Privatizaron una tasa y hay denuncia penal

Tras una hora y media de duros cruces, el Concejo Deliberante local aprobó finalmente la ordenanza que permite al Municipio llamar a licitación para contratar una empresa privada que se haga cargo del “relevamiento, control, verificación, constatación, suministro de información para realizar las liquidaciones, seguimiento y gestión de la cobranza” para los “derechos de publicidad y propaganda, de ocupación o uso de espacios públicos, canon por estructuras de soportes de antenas y los respectivos cargos por incumplimiento a las obligaciones fiscales de dichos derechos establecidos por las ordenanzas fiscal e impositiva vigentes”.
Esto es privatizar la gestión para que las grandes marcas que ostentan sus carteles en la ciudad paguen lo que corresponde por ello, al igual que las antenas instaladas. Todo ello con arreglo a ordenanzas sancionadas en 2004 y 2006 que establecen el cobro de esos derechos.
La privatización de la tarea tuvo voces a favor y en contra durante los últimos meses en que el proyecto estuvo en Comisión para su debate. Los argumentos a favor pueden resumirse en la necesidad de que el Estado local comience a cobrar por ello, habida cuenta de que hasta ahora nunca lo hizo por “imposibilidades técnicas”; en contra se manifestaron quienes consideran que no había necesidad de contratar a un tercero sino que la propia Municipalidad debería haberse hecho cargo, sobre todo si se tiene en cuenta la gran cantidad de personal y la posibilidad de optimizar costos y lograr beneficios.
Esas voces se escucharon en el Concejo Deliberante, con las particularidades que le imprimió al debate la intensa semana de interna política vivida tras la decisión de Guacone de echar a la heredada cúpula del ex Intendente Barbieri.
Las tensiones comenzaron días antes de la sesión, cuando el proyecto vio peligrar su ingreso al recinto por la ausencia de algunos concejales oficialistas en las reuniones de comisión, incluyendo aquellos que oficiaron de voceros en defensa del proyecto cuando fue presentado en el Concejo.
Tras consensuar con el Justicialismo porcentajes de recaudación destinados a tres organizaciones sociales de la ciudad –la cooperadora del Hospital, Ayudisc y Andar–, el proyecto logró dictamen favorable y el Ejecutivo se aseguró la aprobación, ya que al menos los cuatro concejales del bloque que lidera Daniel Monfasani acordaron su apoyo.

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Deshojando “margaritas”
Aun cuando algunos concejales oficialistas, aún dolidos con Margarita Frisch por ser la única que participó de las decisiones del Intendentes, no dieron su visto bueno, la privatización de los derechos de cobro estaba garantizada.
La necesidad del Ejecutivo de contar este año sí o sí con el dinero que pueda recaudar a partir de ese cobro, ingresado por primera vez en las ordenanzas fiscal e impositiva (ver La denuncia es contra todos), estuvo desde el primer momento entre los argumentos a favor de la medida. El “estamos contando monedas” de Génova repiquetea en los oídos de todos.
A ello se sumó el aumento del 25 por ciento acordado con los gremios que representan a los trabajadores municipales, incremento que no estaba previsto en el Presupuesto y que fue otorgado pensando en contar con la recaudación producto de la privatización, señalada por el Ejecutivo como la única manera de obtener esos ingresos. Una buena manera de presionar en tiempos de agite para el partido de gobierno.
La sesión del Concejo contó así con la presencia de miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales que lidera César Parzón y del Sindicato Único de Juan Cruz Acosta, quienes fueron convencidos de que si no se aprobaba la ordenanza peligraría el aumento, versión que sólo podría haber salido del oficialismo, a pesar de que bajo ningún punto de vista un incremento salarial podría estar supeditado a la aprobación de tal o cual proyecto de ordenanza. Si el Estado se comprometió a otorgarlo, será su obligación cumplir con ello, amen de cuáles sean las medidas necesarias para obtener el ingreso necesario (ver Polémica por el aumento)
Al momento de votar, el Presidente del Concejo Deliberante volvió a bajar a la banca para ofrecer sus argumentos y presentar una moción que generó debates. Sergio Rosa adelantó su voto positivo sobre el proyecto, dijo haberse “entusiasmado” con ello. “Cobrarle a quien hoy no tributa” fue rescatado como muy importante por el Concejal, pero señaló sus dudas respecto del porcentaje que se lleva la empresa que gane la licitación, que asciende al 30 por ciento del total de lo recaudado.
En ese sentido, Rosa propuso bajar ese porcentaje al 20 por ciento, teniendo en cuenta la proyección a recaudar. “Lo que está en discusión es hasta dónde estamos dispuestos a entender que es posible que esperemos la posibilidad de evitar pagar tres millones de pesos a un tercero”.
La moción no tuvo eco y el Concejo aprobó finalmente con el 30 por ciento como pago por la tarea para la empresa que se ocupe de la recaudación. A pesar de los roces en el oficialismo, los que votaron en contra fueron Víctor Secchi, de quien, como empleado municipal, se esperaba que no votara contra la decisión de cubrir una tarea con personal que no sea de la planta de trabajadores, y el bloque Unión Peronista, que ya había adelantado su desacuerdo y tuvo como defensor de su posición a su Presidente Carlos Casini.
El abogado señaló: “A nuestro criterio estamos hablando de un negocio fabuloso que estamos pensando en privatizarlo. Esto es porque el Gobierno local no supo hacer lo que el Concejo Deliberante le dijo hace años que tenía que hacer para acrecentar las arcas en millones. Este gobierno está diciendo que es ineficiente y tiene que buscar una empresa de afuera, que es humo, porque me imagino que la integran tres personas con una computadora portátil, que traen el ‘know how’. Le vamos a dar millones de pesos a unos pocos vivos que aprendieron un fabuloso negocio, que no traen ni las sillas”.
Ahora, con la ordenanza promulgada, las pocas empresas que brindan el servicio en la provincia de Buenos Aires, únicas que se pueden presentar según el pliego aprobado, competirán para obtener la posibilidad de recaudar esos aproximadamente 40 millones de pesos de los que se habla y llevarse por ello unos 12 millones anuales.

Quiénes pagan
Los derechos de publicidad y propaganda y canon por antenas gravan a empresas nacionales y multinacionales que publicitan con carteles en la ciudad y que instalan sus antenas.
La tarea de relevamiento implica medir todos y cada uno de los carteles existentes, conformar una carpeta con todos esos datos y elevar la intimación de pago a cada una de las empresas correspondientes.
Los que pagan son las marcas que publicitan, no los comerciantes que exhiben los carteles.
De la misma manera, las antenas corresponden a las de telefonía fija, celular, comunicaciones, aunque no las de los medios de prensa, que están exceptuados.

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Margaritas con aplausos
Entre los argumentos esgrimidos en el recinto para aprobar la ordenanza, apareció la necesidad de recaudar para cumplir con el aumento otorgado a los trabajadores municipales, lo que generó una importante polémica en el Concejo.
El cruce que tuvieron Sergio Rosa y Martín Pando con Margarita Frisch mostró las grietas en el oficialismo. La Presidenta del bloque le dijo directamente a Rosa que su moción para bajar diez puntos el porcentaje para la empresa que gane la licitación era “una maniobra que tiene como objeto que esta ordenanza no se ponga en práctica, ese es el objeto de la moción, hubo tres meses para hacer este planteo” y agregó: “Si para el Concejal Rosa tres meses no es nada, para los trabajadores municipales que esperan ese ingreso para cobrar el aumento de este año y las instituciones que van a recibir el porcentaje sí lo es”.
La respuesta no se hizo esperar. Rosa señaló que nadie le iba a decir “cuándo hablar y cuándo no” y calificó como “un hecho bastante poco común” la supeditación del aumento a la ordenanza, “planteado en términos confusos a los trabajadores, casi como moneda de cambio”.
De la misma manera se expresó el Concejal Martín Pando: “Quiero darles un mensaje a los trabajadores municipales, porque se les dijo que esta noche se iba a votar el incremento salarial que legítimamente y con todo el derecho del mundo obtuvieron hace unos días, y eso es una mentira. Aquellos que se los dijeron les mintieron, hoy se está discutiendo otra cosa”.
Por su parte, Carlos Casini se quejó por la aparición de ese argumento, sumado a la presión que ejercían los trabajadores municipales presentes, quienes propinaron insultos contra todo aquél que osara opinar contra el proyecto. La palabra “traidor” fue la que más escuchó por parte de los trabajadores municipales, junto con frases como “ya van a venir a buscar votos al barrio”.
Casini les habló directamente a los trabajadores: “Si el gobierno municipal hubiera cobrado esos cánones y tasas ya habrían ingresado mucho millones y ustedes no tendrían que estar mendigando aumentos del cinco por ciento. No lo ha hecho durante cinco años, dejó de cobrar millones de pesos que son nuestros y hoy, ahogados, dicen ‘tenemos que cobrarlo’, estamos totalmente de acuerdo con que hay que cobrarlo, con que hay que darle aumento a los municipales y con darle el porcentaje a las instituciones, pero lo que discutimos es que el Municipio tenga que salir a buscar a estos vivos. Si los trabajadores municipales no están capacitados, como dicen, traigamos un especialista que les enseñen a esos mil trabajadores. Muchachos, se están denigrando a ustedes mismos”, señaló.

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