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domingo, abril 11, 2021

Piden prorrogar por cinco años la expropiación de terrenos en Vuelta de Obligado

La ley fue sancionada en 2010, pero desde entonces no hubo mayores movimientos al respecto. El Gobierno nacional había intercedido para la aprobación antes de que Cristina inaugurara el monumento en el paraje histórico. La Fundación Obligado sigue siendo la dueña de los terrenos.

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La situación legal de las tierras propiedad de la Fundación Obligado que fueran objeto de debate durante largos años en el paraje histórico sigue en una nebulosa que no resuelve ni atiende la problemática original, planteada por “pobladores originarios” y aprovechada por otros tantos que tras el boom inmobiliario post Max Higgins vieron que la revalorización que hizo el Gobierno nacional del sitio de la Batalla por la Soberanía no quisieron ser menos.

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La ley que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación esos terrenos vence este año, por lo que la Senadora del Frente para la Victoria oriunda de San Andrés de Giles Marina Moretti presentó en la Cámara Alta de la Legislatura un proyecto para que se prorrogue por dos años, que pasó a Diputados con cinco.

El proyecto de ley se encuentra en revisión en las comisiones de Tierras y Organización Territorial, Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados.  El proyecto de Moretti entró en marzo pasado y ya pasó por Senadores.

Sin movimiento
La ley declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación 29 parcelas en Vuelta de Obligado. Fue aprobada prácticamente de apuro antes de que Cristina Fernández de Kirchner inaugurara el Monumento en el sitio histórico en 2010. El entonces Secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli había recibido de manos de quienes reclaman esas tierras la problemática y se ocupó de acelerar el proceso.

El texto aprobado en aquella oportunidad establecía que las parcelas serían adjudicadas “a título oneroso y por venta directa a sus actuales ocupantes”. La Municipalidad tenía la responsabilidad de hacer un censo de los ocupantes de los inmuebles y de relevar la situación  socioeconómica de cada uno de ellos, lo que nunca sucedió.

También debía subdividir las parcelas de acuerdo con las ocupaciones existentes para que la autoridad de aplicación pudiera “transferir los lotes expropiados a los ocupantes que resulten adjudicatarios” y determinar el monto a pagar por las familias, que abonarían en cuotas con un plazo de entre 10 y 25 años.

Los favorecidos debían probar una “ocupación efectiva del inmueble” aunque “no inferior a dos años”, lo que no hablaba, precisamente, de los “habitantes históricos”, no poseer otra propiedad y destinar esta a vivienda familiar.

Una vez adjudicada, deberían construir una casa en los siguientes cinco años y no podrían “enajenar, arrendar, transferir o gravar total o parcialmente, ya sea a título oneroso o gratuito, el inmueble objeto de la venta por un lapso de veinticinco años”.

El Ejecutivo provincial debía “efectuar en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio vigente, las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley”.

Nada de ello sucedió, el tiempo pasó y ahora es necesaria una prórroga, que además vuelve a poner en debate si acaso la expropiación corresponde en todos los casos en los que puede apreciarse que hay intereses económicos que trascienden la mera ocupación familiar de habitantes históricos.

Algunos reclamos
La diputada nacional del Mijd Ramona Pucheta presentó un pedido de informes en el que requería saber por qué el paso “necesario e ineludible” del censo de familias “ya ordenado y establecido”, que debía “realizarse con los profesionales competentes a dichos fines de la municipalidad de San Pedro” nunca se cumplió.

“Existe en la actualidad un supuesto apoderado de una Fundación que se encuentra en la actualidad acosando mediante cartas documentos y acciones judiciales a los legítimos ocupantes de los inmuebles, argumentando supuestos títulos de dudosa legitimidad”, decía Pucheta.

En efecto, hasta hubo desalojos ordenados por la Justicia, porque más allá de la ley de expropiación aprobada, el proceso nunca se desarrolló.

El ahora diputado del Frente Renovador Daniel Monfasani había enviado una nota al Gobernador Scioli, cuando todavía presidía el Concejo Deliberante, para pedirle una entrevista urgente a los fines de dar respuestas a los vecinos de Obligado que esperaban la expropiación y le hablaron de “maniobras intimidatorias” por parte de la Fundación, algo que hasta hoy no se ha podido probar.

“Desconocen e ignoran la Ley 14.182 la cual fue sancionada por el Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, el día 13 de octubre del año 2010”. Nunca obtuvo la audiencia.

La premura que hubo para sancionar la ley a pocos días de que llegara Cristina y así evitar cualquier tipo de protesta que empañara la fiesta ya no existe. La prórroga de cinco años implicará la necesaria revisión del texto y el desarrollo de un relevamiento que beneficie a los pobladores históricos y vaya contra la especulación de los vivos.

Otro decreto “prorrogador”
El 20 de noviembre del año pasado, el Gobernador Scioli firmó un decreto mediante el que designó, cuatro años después de sancionada la ley, a las autoridades de aplicación de la letra de ese texto: el Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobierno y al Ministerio de Infraestructura, a través de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda “o las reparticiones que en el futuro las reemplacen”, las que “dictarán las normas interpretativas, complementarias y aclaratorias que resulten necesarias”. Se desconocen esas normas.

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