A pocos días de cumplirse tres meses desde que los dueños de la clínica San Pedro decidieron cerrarla y sin novedades de los presuntos nuevos accionistas respecto de su reactivación, el exdiputado Eduardo Polimante propuso que sea expropiada para que el Estado se haga cargo de ese sanatorio privado, que dejó sin atención a, entre otros pacientes, más de 7.000 afiliados a PAMI.
El histórico dirigente radical puso a disposición su experiencia y envió el planteo al Gobierno de Cecilio Salazar y al Concejo Deliberante para que analicen la posibilidad de avanzar en una propuesta que llegue a la Legislatura bonaerense, donde debe tratarse la aprobación de declarar de utilidad pública e interés general la expropiación, para que el Estado provincial esté en condiciones de hacerlo.
“Soy de los que piensa que al Estado hay que achicarlo y en este caso lo estaríamos agrandando, pero hay que cuestiones que el Estado no puede dejar pasar, como salud, educación, seguridad”, consideró Polimante.
El exconcejal recordó que en San Pedro ya desaparecieron instituciones como las clínicas Plaza Constitución, Belgrano, Pellegrini y San Martín, devenida en sanatorio Coopser.
“Empecemos a trabajar, se abren dos instancias: abro debate, primero ingresó al Concejo y envío copia al intendente”, señaló Polimante este jueves en Radio Cuarentena.
“No podemos perder como ciudad otra institución de salud”, consideró Polimante.
El exdiputado propuso convocar a los legisladores provinciales para que se interioricen del tema e impulsen la iniciativa en la Legislatura para aprobar una ley que declare sujeta a expropiación a la clínica, de manera tal que el Ejecutivo bonaerense tenga las herramientas para proceder.
“Estamos hablando del supremo interés de la salud, los empleados sin cobrar”, señaló el exdiputado y agregó: “Hay vecinos que sólo tienen el Hospital, hay que salvar la institución de Salud, está abierto pero lo peor que nos puede pasar es no hacer nada y dejar que se muera”.
La ley provincial prevé la posibiliad de que la Legislatura declare sujeto a expropiación bienes privados por causa de utilidad pública o interés general, para lo que hay que sancionar una norma específica para el caso que permite la instancia.
Un estudio integral que incluya tasaciones y valores indemnizatorios aproximados es parte de lo que debe determinarse previamente, así como un informe técnico. Promulgada la ley, el Gobierno provincial puede ejecutarla concertando directamente con los titulares del dominio privado a expropiar.
