Desde que en 2007, en plena campaña electoral de “Cristina, Cobos y vos” —que en San Pedro era Mario Barbieri—, el Concejo Deliberante aprobó una excepción a la ordenanza San Pedro 2000 para la construcción de un hotel 5 estrellas en el terreno de barrancas que el Automóvil Club vendió, según contaron ellos, en 400 mil dólares al empresario Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo, la obra no para pero tampoco termina.

El monumental edificio está en pie y su apertura genera expectativas desde el primer día porque implicará un atractivo turístico de gran relevancia, la generación de puestos de trabajo y el desarrollo de un tipo de turismo que San Pedro todavía no tiene.

En el medio, una causa penal por administración fraudulenta involucra al estudio de arquitectos, al poder político local y a una empresa, Polo Industrial S. A., que todos los años dice que “falta poquito” para inaugurar.

El último capítulo de esa sucesión de escenas triunfales que anuncian una pronta apertura fue en diciembre de 2020, con la presencia del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, a quien Juan Fera, uno de los propietarios del hotel, le dijo que tiene intenciones de inaugurar a fines de 2021.

En los últimos meses, la causa penal que tiene como principales protagonistas a los arquitectos Alberto Raúl Antoliche y Jorge Oscar Santiago, del estudio que tuvo a su cargo el diseño e inicio de la obra, se reactivó por orden de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense que conduce Julio Conte Grand. La directiva fue para la fiscal María del Valle Viviani: profundizar la investigación para elevar el caso a juicio oral y público o desestimarlo si no hay elementos suficientes para sostener la acusación.

Hace dos semanas, La Opinión consultó al arquitecto Walter Ceriani, actual responsable de la construcción, sobre la visita de peritos que habían llegado para, precisamente, realizar pericias y redactar una acta de constatación vinculada a la causa. El profesional dijo que no había nada vinculado a ello y que “se están haciendo trabajos de hormigón” en el subsuelo.

“Estamos trabajando para terminar el hotel en diciembre”, aseguró el arquitecto Ceriani.

Ese diálogo ocurrió el 8 de marzo a las 16.07. La Opinión consultó al arquitecto porque circulaban versiones acerca de esa pericia judicial. El profesional negó que hayan ocurrido. Este medio confirmó, ahora, que en efecto ocurrieron y que están íntimamente vinculadas a la reactivación de la causa penal que enfrentan los predecesores de Ceriani en la conducción de la obra.

La causa comenzó a fines de 2014. Cuando La Opinión publicó la primicia de esa denuncia penal, el arquitecto Antoliche no había sido notificado. Se enteró por este medio. La primera funcionaria del Ministerio Público Fiscal a cargo de la instrucción fue la destituida Gabriela Ates.

Luego, cuando ella quedó afuera de la UFI 7, la subrogó Viviana Ramos. Ahora, con la designación de María del Valle Viviani, le toca a la nueva fiscala de San Pedro el proceso que sigue para llevar el caso a juicio oral o archivarlo, según corresponda.

Por razones que nunca fueron explicitadas con detalle, la empresa Polo Industrial S. A., de Víctor Fera, y Antoliche rompieron relaciones. En malos términos, aseguraron en su momento quienes estuvieron cerca. A esa ruptura, sobrevino la denuncia penal. Tras prescindir de los servicios del estudio de arquitectos, la firma propietaria del hotel San Julián ahora Azahar Spa los acusó de “administración fraudulenta”.

La denuncia señaló falta de entrega de mercaderías; anomalías constructivas; vicios de proyecto, dirección y construcción; trabajos pagos que debieron rechazarse y volve a hacerse; fallas en el cumplimiento de las reglas de arte inherentes a la obra; generación de mayores costos; doble ejecución de tareas; entre otras.

La empresa acusó a los arquitectos de desviar materiales para otras obras, en connivencias con subcontratistas vinculados a la política y, en particular, a la gestión de Mario Barbieri como intendente.

En el expediente aparecen imputados los contratistas Miguel Ángel González, Juan Ramón Villalba y Cristian Bustamante. También se nombran en las declaraciones apellidos como González, Wolf, un arquitecto Acosta y hasta aparece Mario Macchi, que se hizo cargo luego de que, en septiembre de 2013, Antoliche y Santiago se fueran de la obra.

Mientras tuvo a su cargo la causa, Ramos tomó algunos testimonios, pidió enviar la causa a Capital Federal pero se lo denegaron y recibió un reto por parte de la jueza de Garantías María Laura Vázquez, fallecida en 2017, quien la instó a trabajar en el expediente, “ante la falta de medidas de investigación”.

Ahora, la causa se reactivó con la orden de Procuración y Viviani tomó medidas al respecto. Lo más importante para la causa son las pruebas que puedan surgir de las pericias relacionada con los materiales utilizados, puesto que la acusación contra los arquitectos es que los habrían reemplazado por otros de menor valor o que los habrían desviado, por lo que faltarían de la obra siempre en construcción.

En el caso interviene el Coordinador de la Unidad de Investigacion de Delitos Economicos de la Procuracion General bonaerense, Juan Manuel García Blanco.

Cuando Viviani fue en enero con integrantes de esa unidad, la Policía en función judicial y los peritos designados para evaluar la situación que está denunciada se labró un acta de constatación que forma parte del expediente judicial en trámite y cuyas definiciones dependerán, en buena medida, de los resultados de las pericias, que son complejas pero permitirán saber si lo que la empresa denunció tiene asidero y amerita un juicio oral y público.

En el fuero civil, los imputados en la causa penal fueron demandados por daños y perjuicios ante al Juzgado Nacional de primera instancia número 78, donde también está la causa en la que los arquitectos demandaron a la empresa para reclamar honorarios por la construcción de las 15 viviendas del denominado barrio San Julián, construido por Polo Industrial en terrenos fiscales a modo de canon por el usufructo de la barranca y para desalojar a las familias que residían allí.

El Juez que interviene en la demanda interpuesta por los arquitectos falló a favor de ellos, basado en dos testimonios que Víctor Fera y sus abogados consideran falsos: los de Mario Barbieri y Miguel Ángel González.

A raíz de ello, la empresa Polo Industrial S. A. apeló recientemente ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Nación y denunció a los arquitectos Raúl Alberto Antoliche y Jorge Santiago; al exintendente, exdiputado nacional y expresidente del Concejo Deliberante Mario Barbieri; y al constructor y exfuncionario municipal Miguel Ángel González por “presumible comisión del delito de estafa procesal”: falso testimonio.

Mario Barbieri y Miguel Ángel González fueron presentados como testigos en la demanda de los arquitectos para reclamar esos honorarios por las viviendas del barrio San Julián. La empresa Polo Industrial sostiene que sus declaraciones “poseen un contenido falso para apuntalar” el contrato verbal que adujeron Antoliche y Santiago para la construcción de esas casas.

“La construcción de las viviendas se encontraba a cargo de la Municipalidad de San Pedro, conforme la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante, y la participación de Polo Industrial en la construcción se limitaba al aporte de la suma de $ 400.000 que fue abonada en su totalidad”, sostuvo la empresa y acusó a Barbieri y González de “cómplices” de las “maniobras defraudatorias” de los arquitectos.

En la denuncia por falso testimonio, la empresa señala que Mario Barbieri y los arquitectos tienen “Una relación de amistad que nace con el proyecto de construcción del hotel y se afianza en el club Atlético Echagüe, donde realizaban actividades con sus familias”, una entidad ubicada en la ciudad de Paraná, Ente Ríos.

En su declaración, a favor de Antoliche y Santiago, Barbieri dijo que la empresa pagó los 400 mil pesos previstos para construir las viviendas del barrio San Julián en terrenos fiscales y que además aportó “mano de obra y dirección final del proyecto”, sin la firma de documentación alguna porque todo fue “producto de la buena voluntad de las partes”.

Los abogados de la empresa de Víctor Fera fueron más allá y sostuvieron que hay un interés” de Mario Barbieri para “avalar mediante su falso testimonio la posición procesal de los arquitectos”. En ese marco, lo acusaron sin más:

“En su carácter de intendente de la ciudad de San Pedro habría participado de maniobras delictivas de sustracción de materiales y mano de obra de Polo Industrial en complicidad con los arquitectos”.

Miguel Ángel González, por su parte, en su declaración como testigo de parte de los arquitectos dijo que para construir el barrio pararon “unos meses” la obra del hotel y se trasladaron a la de las viviendas. Aseguró que él mismo trabajó para levantar esas casas.

La empresa señala que en la causa penal que ahora investiga Viviani hay testigos que indican que la obra de las 15 viviendas del barrio San Julián la ejecutó la empresa J y J Construcciones, también de estrecho vínculo con el Gobierno de Barbieri y que, según refieren esos testimonios, la contrató el Municipio.