Promesas de planes sociales en campaña: qué es el famoso “salario social complementario” y cómo se cobra
La semana pasada, un grupo de personas se quejó porque en reuniones de campaña los inscribieron para planes sociales que nunca llegaron. El programa para el que fueron inscriptos se llama "salario social complementario" y los manejan las organizaciones sociales. Su costo es de alrededor de 3 mil millones de pesos al mes en todo el país.
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La semana pasada, decenas de personas relataron a La Opinión su experiencia con sucursales locales de organizaciones sociales nacionales y el famoso “salario social complementario”, un “plan” de 7.500 pesos por mes cuya promesa de obtención es la moneda de cambio de las campañas políticas.
Su relato y las respuestas que dieron las personas señaladas por ellos permitieron reconstruir una trama en la que se mezclas las necesidades de los sectores empobrecidos, las respuestas que el Estado dio a los reclamos de quienes, desde el territorio, conocen a la perfección esa realidad, y las avivadas de los que, camino a una campaña electoral, encontraron en la desesperación del que busca su sustento diario y en los fondos que la organización a la que pertenecen les asigna una posibilidad de soñar con un cargo político.
Entre las necesidades de unos y las ambiciones de otros hay millones de pesos de todos los argentinos que el gobierno nacional accedió a distribuir entre las organizaciones sociales que presionaron con movilizaciones, ante sus dificultades de hacerse cargo de la promesa de “pobreza cero” que anunciaron durante la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia.
La ley de emergencia social que el oficialismo macrista accedió a prorrogar en diciembre de 2016 significó para el gobierno cruzar sin conflictos y desmanes su primer diciembre, luego de un primer año de gobierno en el que crecieron las demandas sociales por la caía del poder adquisitivo de la población.
Para las organizaciones sociales significó la obtención de una herramienta que les otorgó incluso más poder del que les había dado la administración Kirchner cuando las abrazó para evitar que se le pusieran en contra: fondos millonarios para distribuir entre los suyos.
El eje fue el denominado “salario social complementario”, un programa social que beneficia a personas que “generan su propio empleo para sobrevivir” y con el que no les alcanza para mantenerse a ellos y sus familias. El monto comenzó en los 4.000 pesos, ahora está en 7.500 y el mes que viene subirá a 8.000 en octubre y a 8.500 en noviembre. Su cobro es compatible con la Asignación Universal por Hijo pero no con el trabajo registrado “en blanco”.
“Nosotros concebimos la actividad que realizamos como trabajo y a nuestros compañeros y compañeras como trabajadores: la locutora de una radio comunitaria y la compañera que atiende un comedor”, explicó alguna vez el dirigente social Juan Grabois.
El salario social complementario se cobra con una tarjeta magnética que distribuye el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social, y quien lo cobra se supone que forma parte de un proyecto productivo comunitario que pudo haber sido propuesto al gobierno por organizaciones sociales, ONG y hasta los municipios.
“Si no hay una organización que organice el trabajo, lo que hay es un subsidio encubierto”, aclaró el propio Grabois, quien reconoció que “el Estado verifica bastante poco, por su propia ineficiencia”.
“Si verificara más, habría conciencia de la magnitud del trabajo que hacen estos hombres y mujeres por tan poco dinero: nadie puede vivir con esa plata, por eso es salario complementario, viene a complementar tareas que hacen los trabajadores y por la que no tienen sueldo, como por ejemplo los cartoneros, las costureras, etc.”, explicó.
En el país se estima que hay más de 400.000 beneficiarios del salario social complementario, lo que significan más de 3 mil millones de pesos al mes.
