25.6 C
San Pedro
jueves, abril 22, 2021

Problemas para escriturar terrenos del Barrio Parque San Martín

El Concejo Deliberante analiza desde enero un expediente con tres adjudicaciones. Una de ellas es paradigma de lo que sucede desde 1996, cuando el gobierno bonaerense lanzó el programa, que buscaba acercar la propiedad de la tierra a quienes pudieran pagar una cuota. Entre las ventas indebidas y los “beneficiados”, casos que ilustran que para meter la pata siempre hay alguien con vocación.

Publicidad

 

El Concejo Deliberante analiza rechazar expedientes de la demorada escrituración de los terrenos del plan Familia Propietaria que creó el barrio Parque San Martin, de cuyos 95 lotes originales quedan 17 con problemas para generar el proceso para que, 19 años después del lema de Duhalde “cada bonaerense con su terreno”, las múltiples idas y vueltas, ventas y reventas incluidas, el Estado cierre esa experiencia de facilidades para que quienes no tenían acceso a la tierra y al techo propio pudieran hacerlo.

Publicidad

Son tres carpetas que ingresaron a pedido del intendente y que contienen ciertas dificultades para cruzar la aprobación del HCD y que, tal como sucedió con expedientes rechazados porque se referían a terrenos que ya habían sido adjudicados a sus propietarios, vinieron mal confeccionados desde el Ejecutivo.

En 2010, el por entonces intendente Pablo Guacone impulsó la reactivación del proceso de escrituración de esos lotes, preadjudicados durante el último año de la gestión de Rodolfo Trelles.

Una larga marcha
De 1996 a 1999 cambiaron algunos nombres, pero ese año un decreto firmado por Trelles conformó el listado de preadjudicatarios. Otro decreto, de 2006 y con la firma de Barbieri, renovó la nómina, que finalmente en 2008 ingresó al Concejo Deliberante para que los concejales autorizaran la escrituración.

Desde entonces pasaron varias conformaciones del cuerpo y muchas dificultades para los ediles que trabajaron en el tema. En 2012, durante su primer año en la banca, la concejala Cecilia Vázquez, presidenta desde entonces de la Comisión de Desarrollo Humano, que tiene los expedientes, se dedicó a la tarea.

Ese año autorizaron la escrituración para que 42 adjudicatarios originales pudieran ejercer el derecho a la propiedad con el que habían sido beneficiados. Quedaban unos 58, de los cuales había muchos “dudosos” que se fueron resolviendo hasta los 17 que restan en la actualidad. Entre ellos hay algunos traspasos de manos sobre los que este semanario puso la lupa en una investigación que publicó en 2007, donde se revelaron ciertos manejos extraños en la baja de adjudicatarios originales y el alta de nuevos beneficiarios que en una buena proporción eran “compradores de buena fe”.

De todos ellos sólo tres son los que deberán ser rechazados por errores de forma y cuyo expediente con el proyecto de ordenanza ingresó al HCD en enero pasado.
“Las irregularidades existentes en algunos no pueden impedir u obstaculizar la escrituración de quienes han sido adjudicados, han pagado y han poseído en legal forma”, dice el texto elevado por Giovanettoni, quien probablemente haya firmado sin pedir un análisis exhaustivo a sus colaboradores.

“Se ha constatado, visado y controlado toda la documentación existente y se ha determinado que los casos en los cuales se cumplimentan todos los extremos legales deben acceder a la escrituración pertinente”, aseguraba en los considerandos, pero no era tan así.

Metieron la pata
Uno de los casos es paradigmático respecto de lo que sucede cuando el Estado demora en ejercer su rol de garante de la satisfacción de derechos y es el relacionado a una beneficiaria que vendió una vez que pasaron los cinco años de imposibilidad que establecía el boleto de compraventa firmado por el exintendente Trelles.

Stella Maris Peralta era beneficiaria de un lote, vendido a 4.320 pesos en 144 cutas de $ 30, según consta en la documentación que obra en el expediente, cuya cláusula ocho indica que “el comprador no podrá transferir el lote por el término de cinco años” y que en caso de que “renunciara, podrá gestionar la devolución del terreno a la Municipalidad” que de resolver su aceptación “procederá a devolver los importes percibidos a la fecha de la misma forma y tiempo que el renunciante los ingresó” y “readjudicará la parcela a quien siguiera en orden de mérito en la lista de suplentes”. Cabe acalarar que todas y cada una de las adjudicaciones también pasaron por la aprobación del Concejo Deliberante, primero cuando la gestión de Julio Pángaro necesitó la autorización para afectar esos terrenos al Plan Familia Propietaria y luego cuando se confeccionó el listado de beneficiarios.

En el caso que nos ocupa, la adjudicataria original renunció al lote “por haber solucionado su problema habitacional”, según dice una certificación firmada el 2 de junio de 2010 por el entonces intendente Guacone. Ello significa que este terreno debería haber sido readjudicado y que Peralta debería haber empezado a recibir sus 144 cuotas de 30 pesos.

Sin embargo, Peralta había vendido el lote, ya que podía hacerlo al haber pasado cinco años desde la firma del boleto de compra venta firmado por Trelles sin que el estado haya certificado y controlado la situación durante los años previos. De acuerdo a un acta notarial firmada por el escribano Gerardo Simón el 02 de mayo de 2009, la adjudicataria original cedió los derechos a Alicia Giuliani, por 36.500 pesos.

El 24 de agosto de 2010, el Gobierno municipal firma la adjudicación a Giuliani a través de un boleto de compraventa, como si fuera una suplente que esperaba la bendición de una baja para recibir el beneficio de un lote destinado a construir una “vivienda única y de ocupación permanente del grupo familiar”, al monto de 2.880 pesos pagaderos en 144 cuotas de $ 20. Menos del 10 por ciento del valor que pagó a la adjudicataria original. Hoy, el valor de un terreno en esa zona está valuado entre 25 y 30.000 dólares según sea su ubicación.

Pero Giuliani no era una “beneficiaria” sino alguien que compró un terreno como cualquier otro. Incluso lo expresó así en una reunión de la Comisión de Desarrollo Humano, que la citó ante las dificultades que aparecen para dar curso a su expediente.

“Reconoce que tiene otra propiedad y que la parcela que se solicita adjudicar fue comprada de forma directa a la adjudicataria original”, explicó la concejala Cecilia Vázquez, que solicitó informe dominial a la Dirección de Escrituraciones para confirmar con documentación lo que Giualini informó de buena fe.

Así las cosas, el Ejecutivo hizo mal todo: conformó un expediente con un boleto de compraventa apócrifo, certificó una renuncia a un beneficio social que no era tal y pretendió adjudicar un lote a una mujer que en realidad lo compró y pagó por él.

La compradora tiene varios problemas: por un lado, el HCD rechazará su expediente; por otro, tiene un terreno que adquirió pero no puede escriturar; como si fuera poco, el Estado estaría en condiciones de readjudicarlo a otra persona, ya que no podría hacerlo con ella al no reunir los requisitos.

“Lo que debía hacerse, como ya hubo otros casos, era autorizar la escrituración al adjudicatario original y que luego el comprador hiciera el trámite con el boleto de compraventa que acredita que adquirió el terreno”, analizó Vázquez.

De mano en mano
La venta de los lotes fue recurrente a lo largo de los años, con casos paradigmáticos como el de la anciana a la que le pagaron 1500 pesos por su terreno o los que fueron engañados por Wolcan y Vargas,  dos “vivos” que se aprovecharon de la dificultad para el acceso a la tierra, en lo que mucho tienen que ver las “señoras inmobiliarias” de las que habló en sesión Vázquez.

El Gobierno de Barbieri había argumentado que las bajas correspondían a falta de pago, pero no faltaron terrenos que fueron reasignados a amigos del poder sin que apareciera nunca un listado de suplentes o los datos fehacientes que dieran cuenta de las necesidades del nuevo beneficiado”. En realidad ese listado existe porque Trelles antes de dejar su cargo hizo una copia “por las dudas”, ese mismo listado es el que utilizó La Opinión en su investigación cuando la venta de lotes “en barrio residencial” se transformó en una ganga para martilleros o particulares inescrupulosos. Incluso desde la propia secretaría de Desarrollo Humano, tal como se ha señalado, hubo gestores de favores y no precisamente para beneficiarios que no tenían techo sino para apuntar a un barrio que desde su adquisición por parte del municipio hasta hoy a multiplicado su valor en miles de dólares.

El lunes pasado no hubo quórum en la comisión de Desarrollo Humano –tampoco en la de Servicios Públicos, por cierto; sí en la siguiente, de Planeamiento, donde tenían previsto dialogar con Carlos Codern pero viajó a entrevistarse con un ministro– y La Opinión pudo analizar las tres carpetas que estudian los concejales.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo Último

Lo Más Leído

Publicidad
Publicidad

Otras noticias