Preocupa el desborde de causas judiciales
Las estadísticas muestran, una vez más, la problemática delictiva de la zona en general y de la ciudad en particular. Con más de 2.500 causas en trámite, San Pedro abarca más del 30 por ciento del total del Departamento Judicial de San Nicolás, mientras que Baradero suma casi un 18 por ciento. Entre las dos ciudades, suman el 30 por ciento de la población. Crece el reclamo para la instalación de un Juzgado de Garantías que acelere los procesos.
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Una reunión entre el Fiscal Marcelo Manso y los concejales de la Comisión de Seguridad, que tuvo lugar la semana pasada, devolvió con ahínco el debate acerca de la necesidad de que San Pedro cuente con un Juzgado de Garantías propio.
Mientras la ciudad asiste consternada a una secuencia de hechos cada vez más graves –que hace que los denominados “menores” no lleguen a ser denunciados, lo que influye en las estadísticas– en el Poder Judicial hay preocupación por las dificultades para llevar adelante su tarea como corresponde y por las demoras que implica la distancia con San Nicolás, cabecera del Departamento Judicial.
La preocupación, compartida por todos, no sólo es privativa del personal del Ministerio Público Fiscal en San Pedro. Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento y Ramallotambién tienen sus problemáticas.
Pero como los números son los que mandan, la obligaciónde repasar las estadísticas enciende una vez más la alerta acerca de lo que pasa en nuestra ciudad, que ya cuenta con tres fiscalías por la gran cantidad de casos existentes, y en Baradero, donde hay dos Unidades Funcionales de Instrucción (UFI) descentralizadas.
El porcentaje de causas que se tramitan en esas cinco fiscalías es impresionante respecto del total de todo el Departamento Judicial. Casi el 50 por ciento de las investigaciones judiciales tienen lugar en San Pedro y Baradero. Por eso, el reclamo que crece es el de la necesidad de un Juzgado de Garantías que asista a las dos ciudades.
Números calientes
Las frías estadísticas dan cuenta de que esta es una zona caliente. En la reunión con los concejales de la semana pasada, Manso ofreció detalles que sorprendieron a los más nuevos e indignaron a los que llevan un tiempo advirtiendo que la situación es cada vez peor, sin que haya respuestas.
De un total de 8.588 causas de la departamental, 4.108 corresponden a San Pedro y Baradero. En nuestra ciudad son 2.593 y en la vecina, 1.515.
San Pedro representa el 30,2 por ciento del total de causas que tramitan; Baradero, el 17,6. Los dos distritos reúnen entonces el 47,2 por ciento del total de causas judiciales en trámite en las Fiscalías, es decir de delitos que son denunciados y llegan a transformarse en investigación por parte de la Justicia.
Como se dijo, el Departamento Judicial de San Nicolás abarca las ciudades de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, San Nicolás, San Pedro y Ramallo. La política descentralizadora llevó fiscalías a los distritos, pero los Juzgados siguen en la cabecera.
En total, las seis ciudades suman 276.226 habitantes, de acuerdo al Censo 2010. En Arrecifes hay 26.400 personas; en Baradero, 28.537; en Capitán Sarmiento, 15.332; en San Nicolás, 133.602; San Pedro tiene 59.036 censados; en Ramallo viven 13.319 hombres, mujeres, ancianos y niños.
La población de San Pedro representa el 21,3 por ciento del total del Departamento Judicial. La de Baradero, el 10,3. Juntas suman el 31,6 por ciento de habitantes de toda la región que abarca la Justicia centralizada en San Nicolás.
Son 87.573 personas para 4.108 causas judiciales. Una cada 21 personas, de un lado o del otro del mostrador del delito, el de las víctimas o el de los victimarios, lo que implica un delito cada 10 “parejas” (víctima – victimario). Si ese promedio se divide entre ambas ciudades, el número es similar.
Con el 31,6 por ciento de los habitantes, San Pedro y Baradero se llevan el 47,8 por ciento de las causas en trámite. Un dato que el Ministerio de Justicia no puede desconocer para actuar en consecuencia.
Un reclamo persistente
Desde que en 2006 llegó la primera Fiscalía, en San Pedro está instalado el debate acerca de la necesidad de profundizar la descentralización de la administración de justicia, cuya lentitud es materia de críticas en todos los ámbitos.
En los últimos años hubo una serie de impulsos que además del consabido reclamo tuvieron gestiones específicas con el objetivo de lograr que fiscales, testigos, víctimas y policías tengan que trasladarse 90 kilómetros cada vez que haya que hacer un trámite vinculado con una causa.
Si a ese movimiento se le recuerda que el número actual sólo para San Pedro es de 2593 expedientes, queda claro que de aquí a San Nicolás, los actores de una causa judicial hacen surco, ida y vuelta.
En 2014, cuando era Ministro de Justicia de Scioli, Ricardo Casal, se dejó abrazar por el entonces intendente Pablo Guacone para que luego de la reunión se anunciara el comienzo del proceso de gestión para que San Pedro tuviera su propio Juzgado de Garantías.
Ese mismo año, el diputado Ricardo Vago, del bloque Frente Amplio Progresista, elevó una propuesta para la creación de un cuarto Juzgado de Garantías en el Departamento Judicial de San Nicolás con asiente en San Pedro.
Una semana más tarde, el exdiputado Eduardo Polimante hacía entrega de un borrador al legislador sampedrino del Frente Renovador Daniel Monfasani con un proyecto de desdoblamiento del orden vigente en el Poder Judicial regional, para que haya en la ciudad un juzgado en lo Contencioso Administrativo, uno de Garantías, uno en lo Correccional, dos juzgados de Familia y Menores, un Tribunal de Menores y un Tribunal en lo Criminal.
En el menos democrático de los poderes, modificar el statu quo no es nada sencillo. Lo peor es que la “familia judicial” suele tener una importante ascendencia política y San Nicolás no es la excepción.
En el mundillo del único poder del Estado cuyos representantes no son elegidos por el voto popular podrían estar de acuerdo con la creación de un Juzgado descentralizado, pero no permitirían un desdoblamiento.
La hora de la política
El concejal suplente Fernando Nouet –que asesoró al diputado Vago para la presentación del proyecto– y el diputado Monfasani coincidieron en el análisis respecto dela relevancia que tiene la política para una decisión de estas características.
“Nosotros somos el patio trasero, siempre. El Registro de Personas, Pami, Ioma, todas las cabeceras de oficina están en Pergamino y San Nicolás, y acá se trabaja como se puede. Las delegaciones reciben migajas y sobras de las cabeceras”, supo quejarse Monfasani.
San Pedro y Baradero generan mucha demanda en materia penal. Los propios jueces podrían estar satisfechos con aliviar su tarea. En el Ministerio Público Fiscal hay consenso para la descentralización.
Ahora es el turno de la política. Los concejales que la semana pasada recibieron al Fiscal Manso harán lo propio con los representantes de la Defensoría, para sumarlos a la propuesta.
Oposición y oficialismo están de acuerdo. Cuando asumió la gobernadora María Eugenia Vidal designó como Ministro de Justicia bonaerense a Carlos Mahiques, quien renunció a fines de mayo para reincorporarse como juez de la Cámara Nacional de Casación Penal. Su reemplazo fue Gustavo Ferrari, hombre del peronismo que supo ser mano derecha de De Narváez y Asesor General de Gobierno durante la gestión Scioli, cargo en el que quedó cuando asumieron los representantes de Cambiemos. Es un hombre con el que puede hablar más de uno.
Un buzón para las denuncias
Tal como propuso en campaña el año pasado el referente del Partido Socialista y concejal suplente Fernando Nouet, durante la reunión con Manso los ediles de la Comisión de Seguridad plantearon la posibilidad de implementar un buzón de denuncias anónimas, con especial atención a los temas relacionados con la comercialización de drogas.
El propio Fiscal hizo algunas sugerencias y los concejales plantearon la necesidad de que el buzón sea abierto por ellos para que las denuncias recaigan en la Fiscalía en turno para su investigación. “Nadie quiere a la policía abriendo el buzón”, confió uno de los que participó de la reunión.
