Preocupan al Gobierno local las reformas presupuestarias de Vidal y Lacunza
Al igual que al resto de los municipios de la provincia, las modificaciones que la gobernación introdujo al paquete presupuestario bonaerense tienen en vilo al Ejecutivo sampedrino. En el despacho de Sánchez Negrete trabajan en el Presupuesto local con algunas dudas sobre las disponibilidades para el año que viene.
La semana pasada la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal reunió a los intendentes de Cambiemos para felicitarlos por su performance en las elecciones del 22 de octubre que le dieron el triunfo a la lista oficialista sobre la opositora Unidad Ciudadana que encabezaba Cristina Fenández de Kirchner. El encuentro estuvo signado por las consultas de los jefes comunales acerca de las pautas fiscales para el año que viene.
El ministro de Economía Hernán Lacunza, presente en el cónclave, fue el más requerido. Es que el paquete de leyes para el Presupuesto 2018 para la Provincia incluye algunos aspectos que generaron preocupación en los municipios, sobre todo en aquellos como San Pedro, que arrastran una situación financiera precaria desde hace muchos años.
La inyección de recursos provinciales provenientes de la toma de deuda alivió a todos en estos primeros dos años de gestión Cambiemos. El municipio local, por ejemplo, recibirá a fin de año unos 150 millones extra por sobre lo planteado, aproximadamente, según reveló a La Opinión el secretario de Economía, Mario Sánchez Negrete.
Los preocupados
Hay al menos tres aspectos que preocupan a los intendentes y que quedaron expresados en la reunión del jueves pasado, que tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata: la ley de responsabilidad fiscal; las modificaciones para que el Fondo Educativo no sea de “libre disponibilidad” sino que tenga pautas mucho más estrictas para su ejecución; y el fin del Fondo de Infraestructura, que significaba mucho dinero extra para los municipios.
“Viene dura la mano”, se escuchó en las oficinas del primer piso del Palacio Municipal, donde Sánchez Negrete, Abatángelo y el resto del equipo de Economía trabajan en el Presupuesto para el año que viene.
La estimación que el Ministerio de Economía envió respecto de la coparticipación para 2018 es de alrededor del 15 por ciento más que la de este año. Aunque suma, “no es tan bueno”, consideraron en el Gobierno local.
Todos los municipios saben que habrá recorte de recursos y que las pautas fiscales para 2018 implican un ajuste que se hará sentir en las arcas de cada distrito, sobre todo en aquellas cuya dependencia de la caja provincial es elevada, como la de San Pedro.
Los Estados locales que no pudieron equilibrar sus cuentas se verán complicados con las prerrogativas de la ley de responsabilidad fiscal, que obliga a los intendentes a tener los números en orden para recibir financiamiento.
Salazar y Sánchez Negrete cerraron el primer semestre con 55 millones de déficit y saben que el año terminará en rojo, aunque en el Municipio prefieren no dar señales respecto del monto.
El Fondo Educativo, controlado
El dinero que el Gobierno nacional destina a los municipios para el fortalecimiento de la educación tendrá algunos requisitos extra a partir del año que viene. La Provincia necesita garantizar obras de infraestructura que no podrá afrontar con recursos propios y procurará evitar que los intendentes echen mano de ese fondo para gastos corrientes.
Lo último es una constante histórica en los municipios como San Pedro, donde el depósito en tiempo y forma de los salarios sólo es posible utilizando fondos afectados, que vienen para otra cosa. Salazar y Sánchez Negrete lo han hecho sostenidamente, incluyendo recursos del Fondo Educativo.
Desde junio están con dificultades para devolver esos fondos y esperan hacerlo a fin de año, cuando Vidal y Lacunza inyecten una buena cantidad de millones extras para cumplir con el pago de aguinaldos y un cierre del año más o menos decente.
El Fondo Educativo asistirá a al menos tres modificaciones que preocupan a los intendentes. Por un lado, la Secretaría de Gestión Territorial coordinará la ejecución del dinero; por otro, habrá un programa de prioridades que establecerá la distribución de los fondos; en tercer lugar, el 85 por ciento será afectado a obras de infraestructura.
Entre los intendentes opositores hay reparos por las limitaciones para la ejecución del Fondo Educativo y por la ley de responsabilidad fiscal, en la medida en que entienden que ambas iniciativas tienden a recortar la autonomía de los municipios.