Preparan el decreto para que los sindicatos dejen de “vivir de los trabajadores”
El Gobierno decretará que no podrá retenerse más del 30 por ciento de los haberes de los empleados municipales, lo que impactará en los sindicatos que prestan dinero y ofrecen créditos por electrodomésticos, comestibles y viajes, entre otras cosas. De la “ayuda social” a la usura, el camino del aprovechamiento de las necesidades del “representado”.
El Gobierno municipal tiene redactado un decreto que está a la firma del intendente Cecilio Salazar mediante el que, tal como sucedió cuando gobernaba Julio Pángaro, los trabajadores del Estado local no podrán sufrir descuentos mayores al 30 por ciento de sus haberes por compromisos crediticios, lo que afectará directamente a las asociaciones sindicales que funcionan como financiera bajo el loable argumento de “ayudar a los compañeros”.
La medida, que evitará que haya empleados que en el cajero reciban mes a mes depósitos por cifras que se cuentan de a centavos, tomó impulso luego de que un grupo de trabajadores elevara una nota al Jefe Comunal en la que relataban la situación por la que atraviesan.
Allí dejaron por escrito que desde hace años esos descuentos afectan hasta aquellos ítems que no son remunerativos y por los que no se pagan cargas sociales, como las ayudas familiares o escolares.
La mayoría de los firmantes de la nota están en la misma situación: son afiliados a tres y hasta a cuatro de los sindicatos que representan a los trabajadores municipales, a los que en algún momento recurrieron para adquirir electrodomésticos, dinero en efectivo o comestibles, bajo las peores condiciones y los intereses más elevados del mercado.
Es cierto que, como alguna vez dijeron los sindicalistas cuando se los consultó sobre estos créditos, “nadie les puso un arma en la cabeza para que los pidan”, pero también es cierto que el principio de solidaridad que debe regir la tarea de representación y el mutualismo bajo el que se ampara la actividad usurera dista mucho de cumplirse en estos casos.
Los afectados aseguran que se “genera un círculo vicioso de endeudamiento que impide la desafiliación”. Ni más ni menos que la transformación de los “compañeros” en rehenes de los sindicalistas.
Los firmantes le piden a Salazar en la nota que les permita “la desafiliación mediante nota simple por Mesa de Entrada y el estudio de la posibilidad de que solo se descuente un 30 por ciento de los ingresos con aportes”, lo que el intendente y su equipo están dispuestos a hacer, sobre todo luego de que un dictamen de Asesoría General de Gobierno les diera el visto bueno y hasta señalara que el descuento no debe superar el 20 por ciento.
Buenos compañeros
En San Pedro hay cuatro sindicatos que representan a los trabajadores municipales: el Sindicato Único que lidera Juan Cruz Acosta; la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que conduce Marcelo Marelli; el Sindicato del Personal Municipal de Juan Kasta; y el Sindicato de Trabajadores Municipales de César Parzon. Todos tienen, a su manera, la posibilidad de ofrecer “beneficios” a sus afiliados. El último en lograr los famosos “códigos de descuento” fue el de Kasta.
Como se dijo, cada uno ofrece a sus afiliados una serie de posibilidades de obtener crédito. Electrodomésticos, dinero en efectivo, adelantos de sueldo, herramientas, viajes de turismo…
Quienes se acercan, por lo general, son aquellos que han tenido dificultades crediticias con los bancos, las tarjetas de crédito o las casas de electrónica y artículos para el hogar. También están quienes, desconociendo esas otras vías, caen presos de la tentación de aquellos que están cerca a diario y les ofrecen los “beneficios de buenos compañeros”.
Sin embargo, la pretendida solidaridad se termina a la hora de contar los billetes. Las altísimas tasas de interés que manejan las asociaciones sindicales, que superan con creces las del resto del mercado crediticio, dan cuentas de que en muchos casos la “ayuda” se transformó en un verdadero negocio.
En los contratos de solicitud de crédito a los que tuvo acceso este semanario aparecen asociaciones mutuales en cuyos registros no figura San Pedro. El Instituto Nacional de Economía Social define a las mutuales como “entidades sin fines de lucro, prestadoras de servicios, sostenidas por el aporte de sus asociados, actuando con seriedad y eficiencia de empresas, teniendo por guía la solidaridad y por finalidad contribuir al logro del bienestar común de sus miembros”.
Qué cara que es la plata
Como para muestra basta un botón, valga el ejemplo de un trabajador que compró un televisor led de 32 pulgadas a principios del año pasado y lo pagó en 18 cuotas de 733 pesos, es decir $ 13.194. Hoy, un año después de esa compra, devaluación mediante y todo, en las cadenas de electrodomésticos ese artefacto no supera los $ 7.000.
Hay quien eligió una Tablet que en el mercado habitual cuesta 1.800 pesos y que la pagó en 18 cuotas de 366 pesos, es decir $ 6.588.
Como esos, tantos otros ejemplos. Los más complicados son los que piden dinero en efectivo. “La plata es cara”, dicen quienes viven de prestarla.
Los que prestan dinero tendrían el respaldo de reconocidos capitalistas y hasta habrían tenido la connivencia de funcionarios políticos. Muchos recuerdan cuando en plena toma del Palacio antes de la renuncia de Guacone este semanario publicó un recuadro alusivo al tema, con referencias a un empleado municipal que conducía autos de lujo, cobraba cuantiosas horas extras y que luego se habría ido a España dejando un verdadero “tendal” entre quienes alguna vez le confiaron dinero.
Sumas importantes
Antes de las elecciones del año pasado, cuando el Gobierno de Giovanettoni buscaba equilibrar su deseo de continuar en el cargo con la gestión de las necesidades de la ciudad, hubo una evaluación del tema que ahora Salazar resolverá por decreto.
En ese momento, cuando todavía no se había liquidado el 13 por ciento de aumento para los trabajadores correspondiente al último trimestre del año, los empleados cuyos descuentos superaban el 40 por ciento del total de sus haberes eran más de 50. Las retenciones que eran depositadas a los sindicatos superaban los 570.00 pesos en total, e iban en cada empleado desde los 4 mil a los 20 mil pesos. Había quienes tenían como “neto a cobrar” sumas de $ 0,01 y $ 0,02.
A esa altura, el Sindicato Único de Acosta era el de mayor cantidad de afiliados, con 286, por cuya cuota de afiliación percibía casi 70 mil pesos; seguido por ATE, de Marelli, con 208 afiliados y 55 mil pesos de cuota sindical; en tercer lugar, estaba el Sindicato de Trabajadores Municipales de Parzon, con 164 asociados y más de 60 mil pesos de cuota sindical; y en cuarto lugar el Sipem de Kasta, el más nuevo, con 131 afiliados y poco más de 25 mil pesos.
A esos montos se suman todos los meses los fondos descontados a los empleados que solicitan créditos o ayudas en cada sindicato y que son retenidos por la Municipalidad para luego ser depositados en las cuentas de los sindicatos.
Preparados para la batalla
Los cuatro sindicatos tienen relación tirante con el Gobierno desde la presentación del proyecto de declaración de emergencia económica. La carta documento para solicitar documentación respaldatoria de su condición gremial sumó otro punto en el respetuoso pero frío trato cotidiano. Todos coinciden en que la Mesa de Relaciones Laborales que debe reunirse en febrero tendrá el tema salarial como punto de debate.
Los sindicalistas que celebraron haber obtenido uno de los mejores aumentos de toda la provincia en 2015, en el peor municipio de territorio bonaerense, prometen volver a la carga este año.
Al calor de la devaluación operada por el Gobierno de Macri y los aumentos de precios registrados en la canasta básica, los representantes sindicales creen que, cuando en febrero se vean las caras con el Ejecutivo, más allá de los puntos históricos que están dando vueltas -indumentaria, elementos de seguridad e higiene, entre otros-, la pauta de incremento para el primer semestre será ítem obligatorio.
En el Gobierno de Salazar hacen cálculos y esperan el comportamiento de la puja a nivel nacional y provincial. Son cinco o seis los rubros que condicionan al resto. Tras los últimos años de paritarias ajustadas con la inflación promedio como parámetro, la disputa entre mantenimiento de los puestos y resignación de puntos de aumento tendrá protagonismo.
En el Presupuesto no hay pauta fijada. Mientras entre los sindicatos dan por hecho que habrá incremento, en el Gobierno se encogen de hombros y esperan.
La suspensión por decreto de la aplicación de la nueva ley del trabajador municipal que estableció la gobernadora Vidal les dio un respiro a los intendentes complicados, ya que no tendrán la negociación colectiva provincial ni como piso ni como techo. “Cada intendente puede tener su paritaria”, dijo recientemente la gobernadora.