipio le busque una solución. Otro juicio para la Municipalidad.
El sábado a la noche, mientras la ciudad vivía la presencia de miles de turistas que colmaron las calles, el barrio San Francisco de Asís vivía una escena que no le es desconocida. Una nueva usurpación se producía en el lugar. Esta vez nada menos que en una de las viviendas destinadas al Destacamento policial, ubicadas en la esquina frente al CIC.
Luján, una mujer de 31 años, con sus tres hijos menores de edad violentó la puerta de la vivienda en la que no había nadie y se instaló en el lugar.
El domingo, los vecinos que se percataron de la situación dieron aviso a la policía, que llegó hasta el barrio para presenciar cómo ingresaban algunos pocos muebles en lo que alguna vez fue pensado como un espacio para la fuerza en el barrio del Plan Federal que sufrió una toma masiva en 2007 y sobre cuya construcción pesa una causa Federal que motivó allanamientos en la Municipalidad y un lapidario informe del perito de la Corte Suprema que consideró que los montos girados por la Nación no condicen con las unidades construidas por las deficiencias que presentan las unidades habitacionales en su construcción.
Luján dijo que alquilaba una habitación con baño en el barrio 291, en el fondo de una vivienda también construida a través de un plan social y que “Desarrollo Humano me ayudaba con 200 pesos para pagar el alquiler, que salía 400, pero me quedé sin trabajo, no pude seguir pagando y me pidieron que me vaya”.
La práctica es extendida. La Secretaría de Desarrollo Humano hace este tipo de erogaciones frente a la grave problemática habitacional de la ciudad, aunque se desconoce a cuánto asciende la suma que la cartera que dirige Marta Perret destina a ello.
La mujer que usurpó –porque estamos ante un delito de usurpación, en la medida en que fue violentado el acceso– aseguró que fue autorizada a permanecer en el lugar hasta tanto el Municipio desocupe una vivienda que ocupa provisoriamente una familia evacuada de la zona de islas.
La trama es compleja y llama a la reflexión, ya que si bien la asistencia es responsabilidad del Estado, este tipo de medidas focalizadas no solucionan la problemática de fondo e implican situaciones como las ocurridas en la Casa de la Mujer, un edificio destinado a abrigar a mujeres golpeadas donde hay dos familias desde hace varios años.
Tarde de domingo
Pasado el mediodía, los vecinos alertaron que una que de las dos viviendas donadas por el Municipio a la policía para que funcione allí un Destacamento de la Fuerza había sido ocupada.
Inmediatamente, tres patrulleros, miembros de la Comisión de Fomento del barrio y su apoderada legal, la abogada Marisa López Bravo, llegaron al lugar.
El Comisario Sequeira dijo a La Opinión que si bien en esa vivienda estaba planeada la creación de un Destacamento, el Ministerio de Seguridad de la Provincia no autorizó el funcionamiento, por lo que sólo iban agentes a “hacer recorridas, no había una custodia permanente”. Los vecinos aseguran que siempre había un agente en la casa y que desde el comienzo de la Semana Santa quedó vacía.
“Cuando invitamos a la señora a abandonar el lugar no accedió, en buenos términos, y dijo que se la cedieron. Nosotros hicimos las actuaciones de rigor y tomó intervención la Unidad Fiscal de Instrucción N° 5” a cargo del Dr. Marcelo Manso. Una vecina relató que cuando fueron el lunes a la Fiscalía, Manso aún no había recibido las actuaciones. El propio Manso informó el martes por la tarde: “Aún no recibí nada, sólo la intervención que tomó la Comisión Vecinal. Tal vez esté ingresando al sistema y no me haya llegado a mí. Me avisaron por teléfono el domingo y hasta tanto no tenga el sumario no cuento con más información que esa”, dijo el Fiscal, quien confirmó que se trata de un caso de delito de usurpación, ya que el ingreso se produjo violentando la puerta, “aunque eso lo determinarán las pruebas pertinentes”, señaló.
La Comisión preocupada
Liliana Cotera es Presidenta de la Comisión de Fomento del San Francisco, que representa a los vecinos adjudicatarios que crearon este organismo para trabajar en pos del barrio.
“Esto es algo inédito. Justo ese día el destacamento estaba sin personal. Forzaron la puerta, parece que alguien le indicó a esta señora que entrara ahí. Nosotros hablamos con Juan Almada (Secretario de Gobierno municipal) y nos dijo que ese era un problema de la policía, que se iba a comunicar con el comisario Sequeira”, relató.
“Nosotros nos acercamos con la abogada Marisa López Bravo, la policía nos dijo que ya estaba todo arreglado y que la comisaría les iba a pagar el alquiler, no entendíamos nada. Era un oficial que dijo ser de San Nicolás”, informó. El comisario Sequeira no dio crédito a esas declaraciones y dijo que “no había nadie de San Nicolás. Además, nadie está autorizado a hacer una cosa de esas, sólo Desarrollo Humano puede resolver”.
Otro juicio al Municipio
La abogada Marisa López Bravo patrocina desde hace poco tiempo a los vecinos que conforman la Comisión de Fomento del barrio San Francisco y del barrio Parque Los Andes, ambos construidos en el marco de las 309 viviendas del Plan Federal.
Estuvo en el lugar: “Esperé que salieran los oficiales policiales y nos informaron que estas personas se retirarían al día siguiente, que ya habían encontrado un lugar; les pregunté irónicamente si ellos iban a ser garantes del contrato de locación y me dijeron: “Sí, algo así, van a alquilar en otro lugar, les encontramos una vivienda’. Esta casa se entregó oficialmente, pero el Ministerio jamás la aceptó, así que dijeron que no podían prestar funciones en ese lugar”, indicó.
López Bravo representa a “todas las personas que se vieron damnificadas no sólo por la usurpación sino también por la mala construcción de las viviendas”, en las que están involucrados varios funcionarios municipales y representantes de la empresa constructora Giribaldi Hnos.
Iniciarán una demanda por daños y perjuicios contra el Estado municipal: “Entre abril y mayo presentaremos las acciones legales. Represento aproximadamente a 120 personas”.
La demanda tendrá como basamento las pericias presentadas por el arquitecto Carlos Fuchs, de la Corte Suprema de la Nación, que detalla una multiplicidad de diferencias entre los pliegos de las obras y las viviendas construidas, asegurando que las unidades no están en condiciones de ser habitadas y que habría desvío de los fondos destinados por el Plan Federal: “La calidad de las viviendas en modo alguno se condice con la asignación económica atribuida a cada unidad”, concluye el informe pericial.