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sábado, mayo 8, 2021

Para terminar el jardín de Banfield destinarán el mismo monto del presupuesto original, $ 17 millones

El gobierno nacional enviará el dinero al Municipio, que se hará cargo de administrar la obra que está paralizada.

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El intendente Cecilio Salazar había anunciado que el Municipio se haría cargo de terminar la obra del jardín de Banfield, paralizada desde el año pasado y cuya inauguración estaba prevista para diciembre de 2017.

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En el Ministerio de Educación, el jefe comunal firmó el convenio con el director de Despacho, Emiliano Tagle, para la transferencia de los 16.720.993 pesos que hacen falta para continuar la construcción, de la que según dijo el propio Salazar, resta un 35 por ciento.

El intendente fue a la reunión junto al secretario de Obras Públicas, Ariel Álvarez, y al director de Obras, Agustín Vaca, con quienes repasaron aspectos de la tarea que retomará el gobierno local “en el menor plazo posible”, según anunciaron.

La construcción del jardín de Banfield comenzó en mayo de 2017, tras una licitación en la que resultó adjudicada la unión transitoria de empresas conformada por las firmas Escarbajal Ingeniería SRL y Bahía Blanca Viviendas SRL, que ganaron otras obras similares en distintos puntos del país a las que ahora el gobierno nacional les rescindió los contratos.

El plazo era de seis meses, por lo que el jardín tenía que estar listo en diciembre de ese año, para que cuando comenzara el ciclo lectivo 2018 los 300 bancos disponibles que iba a sumar al complicado panorama de vacantes del nivel inicial local fueran ocupados.

El presupuesto era de poco más de 17 millones de pesos, un monto similar al que ahora girará el Ministerio de Educación para que el Municipio termine el proceso de construcción, que quedó paralizada en el 65 por ciento de la obra.

El año pasado, el futuro jardín del barrio Banfield fue objeto de una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri que presentó ante la Justicia la exdiputada Margarita Stolbizer “para que se investigue si ha existido malversación de recursos públicos, administración fraudulenta y/o violación de los deberes de funcionario público”.

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