Pueblo Doyle: el caso de “la cautiva”, a un paso de ser archivado
La falta de pruebas convincentes y la ausencia de la denunciante a la convocatoria de la Fiscala Ramos provocaron que la causa vaya camino a ser archivada. La mujer había asegurado que sus suegros la mantuvieron encerrada durante meses. Más allá de la Justicia, el futuro de la familia, especialmente de los niños, depende de otros organismos del Estado.
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Uno de los casos más inquietantes de los últimos años y que tuvo una enorme repercusión en los medios nacionales va camino al archivo. Es que la propia denunciante, que relató hechos aberrantes a los que presuntamente era sometida por sus suegros, no se presentó ante la Fiscala Ramos, que la citó para que ampliara la denuncia y profundizara algunos aspectos que aparecían en su primera declaración.
La “pata judicial” es apenas una vuelta en el devanado ovillo de una historia familiar de pobreza y exclusión, de ausencia y abandono por parte de un Estado que suele estar presente con uniforme pero que deja a su suerte a los más vulnerables, con los niños que crecen con ese universo como el único posible.
Pruebas endebles
La mujer de 21 años había sido citada por la Fiscala Viviana Ramos apenas la titular de la UFI 11 tomó el caso, ya que cuando surgió el tema la subrogaba el Dr. Manso, por licencia.
La joven no acudió a la cita, que era fundamental para conocer detalles de lo que había sido declarado en la Comisaría de la Mujer aquella noche en que empezó este capítulo de una historia familiar signada por la pobreza y la violencia.
La falta de elementos probatorios para mantener la carátula original del delito sospechado, “privación ilegítima de la libertad”, obligaba a la Justicia a abundar en detalles. Pero la ausencia de la denunciante pone en riesgo el futuro del caso y la propia Fiscala evalúa archivarlo, aunque antes agotará las pocas instancias que quedan.
Cadena nacional
El caso ganó la prensa local y nacional apenas la víctima denunció en la Comisaría de la Mujer haber permanecido cautiva por un término de ocho meses.
En su denuncia narró una secuencia de hechos aberrantes, a los que aseguró haber sido sometida por quienes eran sus suegros, a los que acusó de tenerla privada de la libertad en el sector trasero de la casa, de donde, dijo, sólo podía salir para visitas íntimas a su pareja en el Penal de San Nicolás.
En la denuncia la víctima aseguró haber escapado una tarde en la que su suegra la sacó al patio y, tras golpearla en varias oportunidades la dejó ir. Así pudo dar aviso a la Policía sobre lo que le estaría tocando vivir.
La denunciante aseguró haber dejado un niño de dos años en el lugar donde vivían y que gestaba un embarazo de unos pocos meses producto de la relación esporádica y obligada que mantenía con quien era su pareja, que cayó preso por un hecho de abuso sexual contra una hija que tuvo con otra mujer, que falleció.
Ni el embarazo ni la situación de los menores ha podido ser constatada más que en el procedimiento realizado tras la denuncia. La vida de los niños está en manos de los organismos del estado que deben procurar asistencia, contención y protección aunque no se haya cometido el delito y sólo por la situación a la que fueron y son sometidos.
