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Los principios cooperativos son claros y sus reglas como herramienta de gestión común indiscutiblemente nobles. Desvirtuar el sistema es mucho más que un pecado, pero aun así fracasar como empresarios donde abunda el dinero siempre habla de fiestas que pagan los asociados. El drama de no correrse del poder, perpetuarse, esconder las cuentas, cortar lazos de comunicación y percibir que cualquier crítica u observación tiene propósitos desestabilizantes es una característica propia de las monarquías autoritarias, aquellas que Maquiavelo estipula como imprescindibles para gobernar con eficacia.
Cuando el Sindicato de Luz y Fuerza logró ganar las elecciones con la ayuda de otros gremios y de personas interesadas en garantizar mayor transparencia, quiso más. Mucho más poder y acaso impunidad para administrar groseramente los recursos. Desde un tendido de fibra óptica que costó millones y no se usó nunca a la compra de una clínica, el dinero ha salido como por un gigantesco tubo pero no para beneficio de los socios ni para mejoras en las prestaciones.
Puertas adentro impera el silencio; puertas afuera, también, porque casi todos los empleados tienen miedo de hablar, sienten que tienen más privilegios que los que los vecinos pueden pagarles y a los que mucha veces les tienen que cortar la luz, miran con recelo lo que hacen sus superiores y ventilan cifras de dos centenares de miles de pesos para justificar que tal o cual directivo jerárquico y hasta miembro del consejo de administración se lleva al bolsillo.
Ahora es una caldera a punto de explotar porque saben que, como todo, en algún momento termina y no son pocos los que han empezado a confesar para que se conozcan secretos bien guardados.
Comerciantes, empresarios, titulares de medidores residenciales o aportantes a los servicios sociales deben entender que sin participación masiva no habrá remedio para una cooperativa cimentada en la ilusión de no sucumbir ni someterse a las reglas de una empresa privada que tendrá las mismas perversas costumbres que las telefónicas o las de servicios de televisión.
Si no se reacciona y la indiferencia nos atrapa, en pocos años el esfuerzo de décadas de los socios irá “justificadamente” a parar a manos de un gerente eficaz que responda a una administración en la que los socios serán solo clientes. Que un consejo de administración haya desvirtuado el modelo cooperativo no puede ser excusa para abandonar el mejor modo de administrarnos.
Imaginen por un sólo instante que tras llegar a la quiebra se rematen edificios, vehículos, equipamiento, transformadores y tendidos o que se vendan a cualquiera de las compañías que creen que los servicios públicos solo sirven para obtener ganancias y no para mejorar la calidad con inversiones. Imaginen que eso sucede y que a cada socio le dan su parte. Si no se reacciona a tiempo, se pierde, y si se consolida la impunidad será difícil salvarse.
