Prorrogan contrato y cuestionan eficiencia de la empresa que cobra Publicidad y Propaganda
El Concejo Deliberante aprobó la prórroga que había firmado Guacone en 2014 y puso fecha límite: para marzo del año que viene el Ejecutivo tiene que haber convocado a licitación. El informe de recaudación de Tipsa revela que pasó del 68 al 39 por ciento en los primeros años de gestión, lo que provocó dudas entre los ediles.
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Durante la primera sesión ordinaria del año, celebrada el jueves pasado, el Concejo Deliberante decidió prorrogar la concesión del servicio de relevamiento y cobro del derecho de publicidad y propaganda, que grava todos y cada uno de los carteles que se ven en la vía pública, a la empresa Tercerización de Ingresos Públicos Sociedad Anónima (Tipsa).
El proyecto había sido remitido por el Gobierno de Cecilio Salazar, atentos a un dictamen del Secretario de Legal y Técnica Ramón Salazar, quien advirtió que había un convenio que databa desde 2014, firmado por la empresa y el entonces intendente Pablo Guacone, para prorrogar la concesión, que estaba vencida.
Un año y medio después, ese convenio quedó validado, pero con la exigencia de volver a llamar a licitación antes de marzo del año que viene, de manera tal de regularizar la situación y reordenar el tema, sobre todo ante las dudas que surgieron a la hora de analizar los resultados de la tarea de Tipsa.
Una recaudación dudosa
Los registros de cobro del derecho de publicidad y propaganda datan de 2010. Durante ese año, todavía no estaba Tipsa a cargo de la tarea. Lo emitido sumaba 3.777.895,37 pesos; cobrado, 260.392,93; deuda por 114.950,70; el porcentaje de cobro fue de 68,91.
Fue 2011 el primer año de la empresa que ganó la licitación. Emitió para cobrar 1.463.09,19 pesos; cobró 899.044,19; quedó una deuda por 681.805,76; el porcentaje de cobro fue del 61,45.
En 2012, el porcentaje fue similar, 62,60 por ciento. De 1.888.872,15 pesos de emisión, 1.162.447,22 fue cobrado, 24.61,17 quedaron en convenios y 1.523.788,70 de deuda.
Después de dos años con un nivel de cobrabilidad aceptable, la efectividad de Tipsa bajó abruptamente. Durante la sesión del jueves pasado, el concejal Sergio Rosa comentó estas estadísticas, que llevó el Director de Rentas Hernán Abatángelo a la reunión de comisión del HCD, y consideró que hay “algunas irregularidades en los montos, con una muy sugestivamente baja recaudación en el año 2013”.
En efecto, de 2.595.086,69 emitidos, la empresa que tiene a cargo la cobranza del derecho de publicidad y propaganda sólo obtuvo el 39,42 por ciento. Fueron 1.022.856,57 cobrados, con 48.431,42 en convenios y 1.523.788,70 de deuda.
Algo similar sucedió en 2014, cuando la recaudación aumento nueve puntos respecto del año anterior, pero quedó a casi 15 respecto de 2012. Fueron 2.675.323,18 de emisión; 1.404.379,52cobrado; 19.268,10 en convenios; y 1.451.675,56 de deudas por cobrar.
En 2015, año en que entró en vigencia plena la prórroga firmada por Guacone, la caída de la recaudación fue aún más estrepitosa: apenas cobraron el 30,47 por ciento del total de 3.969.865 pesos de emisión. Lo cobrado sumó 1.215.811, quedaron 51.992 en convenio y deudas por 2.722.062.
En total, la performance de los seis años en los que se cobró el derecho de publicidad y propaganda -uno a cargo del Estado, cinco de la empresa Tipsa- fue magra. Apenas se cobró el 45,37 por ciento del total emitido.
Es decir 5.984.941,43 pesos de 13.190.139,58. La deuda de empresas que no pagaron asciende a 7.051.194,42 y hay convenios por 154.003,73.
Por sus servicios, la empresa se lleva el 24 por ciento de lo recaudado, es decir una suma que ronda el millón y medio de pesos.
Aprobación con críticas
Sergio Rosa tomó la palabra durante la sesión para cuestionar al exintendente Pablo Guacone y su entonces Secretario de Economía Roberto Borgo por el convenio. “No llamaron a licitación, no se hicieron cargo de la tarea a través de la administración municipal ni mandaron el convenio al Concejo Deliberante”, se quejó Rosa respecto de lo sucedido en 2014.
El año pasado, el Gobierno de Giovanettoni intentó regularizar la situación, pero algunas comisiones no funcionaban producto de la ausencia de ediles que estaban ocupados con la campaña electoral de las Primarias de agosto.
El dictamen de la comisión de Peticiones aprobado el jueves plantea no sólo la convalidación del convenio, “para saldar esa situación irregular”, según puntualizó Rosa, sino que establece el plazo límite para el fin de esa prórroga.
“Le planteamos al Director de Rentas que era necesario actuar para que lo que exigimos a la administración anterior se lo exijamos a esta: evaluar la tarea que hizo y que dejó de hacer esta empresa, para ponerlo en el pliego y discutir si los valores que cobra son aceptables o se pueden mejorar”, señaló Rosa.
