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domingo, diciembre 5, 2021
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Proponen una comisión mixta para pensar el futuro de la basura

El Gobierno envió a los concejales un nuevo proyecto de prórroga con Ashira. El plan es que mientras dure la “emergencia”, una comisión elabore el pliego de licitación. Técnicos de la empresa asesoran al Ejecutivo, que tiene una propuesta para instalar contenedores urbanos y desarrollar un proyecto de reciclado. A dos años de su sanción, la ordenanza de Basura Cero es pura letra.

 

Mientras los protagonistas de la rosca política se desangran en la conducción y se devanan los sesos pensando en cómo echar o sostener al Intendente, dentro del Ejecutivo hay una agenda de trabajo con urgencias a resolver que repercutirán de manera directa en el futuro de los sampedrinos. Uno de ellos es la basura.
El contrato con Ashira y su prórroga posible vence el 15 de agosto y hay premura en el Gobierno por aprobar una ordenanza que declare la emergencia en el servicio y permita una contratación directa por seis meses. Todo ello debe pasar por el Concejo Deliberante, por lo que hay funcionarios que caminan de esquina a esquina la cuadra de Pellegrini al 100.
La Secretaría de Economía firmó un convenio de pago para la importante deuda que el Estado local mantiene con la empresa. En realidad, se trata de un refinanciamiento de los compromisos que el Ejecutivo no pudo cumplir.
Hasta agosto próximo, el pago es de 1.100.000 pesos y a partir de septiembre será de 600 mil pesos, que corresponde a la deuda desde el mes de octubre del año pasado hasta abril último.
Ese “respiro” del Gobierno se transforma en una caliente respiración en la nuca por parte de la empresa, que también tiene la premura del contrato precario de seis meses. Ambas partes esperan ahora al HCD, donde los presidentes de bloque recibieron el proyecto de ordenanza, para que el análisis en comisión sea lo más rápido posible.

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Emergencia
y comisión mixta
Como publicó La Opinión semanas atrás, el plan es la declaración de emergencia y la prórroga vía contratación directa. El primer borrador analizado no tenía el visto bueno de los ediles, por lo que el segundo busca comprometerlo.
El plan es que mientras dura le emergencia, una comisión mixta integrada por funcionarios del Ejecutivo y representantes del Concejo trabaje en la elaboración de un nuevo pliego para la licitación internacional que hay que abrir para cubrir el servicio.
El proyecto lo tienen los presidentes de bloque desde el pasado 23 de mayo. “Nuestros beneméritos concejales están más preocupados en sacar al intendente que en ver si le van a sacar la basura a la gente”, se quejó un hombre del oficialismo.
El Gobierno pretende que los ediles aporten sus ideas para pensar “de acá a 10 años, por lo menos”. Ante la falta de respuesta, hubo un “recordatorio” informal al Presidente del cuerpo y habrá uno por escrito en estos días.
La empresa pondrá a disposición un equipo técnico con ingenieros que han participado de procesos licitatorios en otros municipios. La experiencia de San Francisco, Córdoba, es uno de los horizontes. En esa ciudad avanzaron con el compromiso de los vecinos para el reciclado, por ejemplo.

Contenedores urbanos
El intendente Guacone ya recibió la propuesta de una empresa que instala contenedores para la separación en origen de los residuos. “Ellos proveen los contenedores y lo que hacen es vender publicidad; por supuesto, pagan el derecho de cartelería”, explicaron a La Opinión desde Economía.
En ese marco, el Ejecutivo debería conformar un proyecto de recuperación, reutilización y reciclaje, que involucre a la comunidad que pone sus residuos en la calle y a los recuperadores informales que trabajan a diario en el basural a cielo abierto, que por cierto debería convertirse en al menos un vertedero controlado y de dimensiones mínimas, sólo para lo que es considerado basura propiamente dicha.
El trillado pero nunca resuelto debate está instalado en el Municipio. Cuando la prórroga contractual de Ashira venza, en agosto, la ordenanza de Basura Cero que propusieron vecinos y aprobaron los ediles habrá cumplido dos años.
Allí había prerrogativas muy precisas respecto de las políticas que el Estado local debía implementar. Hasta ahora, con una y mil excusas, nada de ello ha sucedido. Sin embargo, los contribuyentes pagan una sobretasa para el tratamiento disposición final de los residuos sólidos urbanos.

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