Piden atención social urgente para los chicos de las 150 viviendas
Varias madres son las que están más alarmadas por lo ocurrido. Algunas de ellas, peregrinan desde hace tiempo intentando encontrar un lugar de internación para sus hijos por su adicción al alcohol y los estupefacientes. Desde el CPA, dicen que aumentaron las consultas de familias y jóvenes adictos desde el homicidio de Arroyo y el Juicio Oral y Público contra Alejandro Zunino, César Mindurry y Andrés Villacampa. Y que crecen las estadísticas de adicciones y violencia.
A diez días del crimen de Alfredo Arroyo, los vecinos que viven en el barrio de las 150 viviendas intentan recomponerse del horror y al menos algunos de ellos, a pensar en una salida a una realidad demasiado difícil de sobrellevar.
La mayoría, reconoce que el principal problema del barrio lo componen los chicos que circulan en pandillas y el círculo “vicioso” en el que están inmersos: consumen droga y alcohol casi diariamente, roban para comprarlos, y se ponen violentos por el efecto que les provoca.
Muchos de estos chicos, cuentan con antecedentes policiales diversos y con órdenes de los jueces que intervienen para que se sometan a algún tratamiento, pero la mayoría nunca concurre y la historia de violencia continúa su curso.
Sin embargo, la muerte de Alfredo Arroyo provocó reacción en algunas familias y en el último tiempo, se notó al menos un principio de movilización para buscar un camino alternativo.
El responsable del Centro Preventivo de las Adicciones, Lic. Fabián Bottini, confirmó que en las últimas semanas se dio un fenómeno bastante singular. Por un lado, aparecieron madres o familiares preocupados por la adicción de adolescentes que forman parte de estas pandillas que manifiestan su temor a que su hijo cometa un delito semejante o que sea víctima también de la violencia de sus pares, pero también se acercaron jóvenes que tienen causas pendientes para cumplir con los tratamientos indicados. En este último caso, la reacción habría estado relacionada con el Juicio Oral y Público en el que se condenó a los tres jóvenes sampedrinos Alejandro Zunino, César Mindurry y Andrés Villacampa, porque “no quieren que les ocurra lo mismo” aunque pocos lo dicen abiertamente.
Bottini también explicó que las puertas de la institución están abiertas para recibir a todos los vecinos que deseen reunirse y organizar campañas, estrategias, etcétera, pero que no existen soluciones mágicas.
“Nosotros no podemos buscar chicos por las esquinas, si no se acerca la familia o los mismos chicos, porque no es nuestra función. Siento que no conformamos a nadie, pero tenemos nuestras limitaciones. Es cierto que las estadísticas crecen y que el perfil de pacientes que vienen es cada vez más violento… los niveles de violencia son increíbles y las causas por las que se los derivan son por delitos cada vez más graves”, explicó el responsable del CPA.
Madre desesperada
El caso de una mamá de este barrio conflictivo puede ser emblemático de lo que allí sucede. Su hijo, menor de edad, es adicto desde hace tiempo pero recién ahora la mujer consiguió una orden para internarlo en un centro de rehabilitación. “Aspira pegamento en bolsitas o fuma porros. No es un mal chico, porque no es violento, pero tengo miedo porque se junta con chicos que sí lo son, y mañana la víctima puede ser él”, dice.
Ella, como tantos otros vecinos saben que hay testigos que vieron y escucharon parte de lo que ocurrió la noche que mataron a Alfredo Arroyo pero que no hablan “por miedo”. Hablan también de un bar ubicado en una esquina cercana que les vende alcohol y es un lugar frecuente de reunión. “Un día, uno de los chicos que vive ahí y tendrá 15 años salió con un arma y le dije, querido por favor dejá eso. Pero para ellos es lo más normal”, explica esta mujer. Dice que por eso, pidió “por favor que internen a mi hijo” pero los trámites demoraron largo tiempo.
Desde el CPA, aclaran que en muchas ocasiones, las familias sólo buscan como solución una internación pero que no todos los pacientes adictos pueden ser derivados a un centro. “Por ahí lo piden por desconocimiento, pero depende de muchos factores que se les otorgue una internación, cuánto hace y con qué frecuencia consume, de qué tipo de droga se trata, etcétera. Eso no quita que se los pueda incluir en una atención en el centro de día, o en la terapia de dos o tres veces por semana”, indicó Bottini al respecto.
Pero un cincuenta por ciento de los chicos que asisten están obligados por orden de algún juzgado, porque tienen antecedentes policiales. Si no concurren a la consulta, se le informa al juez de las ausencias pero es cierto que pocas veces se toman medidas y todos los procesos tardan largo tiempo.
Pero por supuesto, todos esos chicos, incluso los que son internados, tarde o temprano vuelven a sus casas y se reincorporan a su hogar que no siempre resulta precisamente un lugar de contención.
En investigación
Pocas novedades se informaron en torno a la investigación del crimen de Alfredo Arroyo, luego de que se confirmara que el único detenido Leandro Sabino de 18 años, se había negado a prestar declaración indagatoria y que su defensa solicitó la excarcelación.
La fiscalía, en medio de un paro de actividades de los empleados judiciales que complica y demora el trabajo de todas las dependencias nicoleñas, aguarda ahora el resultado de diversas pericias que se solicitaron y que como es sabido, demorarán un largo tiempo. “Esto recién empieza, tenemos claro que la investigación va a llevar un año de trabajo”, comentó una fuente de esa fiscalía cuando fue consultada, refiriéndose a la posibilidad de que en el transcurso de esa tarea aparezcan novedades que por ahora son sólo sospechas como por ejemplo la participación de una tercera persona cuya identidad por el momento no se da a conocer.
Estadísticas
Según las estadísticas del mes de Agosto, el Centro Preventivo de las Adicciones atiende actualmente a unos 36 pacientes, de entre 15 y 25 años. Pero también a 19 familias que tienen hijos o jóvenes adictos que se niegan a iniciar un tratamiento, y buscan allí una solución.
El 50% de estos jóvenes fue derivado por una orden judicial dado que cuentan con alguna causa pendiente.