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    Para el Tribunal de Cuentas la comuna es responsable por “no cobrar”

    El organismo que controla las finanzas públicas emitió dictamen tras la denuncia presentada por el ex Diputado Polimante, que señalaba la falta de cobro de esos derechos de publicidad, propaganda e instalación de antenas dispuestos por ordenanza en 2004 y 2006. El informe señala que el Gobierno de Guacone no aportó la documentación solicitada y que no es posible determinar el impacto económico causado. Si hay sanciones pecuniarias, Barbieri, Guacone, los funcionarios responsables de finanzas y los concejales desde 2004 a la fecha deberán responder con su patrimonio.

    22 de diciembre de 2010 | 13:38
    Para el Tribunal de Cuentas la comuna es responsable por “no cobrar”

    La preocupación por el incumplimiento de las ordenanzas que permiten a San Pedro el cobro por derechos de publicidad y propaganda y canon por instalación de antenas recobró importancia este año, cuando el Ejecutivo local tomó la decisión de privatizar su cobro, tras reconocer su propia imposibilidad como Estado de hacerse cargo de esa tarea.
    A poco de comenzado el camino licitatorio que finalizaría con la adjudicación a la empresa Tercerización de Ingresos Públicos (Tip) S. A., una de las voces fundamentales que recordó la existencia de esas ordenanzas fue la del ex Diputado y líder de Espacio Abierto a nivel local Eduardo Polimante, quien transformó sus inquietudes en denuncias, una penal ante la Justicia, en la Fiscalía local, y otra administrativa, elevada el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.

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    Dictamen firmado
    Finalmente, el 1° de octubre pasado, el organismo que se encarga de controlar las finanzas públicas de los municipios bonaerenses emitió un dictamen firmado por el auditor Víctor Mario Teti, Contador Relator de la delegación Zárate, que tiene influencia sobre San Pedro, a la que La Opinión tuvo acceso en exclusiva.
    Ese dictamen señala que “la Municipalidad de San Pedro no ha dado cumplimiento con la ordenanza 5456 de fecha 12/11/2004, regulatoria de la instalación de Estructuras de Soporte de Antenas de Comunicaciones, la que establece en su artículo 19 la incorporación de un Canon a la Ordenanza Fiscal e Impositiva del Ejercicio 2005” y subsiguientes. Es decir: no cobraron, dejaron de percibir lo que podrían haber hecho.
    Además, indica que “no es posible la determinación de la base imponible a aplicar para el canon respectivo”, ya que no hay antecedentes en las Fiscal e Impositiva desde entonces, algo que sí aparece en la que fue rechazada la semana pasada por el Concejo Deliberante para el Presupuesto 2011.
    A su vez, el Tribunal de Cuentas se expide sobre la Ordenanza que regula el cobro del derecho de publicidad y propaganda, algo que tampoco el municipio hizo hasta ahora, atentos a su “incapacidad técnica” para realizarlo. “No se ha podido verificar los requisitos que deben contener los anuncios y carteles publicitarios en la vía pública, no pudiéndose cuantificar en esta instancia el impacto económico por su falta de aplicabilidad”, dice el documento.
    Al respecto, detalla que el cumplimiento en 2010 “se verificará dentro del expediente del Estudio de Cuentas correspondiente” a ese ejercicio, que finaliza por estos días.

    Informe paso a paso
    La tarea del Tribunal de Cuentas comenzó con una nota presentada por Polimante el 25 de julio pasado, que dio lugar a la conformación de un expediente para investigar desde el punto de vista administrativo el caso.
    El proceso del informe emitido por el organismo da cuentas de que el 09 de septiembre la Relatoría llegó a la ciudad y labró un acta con vencimiento al Intendente Guacone, en la que requiere documentación detallada sobre el tema en cuestión.
    Doce días después, labró una nueva acta donde deja asentado el retiro de las ordenanzas detalladas y constancia de “documentación no aportada por la Comuna en esa instancia”.
    Seis días más tarde, el 27 de septiembre, ante una ampliación de plazo solicitada por el Ejecutivo vía fax tres días antes, la Relatoría vuelve a San Pedro y labra una nueva acta en la que deja constancia, una vez más, de “documentación no aportada” y, además, de que “el procedimiento adoptado no permite el otorgamiento de prórrogas para el aporte de la documentación requerida”.
    Recién el 27 de noviembre, con firma del Jefe Comunal Pablo Guacone, el Tribunal de Cuentas recibe un informe con relación al acta labrada dos meses antes.
    El organismo verificó que respecto al cobro de derechos de publicidad y propaganda en la vía pública, la famosa ordenanza de “cartelería” fue aprobada el 11/08/2006 y que “la Comuna no ha aportado documentación que permita verificar el control y cumplimiento de las disposiciones técnicas que en materia de carteles y/o anuncios publicitarios allí se determinan”.
    Por las dudas, la Relatoría dejó constancia de que todas las ordenanzas referidas están “promulgadas por el Departamento Ejecutivo Municipal”.

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    Lo que está y no se usa
    El dictamen del Tribunal de Cuentas es lapidario y puede generar importantes consecuencias para quienes integraron el Ejecutivo municipal entre 2005 y la fecha, especialmente los intendentes Barbieri y Guacone, y los funcionarios a cargo de las finanzas públicas.
    Por supuesto, no escapan los concejales que desde entonces deberían haber controlado el efectivo cumplimiento de la ordenanza que el cuerpo del que forman parte votó.
    Ello significa que en el caso de que el organismo establezca sanciones pecuniarias, serán esos funcionarios los que deban hacerse cargo del monto total que, a priori, es millonario. Esta sería una buena noticia para los ciudadanos que saben que la mayoría de las costas que paga la comuna por errores propios y ajenos, recae sobre su bolsillo.
    Lo que vino a decir la Relatoría realizada por Víctor Mario Teti es que aquí pasaron seis ejercicios sin cobrar canon por antenas y tres de las que no se saben los detalles sobre la aplicación del derecho de publicidad y propaganda.

    El monto es millonario
    Si bien el Tribunal de Cuentas indica que “no es posible la determinación del monto imponible” en el caso de las antenas y que sobre la cartelería podrá cuantificar el impacto económico tras analizar el Ejercicio 2010, basta con analizar lo que señala la ordenanza Fiscal e Impositiva para 2011, rechazada por 15 votos contra 3 en el Concejo, ya que ahí sí está planteado cuánto piensa recaudar el Ejecutivo con la participación de Tip S. A. En la última sesión, el Acuerdo Cívico y Social manifestó su preocupación sobre los montos estipulados a cobrar en 2011 por el canon de antenas. Esos montos son 3.000 anuales hasta 30 metros de altura; $ 5.625 hasta 50 metros; y $ 8.750 más de 50 metros.
    Los concejales opositores consideran que esos montos son mínimos y que condicen con cerca del diez por ciento de lo que se cobra en otros municipios, por lo que señalaron la necesidad de que haya un ajuste en ese canon.
    Polimante también considera esos montos irrisorios, pero sostiene que ello obedece a que, en el caso de que tengan que pagar el retroactivo a través de una sanción del Tribunal de Cuentas, el cáluclo se hará precisamente sobre esos mínimos ceros.
    En el proyecto de Presupuesto 2011, el Ejecutivo prevé cobrar unos 4 millones de pesos en total por la aplicación de esas dos ordenanzas, algo que desde la oposición señalan como “subestimado”. Teniendo en cuenta sólo esa estimación realizada por el Gobierno de Guacone a través de su Secretario de Economía y Hacienda Jorge Génova, San Pedro se privó durante seis años de cobrar esos 4 millones, es decir 24 millones de pesos, promedio, que si avanzan las sanciones por parte del Tribunal de Cuentas, deberán volver al erario del bolsillo de sus representantes.

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    La causa penal
    Consultado sobre el dictamen, el ex Diputado Polimante explicó que recibió el informe que aquí se detalla con fecha 02 de noviembre de 2010, pero que lo único que hizo al respecto fue enviarlo a la Fiscalía, para ponerlo a disposición del Fiscal Marcelo Manso y sumarlo a la causa iniciada por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
    Esa denuncia comenzó a tramitarse en junio pasado, antes de que llegara al Tribunal de Cuentas, cuando Polimante elevó su inquietud a la Justicia para que los involucrados respondan “por no haber permitido que el pueblo de San Pedro perciba esos ingresos durante todos esos años”.

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