Para enviar ayuda, Provincia pide que aprueben el “pacto fiscal”
La Legislatura bonaerense debate la adhesión provincial esta semana y el Gobierno provincial pidió lo propio a los municipios. Salazar, que depende de ayuda económica extra para cumplir con sus compromisos, espera que el Concejo apruebe la ordenanza este jueves. No incrementar la planta de personal y achicar gastos, los puntos fundamentales para obtener asistencia financiera.
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El intendente Cecilio Salazar y su secretario de Economía, Mario Sánchez Negrete, seguirán con atención la sesión extraordinaria del jueves en la que serán tratado el aumento de tasas por parte de los Mayores Contribuyentes, el Presupuesto 2018 (ver página 4) y, además, la adhesión local al denominado “pacto fiscal” con la Provincia de Buenos Aires.
La reforma del régimen provincial de Responsabilidad Fiscal municipal que aprobó el Gobierno de María Eugenia Vidal y al que propuso adherir a los municipios es similar al “consenso fiscal” que Macri impuso a las provincias.
La Legislatura bonaerense tratará esa adhesión esta semana, y todo indica que será aprobado sin problemas, sobre todo porque introduce la actualización del Fondo del Conurbano, un reclamo histórico de Buenos Aires.
Ello garantizará recursos suficientes para Vidal hasta el fin de su mandato: son alrededor de 40 mil millones de pesos para 2018 y 65 mil millones para 2019. Con esa proyección, la Gobernadora pide a los intendentes que adhieran a su pacto fiscal si quieren ser parte de los beneficiados por la inyección extra de recursos.
Eso sí: hay que cumplir a rajatablas con una serie de exigencias que a muchos municipios, entre ellos los complicados como San Pedro, les implicará hacer mucho más que buena letra.
Premios y castigos
El pacto fiscal bonaerense tiene tres puntos básicos insoslayables sin cuyo cumplimiento no habrá asistencia financiera de la provincia o la Nación vía adelantos de coparticipación provincial o Aportes del Tesoro Nacional (ATN): la planta de personal no debe crecer más que la población del distrito; la deuda municipal debe estar por debajo del 10 por ciento de los gastos corrientes; y el último semestre del mandato debe tener absoluto control en materia de gastos.
El municipio que termine el año con déficit –San Pedro será uno de ellos– no podrá incrementar sus gastos corrientes primarios por encima del Índice de Precios al Consumidor, lo que será todo un desafío.
La exigencia de que el personal no aumente más que la población incluye no sólo a la planta permanente sino también a los temporarios y contratados.
La provincia pretende que comience un proceso de homogeneización y armonización de las bases imponibles y alícuotas de las tasas que se cobran, para que las diferencias que existen entre cada distrito tiendan a desaparecer.
La mirada política
El secretario de Gobierno Silvio Corti consideró que los parámetros del pacto fiscal propuesto por Vidal son “cosas que ningún intendente puede negar que hay que hacer”.
“Tienden a transparentar la administración municipal y, fundamentalmente, a tener una política de cuidado del gasto y cierto parámetro en cuanto a los ingresos que tienden a que los municipios sean más eficientes y tenga mayor capacidad de darles respuesta a los vecinos”, analizó el funcionario ante La Opinión.
En el Municipio consideran que los objetivos que se trazaron al comienzo de la gestión “tienen una coincidencia total” con lo propuesto en el pacto fiscal, aunque el devenir de la economía local, sobre todo en este año –electoral, por cierto–, no muestra precisamente un celoso cuidado del gasto público.
“Esto propone una forma de administrar mejor los recursos. Hay que tener una política muy ordenada de ingreso de personal y de gastos corrientes que no superen ciertas pautas”, señaló Corti, quien consideró que “es muy atinado administrar bajo esos parámetros”.
El secretario de Gobierno reconoció que “no será una solución inmediata, en el caso de San Pedro”, que arrastra un problema estructural financiero que Sánchez Negrete dijo demorará alrededor de ocho años en sanearse.
Teléfono para Lacunza
El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, es el hombre más requerido por los municipios en estas últimas semanas del año. San Pedro no fue la excepción. Los llamados, las reuniones técnicas y las audiencias con el propio funcionario estuvieron a la orden del día.
Para Salazar y Sánchez Negrete, que solicitaron con tiempo una asistencia financiera extra para cumplir con los aguinaldos, la respuesta fue similar a la que recibieron otros municipios que pidieron dinero: “Hay que aprobar el pacto fiscal”.
Por eso, la semana pasada el Gobierno local echó manos de todos los recursos propios disponibles para pagar las horas extras, el salario y las guardias del personal de carrera médico hospitalaria, aguinaldos de los trabajadores de planta, sueldos de funcionarios políticos y dietas de concejales.
Para cumplir con ese compromiso utilizaron fondos afectados y descubierto bancario. “Todavía no llegaron los recursos comprometidos de la provincia, pero están por llegar”, aseguraron desde el Ejecutivo. Para que lleguen, hay que aprobar la adhesión a la reforma al régimen fiscal propuesto por Vidal.
