Peligra el plan de seguridad por la ausencia de Mayores Contribuyentes
El programa que debatió el Concejo Deliberante necesita de la aprobación de los integrantes de la Asamblea de Mayores Contribuyentes para aplicar una sobretasa del 5 por ciento, lo que implicaría un ingreso máximo de 3 millones de pesos destinados a las políticas de seguridad. El ambicioso proyecto de Ramanzini que debatieron y completaron los ediles del resto de las fuerzas políticas está al borde de quedar como un texto imposible de llevar a la práctica.
La Asamblea de Mayores Contribuyentes que no pudo sesionar por falta de quórum hace dos semanas fue convocada nuevamente para este jueves. El objetivo es tratar un incremento del 5 por ciento en todas las tasas y derechos vigentes para la puesta en marcha de un programa de seguridad presentado por el concejal Ariel Ramanzini y trabajado en comisión con el resto de los ediles de la oposición.
Si otra vez la asamblea queda trunca, lo mismo sucederá con la ordenanza preparatoria, por lo que el ambicioso proyecto que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad y con recaudación de fondos afectados para que el Ejecutivo ponga en marcha un programa integral de seguridad ciudadana que contiene prerrogativas específicas para que el Estado local implemente acciones que tiendan a contribuir con la materia, cuya responsabilidad es del Gobierno provincial.
El proyecto original de Ramanzini fue revisado y corregido en la comisión de Seguridad que preside Américo Quintana y aprobado con el consenso de todos los ediles. Pero para que pueda llevarse adelante hacen falta recursos, por ello la decisión de incrementar las tasas en un 5 por ciento y destinar lo recaudado exclusivamente para el objetivo previsto.
Un fondo afectado
El cálculo del 5 por ciento de aumento sobre todas las tasas y derechos implica un incremento de ingresos de alrededor de 3 millones de pesos desde el punto de vista de la emisión, aunque luego hay que calcular la cobrabilidad de cada una. Con un promedio del 60 por ciento, la suma podría alcanzar $ 1.800.000.
La ordenanza crea una cuenta especial, un fondo afectado destinado a la compra e instalación de cámaras de seguridad, equipamiento tecnológico para “apoyo logístico” en materia de prevención y seguimiento de delitos; capacitación del personal del Centro de Monitoreo; equipamiento policial; y difusión sobre la existencia de organismos locales, provinciales y nacionales de asistencia a la víctima y de programas preventivos.
En ese sentido, en el Ejecutivo entienden que la sobretasa permitirá sumar a lo que ya el Estado local se ha puesto sobre los hombros, como las reparaciones y el pago de combustibles a la Policía, que el año pasado le costó alrededor de $ 1.500.000 a las arcas municipales.
Si bien es cierto que con la cobrabilidad estimada no alcanzaría para mucho más que eso, también lo es que la ordenanza preparatoria permite al Gobierno fortalecer iniciativas propias como el convenio con el Ministerio nacional y la Universidad de San Martín. Además, dato nada menor en año de elecciones, habilita a hacer publicidad de las acciones emprendidas en la materia, a la que el electorado le presta bastante atención, por cierto.
Una planificación estratégica
El plan tiene una mirada política porque, ya se sabe, todo instrumento es una teoría en acto. El proyecto se propone como “un marco de actuación para contribuir a la disminución de los índices delictivos, protección de vidas, bienes públicos y privados, así como también desarrollar acciones vinculadas a la prevención y protección ciudadana con énfasis en un abordaje multidisciplinario de todas las Áreas de la Municipalidad y con participación de los vecinos”.
En algunos puntos resulta extraño que el plan establezca como objetivo “elaborar un programa de acciones”, aunque se refiere a la prevención en términos de definir “las prioridades de la ciudad”, las que deberán contar con la participación vecinal.
La comisión de seguridad del HCD encabeza reuniones con los organismos vinculados al tema. Ya estuvieron con el Comisario y los representantes del Ejecutivo, y harán lo propio con los fiscales.
Ejecutar y dar explicaciones
El Ejecutivo deberá entregar mensualmente un informe sobre el cumplimiento de los objetivos que prevé la ordenanza, que si no es aprobada por la Asamblea de Mayores Contribuyentes o su tratamiento se cae producto de la falta de quórum, será votada nuevamente sin el incremento de tasas para que el plan quede de todas maneras, aunque sin los fondos no será más que una expresión de deseo.
Entre las prerrogativas a las que se ve obligado el Gobierno están las de conformar estadísticas que permitan definir sectores prioritarios para la instalación de cámaras; la creación de “otros medios de prevención y atención inmediata a la víctima”.
También la elaboración de un “mapa del delito” con las denuncias y tipos de delitos “cometidos por barrios o sectores de la Ciudad”, junto a la elaboración de “un mapa social con características demográficas de barrios más conflictivos, tendencias socioeconómicas y otros índices que permitan establecer sectores vulnerables”; y el patrullaje con móviles municipales.