Paro docente: Feb y Suteba adhieren en San Pedro a la convocatoria en reclamo a la condena a un docente en Chubut
Los sindicatos nacionales DAC y Ctera, a los que tributan los principales gremios bonaerenses con representación en San Pedro, anunciaron una medida de fuerza en todo el país para este miércoles. El paro afectará el dictado de clases, aunque todo depende de cada docente en cada escuela.
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Sindicatos docentes de todo el país convocaron a un paro para este miércoles en protesta por la condena al extitular de un gremio de Chubut que fue condenado por el incendio en la Legislatura de esa provincia en 2019, lo que fue considerado una “persecución gremial”.
La medida de fuerza fue confirmada a nivel nacional por Ctera y DAC, los sindicatos a los que tributan Suteba y Feb de la provincia de Buenos Aires, que son los que tienen representación mayoritaria en San Pedro.
Aunque el paro depende de cada docente en cada colegio, desde los gremios locales consideran que la medida de fuerza afectará de manera significativa el dictado de clases en la ciudad, puesto que esperan un “alto acatamiento”.
El fallo de la Justicia condenó a Santiago “Jimmy” Goodman, extitular de la Asociación de Trabajadores de la Educación (Atech) por “incendio gravoso” ante un incidente ocurrido en el marco de una protesta en la Legislatura de Chubut en septiembre de 2019 luego del fallecimiento de dos docentes en un accidente en la ruta 3.
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En una reunión extraordinaria de la comisión directiva de la DAC resolvieron convocar al paro en “repudio a la criminalización de la protesta y a la persecución gremial”, pero también en reclamo de recomposición salarial par docentes en todo el país y en “rechazo a la implementación inconsulta de las cinco horas semanales extra de clases”.
Por su parte, Ctera consideró “vergonzoso” el fallo condentaorio contra Goodman y señaló que durante el juicio “se demostró el espionaje a las organizaciones que luchaban contra el feroz ajuste del gobierno provincial” de Chubut.
La defensa de Goodman apelará la sentencia y los sindicatos docentes consideran que se trata de un intento de “criminalizar la protesta social” para “acallar las voces de quienes defendemos los derechos de los trabajadores, de condicionar y estigmatizar a quienes estamos al frente de las organizaciones”.
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