A puertas cerradas y con la documentación en mano, los concejales investigan a Guacone

La Comisión Investigadora volvió a reunirse este martes poco después de las 19.00, luego de haberlo hecho el jueves pasado para solicitar información sobre cuatro de los once puntos a analizar, documentación que el Secretario de Gobierno Raúl Cheyllada presentó a última hora administrativa, dentro del plazo de 48 horas previsto por la nota que recibió la semana pasada.
Se trata de tres cajas que contienen “todo lo que nos pidieron”, de acuerdo a lo informado a La Opinión por Cheyllada. Lo que no tenían son los decretos del Fondo Educativo del año 2013, que se los llevó la Justicia en un allanamiento en el marco de la causa sobre desvío de ese dinero que investiga el Fiscal Federal Matías Di Lello.
La información que los ediles comenzaron a analizar ayer son el punto uno del decreto de Comisión Investigadora, referido a las licitaciones privadas para la ampliación de talleres de la escuela 501 (mano de obra y materiales); de la reparación de cubierta del techo e instalación eléctrica de la escuela media 201 de Santa Lucía; y la de la obra de gas, construcción de vereda y reparación de techo de la escuela 36.
El punto dos, sobre el uso del Fondo Educativo provincial durante 2013, cuando el Ejecutivo recibió más de 8 millones de pesos y terminó el año con poco más de 6 millones de egresos, aunque el saldo de más de 1.940.000 “no condice con lo manifestado en la rendición de cuentas y las obras efectivamente realizadas”.
El punto cuatro, sobre “negligencias y utilización de decretos suscriptos por el Intendente; y el punto diez, referido a obras en el jardín Pulgarcito, el centro de salud El Amanecer, las escuelas 27, 22, 13, 201, 11, el Conservatorio de Música, el centro de salud Las Canaletas y la Oficina de Turismo.

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Asesores, sí o no
El jueves pasado, uno de los puntos en discusión fue si contratar asesores externos para analizar la documentación a investigar. Se habló de profesionales abogados y contadores. Entre los ediles hay varios hombres de derecho, pero al menos Sánchez Negrete planteó que su condición es la de concejal de la oposición, por lo que preferiría alguien más “objetivo” para el análisis, algo que el decreto que aprobó la conformación de la Comisión Investigadora habilita.
Sandra Mari dejó asentado en el acta que no está de acuerdo con contratación alguna. Ramanzini señaló la importancia de “que se contrate después que se haya revisado la documentación, si surgiera alguna complejidad que lo amerite”.
“No es el momento de discutir ese tema, primero tenemos que analizar la información, dictaminar, y después recién entrar en esas cuestiones”, dijo por su parte Cecilia Vázquez y agregó: “Siempre hay cosas que consultar, porque no somos eruditos en todos los temas y no tenemos la formación académica contable, por ejemplo; por lo que llegado el caso si hay cuestiones técnicas que nos exceden, hay que buscar asesoramiento, Si es ad honorem, mejor, sino habrá que contratarlo”
Los concejales revisaron el registro de asesores ad honorem, que no está actualizado. Al respecto, el Presidente de la Comisión Investigadora Iván Paz le dijo a La Opinión: “Muchos profesionales, abogados y contadores, se han ofrecido a darnos colaboración para lo que necesitemos. Está bueno que gente con otra mirada y otros conocimientos nos hagan el aporte”.

La tarea por delante
Ahora los ediles trabajarán en el análisis de la documentación que remitió el Ejecutivo para luego solicitar la del resto de los once puntos. “Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar rápido, ya pasaron siete días hábiles, quedan 23 y recién estamos por este camino”, dijo Ramanzini.
La falta de publicación del Boletín Oficial; el listado de Mayores Contribuyentes; el incremento de la planta de personal en 80 agentes por sobre lo presupuestado; la declaración de utilidad pública de obras; la omisión de publicación del informe económico semestral, son parte del resto de los puntos.
A ello se suma un último que procurará establecer si el intendente cometió faltas que puedan ser consideradas graves y lesivas del patrimonio del Estado local en relación a “la hacienda pública municipal, provocando y agravando su crisis económico financiera”.

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Función privada
Vivimos en tiempos donde lo privado se expone en público y las cosas de lo público se resuelven en privado. Como era en la Edad Media, donde los señores feudales miraban desde intramuros a aquellos sobre cuyas vidas debían decidir.
En ese sentido, la Comisión Investigadora decidió no ser menos. El jueves se reunieron a las 10.00 de la mañana y acordaron volver a hacerlo ayer a las 19.00, con el Concejo Deliberante cerrado.
La excusa es que quieren “trabajar tranquilos”, sobre todo por la presencia de la prensa. La Opinión y otros medios suelen cubrir los acontecimientos del HCD en su totalidad. No sólo en la redacción de este semanario llamó la atención la coincidencia de la reunión con el día de cierre antes de enviarlo a imprenta. Sólo permitieron ingresar a tomar fotografías y cerraron el edificio.
Ha pasado que en otras oportunidades se quejaran por la presencia de periodistas en las reuniones de comisión, que son públicas y deberían reflejar en el acta todo lo que allí se diga.
Barbieri tenía proyectado institucionalizar el tema en San Pedro tras su experiencia en la Cámara de Diputados, para que por ejemplo se graben las reuniones, pero todavía no pasó nada al respecto.
Tal vez los concejales no quisieran que los periodistas escuchen las importantes discusiones que tienen lugar en esas reuniones. Como cuando debatieron elegir un presidente para ver “quién iba a Al César”, el programa político de la TV que se transmite los viernes, como toda preocupación.

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