Piden control sobre un médico municipal condenado por abusar de su propio hijo
Un profesional de la salud fue condenado en julio pasado por abusar sexualmente del pequeño. El médico continúa en contacto directo con menores de edad ya que trabaja en un Centro de Salud de la ciudad y además ejerce en el ámbito de la docencia. Mientras cumple la condena a tres años de prisión en suspenso, organizaciones exigen control y que se le retire la matrícula. Su Defensa apeló la sentencia.
El pasado 29 de julio el Tribunal del Juzgado en lo Criminal N°1 presidido por la Jueza María Belén Ocaris condenó a un profesional médico que cumple funciones en San Pedro, por abusar sexualmente de su hijo.
Al tratarse de una pena de ejecución condicional, el cumplimiento de la medida no será efectivo. Es decir pasará los próximos tres años en libertad, a menos que se vea entreverado en otro ilícito, por leve que sea.
La Defensa del acusado apeló el fallo y la Cámara de Casación será la que defina la situación penal del hombre condenado de abusos reiterados a su propio hijo. El imputado, además de ser empleado del municipio de San Pedro, tiene como empleador al Estado provincial.
La sentencia
La Jueza María Belén Ocariz sindicó como “autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado” al hombre de aproximadamente 50 años, por “resultar el autor progenitor de la víctima”.
El acusado fue condenado a la pena de “tres años de ejecución condicional, la que así se impone por haberla pactado las partes y no por resultar la primera condena”, según reza el fallo.
Además, durante el plazo de dos años “deberá abstenerse de mantener contacto con la víctima” y “someterse al Patronato de Liberados”, organismo que tiene el control de los condenados condicionales, excarcelados, eximidos de prisión, o “todo aquel que deba cumplir medidas o penas sustitutivas de prisión y de aquellos liberados cumplidos que requieran su intervención”.
La sentencia no impide que el profesional desarrolle sus tareas en los ámbitos que regularmente lo hacía antes de la condena, lo que implica que continúe en contacto con menores, ya que parte de su actividad la desarrolla en un Centro de Salud de la ciudad.
Piden controlar al médico
Noemí Bordoy presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de Resolución para que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) intervenga aplicando medidas de control sobre la actividad y el ámbito en el que este profesional se desempeña desde el año 2003.
El texto ingresado por mesa de entrada, que ingresará formalmente el jueves en la próxima sesión, solicita al DEM que “como empleador del Agente Legajo Nº 30.059, asegure dar cumplimiento estricto de la Ley y tome las medidas conducentes a prevenir y/o evitar, todo daño que éste pudiese infligir a terceros”.
Al mismo tiempo, exige que se “envíe urgente a este Cuerpo (HCD) la información respecto de si se le inició al agente Nº30.059 un sumario administrativo por haber falseado los recibos de sueldo presentados en expediente N° 12.762 tramitado por el Juzgado de Paz de San Pedro, de lo cual fuera informado por oficio judicial de fecha 17/10/2012, y en qué instancias se encuentra; caso contrario exigir haga efectiva la iniciación del mismo”.
Por último, solicita al Ejecutivo que resuelva “como Empleador del Agente enunciado” dar “aviso al Colegio de Médicos del distrito, de todo lo concerniente a este profesional, ya que estaría contrariando además las normas del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y su Código de Ética”.
El reglamento del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires inhabilita de ejercer a quien está procesado por delito, por lo que incluso podría exigir que se le retire la matrícula hasta que la Justicia resuelva su situación.
Rechazo a la sentencia
El fallo de María Belén Ocariz provocó el rechazo de organismos y agrupaciones que combaten el maltrato y la violencia infantil, quienes además acompañaron a los familiares de la víctima, principalmente a su madre, que afrontó junto al pequeño, que apenas transita la escuela primaria, todo el proceso judicial y de contención psicológica que lleva cuatro años desde radicada la denuncia.
Desde la Agrupación Contra el Abuso Sexual (ACASe), miembros de la Mesa de Violencia y Abuso que funciona en el Concejo Deliberante, sostuvieron que nunca estarán conformes con estas medidas, ya que “se trata del delito más aberrante dentro del Código Penal y es minimizado”.
En ese sentido manifestaron “que estas personas que consiguen la libertad, con estas condenas en suspenso, en la mayoría de los casos son profesionales que no tienen antecedentes y les dan beneficios, que existen legalmente, pero que no modifican la situación respecto del peligro que representan”.