Por "gravísimos incumplimientos", volvieron a intervenir la obra social Osprera
Deudas multimillonarias, cientos de juicios por cuestiones prestacionales, miles de reclamos en todo el país más "deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones" impulsaron la decisión de la Superintendencia de Salud. En San Pedro, la obra social de la Uatre le debe facturas al Hospital.
La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación decidió intervenir la obra social de los trabajadores rurales, Osprera, tras acreditar "irregularidades y graves deficiencias en su funcionamiento".
Virginia Montero fue designada como administradora provisoria para la normalización de la obra social de la Uatre, de acuerdo a la resolución del Gobierno de Javier Milei publicada en el Boletín Oficial, en la que se enumeran múltiples situaciones que derivaron en esta intervención.
La decisión llegó dos meses después de que la Justicia diera por finalizada la "administración provisoria" que había dispuesto en marzo de 2023 y que le había devuelto a la conducción de la Uatre, con José Voytenco a la cabeza pero con un veedor judicial, que ahora volvió a ser intervenida.
En ese momento, la Justicia entendió que había un "saneamiento" de la obra social, con "recomposición de activos, gestiones prestacionales, operativas y administrativas" respecto del estado crítico que había motivado la intervención.
Sin embargo, ahora la Superintendencia de Salud consideró acreditadas irregularidades que obligan a reponer la administración provisoria.
Señalaron "una serie de infracciones, incumplimientos e inobservancias" que evidencian "dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riego su estabilidad financiera a corto y mediano plazo".
Indican como uno de los "gravísimos incumplimientos detectados" la falta de satisfacción de los afiliados y las deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones brindadas.
Ese reclamo es cotidiano en San Pedro: desde hace tiempo los afiliados plantean las complicaciones que tienen con diversas prestaciones, entrega de medicamentos, el corte de servicio en farmacias y consultorios.
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Un relevamiento aleatorio, señala la resolución, arrojó como resultado "que no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados por la Osprera en su cartilla médica".
La resolución gubernamental apunta deudas por casi 400 mil millones de pesos, entre las que se encuentran más de 1500 millones que debe a hospitales públicos como el de San Pedro, donde se factura a Osprera por prestaciones que no paga en su totalidad en tiempo y forma.
Osprera tiene en el país alrededor de 250 juicios por medicamentos, cirugías, prótesis y otras problemáticas de índole prestacional, así como más de 170 amparos judiciales vigentes, casi 30 juicios por mala praxis en trámite, más de 60 por cobro, casi 50 ejecuciones fiscales y 44 demandas laborales.
"La gravedad de los desvíos y su impacto negativo en la continuidad y eficiencia de los servicios de salud ofrecidos por Osprera evidencian la imposibilidad de un normal desenvolvimiento de la entidad", dice la resolución.
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