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domingo, septiembre 19, 2021
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Prestadores, comerciantes y oposición, disconformes con la nueva Impositiva

El proyecto que elevó el Ejecutivo con el aumento de tasas no convence a los afectados ni a los ediles que deben votarlo. Sostienen que mantiene las mismas variables de incremento que en el original, sobre todo en la tasa de seguridad e higiene, que indica que quienes superen los 3 millones de pesos de facturación anual pagarán una alícuota calculada sobre Ingresos Brutos. En una reunión con la Comisión de Presupuesto, los prestadores turísticos explicaron con ejemplos.

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Luego del error del Secretario de Economía Jorge Gil, el Ejecutivo reenvió la semana pasada un nuevo proyecto de ordenanza impositiva, que ingresó formalmente al Concejo Deliberante el viernes pasado al mediodía, en una sesión express que duró unos pocos minutos y tuvo lugar en la sala de reuniones, con ediles parados que no alcanzaron a sentarse para votar.
El lunes, la Comisión de Presupuesto recibió a representantes de los contribuyentes que más se han quejado desde que el Gobierno de Guacone diseñó la idea de incrementar las tasas de manera importante para este año, sobre todo la de seguridad e higiene.
Esteban Grecco y Daniel Biscia por el Centro de Comercio, y Carlos Oulé como representante de la Cámara de prestadores turísticos, mantuvieron una extensa reunión de la que participaron no sólo los miembros de la comisión sino prácticamente todos los concejales.
Fue el primer encuentro “institucional” de los prestadores turísticos, cuya Cámara fue conformada tras el proyecto original del Ejecutivo, para defender los intereses del sector. Allí, según palabras de Oulé, les explicaron a los ediles que “a pesar de estos inocentes valores que presentan, que han disminuido con relación al proyecto anterior, vemos que todavía sigue siendo una carga impositiva muy grande”.

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Porcentajes excesivos
La tasa por seguridad e higiene, un gravamen polémico en todos los municipios por la escasa visibilidad de la contraprestación correspondiente, fue materia de debate desde el principio, sobre todo porque la redacción del primer proyecto incluía ítems que discriminaban emprendimientos hoteleros y gastronómicos según sus “estrellas”, con aumentos que implicaban el pago de mínimos de 50 pesos y máximos de 200 por plaza por mes para hoteles y de $30 a $60 por mesa para bares y restaurantes.
Ante el fracaso político que implicó no obtener quórum para tratar ese expediente, cuyo dictamen además fue cuestionado en la Justicia, que lo dio por inválido, Guacone pidió el retiro para confeccionar una nueva propuesta.
Tal como anticipó La Opinión hace dos semanas, el nuevo proyecto deja en 20 pesos por plaza o mesa por mes el gravamen para el sector turístico, sin discriminar lo que significa pagar una tasa para los hoteles de una estrella o para los de cinco.
Sin embargo, los prestadores turísticos observaron que quedó redactado exactamente igual al original la idea de que quienes facturen más de 2.400.000 pesos al año deben pagar una alícuota que se deduce de ingresos brutos, que en promedio es del 0,5 por ciento de la facturación anual.
“Lamentablemente, una vez más, asistimos con sorpresa y preocupación a la presentación de un proyecto que no ha tenido diálogo ni consenso previo y que casi no cuenta con modificaciones con respecto al que fue presentado y retirado por el Intendente semanas atrás”, se quejó Esteban Grecco.
“Estamos hablando de subas de entre un 1.400 y un 2.000 por ciento”, señalaron a los concejales los representantes de comerciantes y el sector turístico, quienes reclamaron una vez más “mayor fluidez en el intercambio de opiniones y consultas”.
“Hay una distribuidora de bebidas a la que le da un 1.500 por ciento de aumento; un hotel pasa a pagar de 1.200 pesos por año a 13.000”, graficó Carlos Oulé y aseguró: “No hay parámetros en la economía que indiquen que puedan aumentar así, porque el servicio no ha cambiado. No hay posibilidades de medir un servicio que aumente diez veces de hoy para mañana”.

Los votos no alcanzan
El Gobierno municipal acelera el trámite porque ya estamos casi en junio y la situación económica viene cuesta arriba. “Tenemos un millón de pesos de déficit estructural mensual”, reconoció a este semanario Jorge Gil semanas atrás. Lo mismo les dijo a los ediles la semana pasada cuando fue a Presupuesto.
El Frente para la Victoria, con Daniel Monfasani a la cabeza, sostuvo en la última sesión que “hay que ayudar” y no “poner trabas”, aunque confesó que “Es más difícil estar de este lado (con Guacone) que ser opositor”. Entre la “ayuda” que pidió está la aprobación de la ordenanza impositiva.
La oposición sigue dudando. Tras rechazar el 60 por ciento promedio de incremento de la propuesta original, tampoco los convence el 40 actual. Además, a través de Sergio Rosa ya habían manifestado lo mismo que plantearon comerciantes y prestadores turísticos el lunes en la reunión, por lo que si no hay cambios difícilmente acompañen el proyecto.
Además, se quejaron porque el gravamen sobre las areneras “es impreciso”, según dijo Rosa a La Opinión, tras lo que advirtió que podría haber “acciones judiciales” contra el Municipio producto de aplicar una tasa de esas características.
Por otro lado, Casini y Mosquera siguen sin estar del todo de acuerdo con la propuesta de incremento, por lo que sus votos vuelven a estar en duda. Como si fuera poco, Sandra Mari detectó que un artículo faculta al municipio a cercar la costa y cobrar el acceso, algo con lo que no está de acuerdo.
En efecto, el proyecto tiene ese texto. En el Ejecutivo dicen que fue con el espíritu de que no se repitan las situaciones irregulares con Actur, como sucedió para concesionar al Cef y el FTV primero, y a Bomberos después. Sin embargo, es cierto que la redacción es tan imprecisa que faculta al Gobierno a cerrar cualquier lugar público de la costa y cobrar entrada cuando así lo desee.

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