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jueves, marzo 4, 2021

Preparan la segunda compactación de motos secuestradas

Calculan que en el depósito municipal debe haber mil rodados. El Gobierno prepara el listado que publicará para que quienes quieran rescatar su rodado puedan hacerlo antes de que sean destruidos.

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Luego de la primera compactación de vehículos secuestrados y alojados en los depósitos municipales, el Gobierno prepara el segundo listado para proceder a la destrucción de los rodados incautados desde 2015 a esta parte.

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Al igual que el año pasado, el Ejecutivo debe cumplir con una serie de requisitos para proceder a destruir los autos y motos que no fueron reclamados en tiempo y forma.

Una vez más, no habrá remate y esos vehículos serán trasladados por una empresa que compra el lote para compactarlo.

Compactación confirmada

El Juez de Faltas Fabián Rodríguez informó el sábado en Sin Galera que comenzaron a trabajar en el listado, donde deben volcar todos los datos necesarios decada uno de los rodados que hayan superado los seis meses de incautados y que están en condiciones de que el Municipio disponga de ellos.

“Será en estos meses. Falta el decreto y tenemos quehacer el listado”, dijo Rodríguez. Una vez confeccionada, esa lista será publicada y dada a difusión para que los titulares puedan optar por “rescatar” de la destrucción su moto o su auto.

Por supuesto que en los casos que llevan mucho tiempo, pagar la multa y los días de alojamiento en el depósito municipal implica una carga tan onerosa que los infractores prefieren perder su movilidad incautada.

El año pasado habían emplazado a los interesados para que se presentaran dentro de los quince días subsiguientes a la publicación, que se hizo efectiva tanto en el Boletín Oficial local como en el Provincial.

En el Gobierno evalúan que ese proceso se extienda, ya que entienden que no siempre todos los vecinos acceden a través de esos mecanismos o gracias a la difusión de los medios a la información para evaluar qué hacer con su moto o auto que fue secuestrado.

Destruir hasta las ruinas

El Gobierno está habilitado a disponer de todo vehículo que haya sido secuestrado en la vía pública a través del cuerpo de inspectores de tránsito producto de cualquiera de las infracciones que permiten laincautación y que no haya sido retirado por sus titulares dentro de los 180 días siguientes al procedimiento.

Si el dueño no va a buscar su rodado, el Estado considera que fue “abandonado” y tiene tres opciones para disponer de él: compactación, si no puede rodar; subasta pública si está en buenas condiciones; afectación al Estado o a entidades de bien público.

En San Pedro, desde el primer momento, las autoridades optaron por la compactación, para lo que contrataron una empresa que cargó las motos en camiones y las llevó a la zona de Escobar.

Cuando este medio consultó a los funcionarios acerca de las otras opciones, dijeron que era “muy engorroso”, por lo que las desestimaron y, a pesar de que hay motos y autos que podrían ponerse en marcha para subastar, entregar a una entidad o utilizarse como vehículo municipal, decidieron destruir todo.

Es que la ordenanza tiene una redacción un tanto laxa. Considera que puede enviarse a compactación cualquier vehículo que no esté en condiciones de circular. “Si no tiene combustible, no puede andar”, dijo con los hombros encogidos un hombre del gabinete de Salazar.

La guarda en el depósito municipal cuesta, de acuerdo a la ordenanza impositiva vigente, 300 pesos diarios. Lo mismo costaba el año pasado. Sin embargo, tanto en 2016 como en este 2017, el Juez de Faltas cobra 50 pesos por día. Como en el caso de los 300 mil pesos de multa a un edificio que construyó cinco metros de más, nadie sabe por qué dispone ese valor.

Preocupa la seguridad de los inspectores

El fin de semana, los trabajadores de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad secuestraron cuatro automóviles por alcoholemia positiva y tres motocicletas por falta de la documentación obligatoria necesaria para circular.

En ese marco, la policíaaprehendió por desacato a un vecino sampedrino de nacionalidad china, quien se resistió al operativo.

Además clausuraron  la despensa El Gringo, en calle Bozzano 265, frente al Barrio Fonavi I, que tenía vencida la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas y, además, la habilitación todavía en trámite.

“Fue una noche difícil para los trabajadores, les arrojaron piedras y tuvieron algunas resistencias en los operativos. Estamos preocupados y vamos a tratar de implementar algunas medidas de seguridad para que puedan desempeñarse con tranquilidad”, dijo a La Opinión Luis Caramún, segundo de Ángel Burgos en el área.

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