Este viernes, personal de Prefectura Naval Argentina, bajo las órdenes del prefecto Alejandro Hereñú, allanó un domicilio ubicado en Lavalle al 460 donde al menos por tercera vez en diez años se detecta el ejericio ilegal de la prostitución.
Prefectura llegó a esa vivienda tras una denuncia que disparó una investigación ante la sospecha de que podría haber trata de personas. Descartado ese delito, quedó establecido que en el lugar funcionaba un prostíbulo y que habá una persona que regenteaba la actividad, lo que está penado por la ley.
Con los elementos de prueba suficientes, la fuerza naval allanó la casa y, una vez más, como en 2009 y 2012, encontraron a una mujer adulta ejerciendo la prostitución, quien aseguró estar allí por propia voluntad, a dos clientes ocasionales y a un responsable de la casa, que sería el acusado de regentear el prostíbulo.
La persona que está sindicada como responsable de este prostíbulo es la misma que en los procedimientos anteriores, por lo que su condición de reincidente le generará complicaciones: por el caso de 2012 fue condenado en el marco de la ley de profilaxis.
El fiscal Dario Giagnorio, titular de la Fiscalía tematizada en trata de personas, informó a La Opinión que la investigación comenzó a raíz de una denuncia anónima y confirmó que el detenido es el mismo que él llevó a juicio.
"Es la misma situación", dijo Giagnorio a La Opinión. El fiscal informó que "en princiio no hay trata sino explotaciòn y con el agravante de la reincidencia". El acusado de regentear el prostíbulo permanece aprehendido y será sometido a indagatoria, tras lo que el fiscal solicitará al juez que lo mantenga detenido.
La oferta de sexo en sí misma no está penada por la ley peró si facilitar su ejercicio y desarrollar la actividad en establecimientos acondicionados para ello, como los denominados prostíbulos. La ley no persigue a las prostitutas pero sí a los proxenetas.
La ley considera que hay explotación "cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual", por lo que el delito queda configurado en el caso del allanamiento. Para probar que hay delito, las autoridades deben encontrar flagrancia, es decir que la actividad se esté desarrollando al momento del allanamiento, que es lo que sucedió este viernes en esa vivienda de Lavalle 460.
Prefectura, por orden de la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui, secuestró material de profilaxis, agendas, teléfonos celulares y otros elementos de interés para el trámite de la causa, que instruye el titular de la Fiscalía 6 de San Nicolás, Darío Giagnorio.
