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    Para Pueblo Doyle, la solución a la inseguridad está en “que se vayan los Bianchi”

    Los vecinos de la localidad se quejaron durante las últimas semanas de múltiples hechos que endilgaron, como lo hacen desde hace años, a la familia Bianchi, que llegó a la localidad cuando el padre de familia fue a cumplir arresto domiciliario. El lunes fueron a la Delegación de Santa Lucía, a la Fiscalía y a la Municipalidad. Ayer Guacone estuvo en Doyle para analizar soluciones y reunirse con las partes. La familia estaría dispuesta a mudarse. Los límites de la Justicia. El problema de “expulsar al distinto”.

    5 de noviembre de 2014 | 10:51
    Para Pueblo Doyle, la solución a la inseguridad está en “que se vayan los Bianchi”

    La culpa es de los Bianchi” repiten a coro en Pueblo Doyle desde hace alrededor de siete años, cuando el padre de familia se radicó en el pueblo gracias al beneficio de arresto domiciliario para purgar una condena por un asesinato. El Patronato de Liberados estaba a su cargo. En la localidad sostienen que desde ese momento, todo cambió. Pareciera que todos los males del mundo llegaron con ellos.
    La queja se hizo extrema el lunes cuando hubo protestas en la Delegación de Santa Lucía, en la sede de Fiscalía y la Municipalidad. “Que se vayan del pueblo” fue la consigna.
    Por eso ayer, cuando el Intendente Guacone en persona les informó que había un “principio de acuerdo” para que la familia se retire de Pueblo Doyle con ayuda municipal, los vecinos celebraron, aunque se mantienen en alerta hasta tanto suceda lo que dijo el Jefe Comunal, lo que ellos entendieron y lo que los señalados en cuestión estén dispuestos a hacer, puesto que no todo coincide.

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    El principio de acuerdo
    “Dijo que iban a erradicar a la familia, nos prometió que iba a buscar la posibilidad de erradicarla pacíficamente, sin que los vecinos actúen, porque los vecinos están dispuestos a todo”, confió a La Opinión uno de los que participó en las protestas, luego de la última reunión con el Intendente Guacone, que fue a Doyle, habló con los manifestantes enojados, se reunió con la familia Bianchi, volvió a San Pedro y luego, de regreso a Doyle, se reunió otra vez con quienes reclamaban.
    El Intendente fue a la localidad a pedirles a los enardecidos habitantes “no apagar el fuego con nafta”. Su solución política fue la que por un lado esperaba el pueblo pero no la que se esperaría de un dirigente de su talla. Optar por sacar al “enemigo común” para “calmar a las fieras” no sería lo más adecuado en estos casos. Después de todo, a él le toca gobernar para ambos sectores.
    Junto al Delegado, el Subdelegado, el Jefe de la Policía de Santa Lucía Víctor Casas, la Secretaria de Desarrollo Humano Verónica Mosteiro –que por lo que dijo a este semanario su funcionario Carlos García fue la más coherente–, habló con la familia Bianchi, casi en plan de convencerlos para que se vayan.
    La casa donde habitan era de un hombre de apellido Castro. Los Bianchi aseguran que el fallecido hombre se las legó y una de sus miembros dijo que, en cualquier caso, se irían siempre y cuando les paguen por el terreno.
    El Delegado de Santa Lucía Martín Rodríguez explicó el resultado de la reunión a La Opinión: “Aparentemente ellos no quieren vivir más en Doyle, la decisión es darles un plazo para que puedan reubicarse. Ellos han reflexionado y tampoco quieren vivir en estas condiciones”.
    Confirmó que hay decisión del intendente de “ayudar” a la familia para que esa mudanza pueda tener lugar.
    “Nosotros no podemos sacarlos”, reconoció sensato Rodríguez y explicó: “El municipio les ofreció ayuda y ellos reflexionaron, porque no quieren vivir más en estas condiciones, ni en Doyle; están cansados de que los señalen”.
    “El compromiso de la familia está y de parte del intendente también. El lugar se lo buscarán ellos y se los ayudará como se ayuda a otras familias en situación de vulnerabilidad social”, detalló Rodríguez.
    Desde Desarrollo Humano –cuya Secretaria no atendió los llamados de esta redacción–, el Director de Comisiones de Fomento Carlos García explicó con precisión la postura de Verónica Mosteiro que, a decir verdad, fue la más centrada en medio de tanto caos estigmatizante.
    “Hay un principio de acuerdo sí, porque ellos tendrían un lugar donde se los podría asistir con materiales, también se les puede ofrecer algunos meses de alquiler, pero entendemos que esto no soluciona el problema”, reconoció García, quien señaló que Mosteiro estaba preocupada por lo que significaba desde el punto de vista social una política de “expulsión” del “distinto” de un territorio sin que sea la Justicia la que intervenga ante lo que los vecinos acusan, que es ni más ni menos que la comisión de múltiples delitos.

    Cambio de época en Doyle
    Desde que los Bianchi se instalaron en Pueblo Doyle y de a poco, unos y otros se fueron acostumbrando a la presencia del Otro. Los vecinos del pueblo, a regañadientes, se encontraron con vecinos que traían otra forma de vida. Alguna vez ya habían reclamado de manera colectiva, pero lo de esta semana fue mayor.
    Hay quienes dicen que el robo al Destacamento de la Patrulla Rural fue un cimbronazo insuperable. A la policía bajo el mando de Cristian Suárez le robaron armas, chalecos antibalas y municiones un domingo a la noche, cuando no había nadie más que un perro, lo que le valió al Subcomisario su relevo como titular.
    Una vez más, la acusación en el pueblo recayó sobre los Bianchi. Entre ese hecho y el del sábado, con un policía herido y Jonathan Bianchi internado con riesgo de vida tras recibir un balazo, pasó de todo. El relato de los vecinos ante el Fiscal Manso primero y ante Guacone después causó estupor.
    Los habitantes de Pueblo Doyle, cansados de no recibir respuestas ante las múltiples denuncias, decidieron el lunes, en medio de la torrencial lluvia, movilizar a las puertas de la Delegación Municipal de Santa Lucía que conduce Martín Rodríguez y de la que depende el Subdelegado de la localidad más pequeña, Adalberto “Festuca” Alvarez.
    Allí fueron alrededor de 150 personas en unos 40 automóviles. Cortaron la calle, quemaron gomas y pidieron a gritos: “Que se vayan del pueblo”. Firmaron un petitorio dirigido al Intendente y se fueron a la Fiscalía.
    Manso los recibió, los escuchó y les abrió el libro de actas para que dejaran asentadas todas las denuncias que quisieran.
    “Hace seis años hicimos la misma protesta, y esto se agravó hace diez días”, se quejaron los vecinos. “¿Qué va a pasar cuando salgan en libertad? Porque nosotros estamos amenazados”, advirtieron.
    “Hace muchos años que reclamamos que el pueblo vuelva a la normalidad”, señalaron los manifestantes.
    “El otro día robaron en el Destacamento y en dos minutos había más policía que gente en Doyle”, se quejó un vecino y agregó: “Cuando a nosotros nos pasa algo, siempre hay una excusa”. Otra vecina propuso: “Ya que estamos todos acá, denunciemos”. En medio de ello, un vecino que dijo haber sido robado en varias oportunidades se quejó: “Es el cuento de la buena pipa”.
    Manso explicó que “la prevención depende del Ejecutivo y la Policía, no de nosotros” y precisó: “Nos constituimos en Doyle y tomamos declaraciones. Tenemos tres causas por amenazas y una por el ingreso a una estancia”.

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    El hecho que desató la locura
    El sábado pasado, alrededor de las 20.00, uno de los menores integrantes de la familia señalada fue a cargar combustible en un ciclomotor a la estación de servicio del pueblo. Iba junto a una niña de diez años. A metros de allí fue interceptado por la policía, cuyos efectivos le pidieron documentación. A los pocos minutos, el resto de la familia y amigos que estaban en su casa llegaron al lugar. Desde entonces, todo fue un caos, hasta que se escucharon los tiros.
    Hubo golpes y forcejeos. Un policía fue atropellado por una moto y estuvo internado en el Hospital con múltiples lesiones en el tórax.
    El Jefe Distrital relató en las radios locales la versión oficial. Dijo que sus efectivos dispararon con un cartucho de estruendo y con postas de goma. En ese momento embistieron al policía y lo empezaron a golpear. En el forcejeo, cuando intentaban robarle el arma reglamentaria que llevaba en la cintura, se disparó y dio en Jonathan Bianchi. Señaló que había “como cinco manos” sobre la pistola.
    La familia de Bianchi dijo que el joven estaba desarmado y que recibió el balazo “por la espalda”. Testigos del hecho, que estaban refugiados en un comercio cercano, aseguraron que lo vieron pasar “decidido a tirar” y que las detonaciones comenzaron antes de que él llegara.
    Esta causa quedó en manos de la Fiscalía del Menor, ya que el joven que conducía el ciclomotor que desató el conflicto reviste esa condición.

    Una reflexión necesaria
    Para Doyle, los Bianchi son “el enemigo”. Son “no personas”. Los quieren “lejos de la tranquilidad del pueblo”. Son un “no-nosotros”. Están fuera del “clan”, cumplen el requisito del “no matarás”, que es “siempre y cuando sea un prójimo”, un “nosotros” cuya vida “vale la pena”, porque “al enemigo ni Justicia”.
    El lunes, a la vuelta de la Fiscalía, los vecinos lincharon a dos personas que aparentemente sacaban fotos. Las fuentes policiales y políticas coinciden en señalar que no eran “Los Bianchi”. ¿Y si eran? ¿Estaba bien que los apaleen?
    El debate por el Código Procesal Penal a nivel nacional viene bien para analizar la situación ¿Berni los hubiera expulsado sin más porque para Doyle esta familia es “extranjera” y “sospechosa” para la localidad?
    Este semanario publicó diversos casos de barrios atemorizados por una o dos familias. Cuando esos barrios se levanten y pidan la expulsión de “los malos de la película”, ¿cómo va a responder el Intendente? ¿A dónde los va a mandar?

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    • Edición N° 1179
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