Para el Concejo, la empresa Caso S.A. no cumplió y debe pagar

Luego de la interpelación al Intendente por el servicio de transporte público, la oposición se tomó un mes para analizar la situación y ayer anunció la decisión que tomaron, en una conferencia de prensa en la que presentaron un pre dictamen consensuado entre el Acuerdo Cívico y Social, la Coalición Cívica, el PJ y Unión Pro, que genera una nueva polémica e instala un nuevo dolor de cabeza para el Estado local.
El dictamen rechaza los términos del acuerdo firmado por la empresa Caso S. A. y el Ejecutivo municipal el 25 de noviembre, luego de que la UTA protestara en las puertas del Municipio y de la casa del Intendente. Ese convenio, que dio por finalizada la relación contractual entre las partes había sido duramente cuestionado por la oposición, que reclamó su homologación a través del Concejo Deliberante.
En el mismo sentido dictaminó la Asesoría General de Gobierno y hasta los funcionarios del gabinete en plena interpelación al Jefe Comunal reconocieron que pudo ser un error. Tan es así, que el 24 de febrero el Ejecutivo envió –sí, como en todo este tema, meses después– el convenio para que el Concejo lo analice.
El análisis ya lo conocía la comunidad por boca de los ediles tanto en los medios como en las sesiones del HCD. Ahora, lo formalizaron en el dictamen, que pasa a las comisiones pertinentes para luego ingresar al recinto y ser votado.

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Que pague Caso
El proyecto de ordenanza presentado no sólo rechaza el acta acuerdo sino que además da por incumplido el pliego de licitación de la concesión del transporte que Caso obtuvo en 2007 y señala como fecha de ese incumplimiento “a partir del día 1º de marzo de 2011”, fecha en que la empresa dejó de prestar el servicio tras el convenio con el Ejecutivo y momento en que comenzó a operar con contrato precario la firma nicoleña Vercelli Hnos.
En ese sentido, ante el incumplimiento señalado, el proyecto considera extinta y desadjudica la concesión a la empresa Jorge Alberto Caso S. A. y “exhorta” al Intendente a “exigir las obligaciones, multas y garantías derivadas del no cumplimiento de los términos del contrato”. Es decir, a iniciar el proceso judicial correspondiente contra la empresa.
De la misma manera, autoriza a llamar a una nueva licitación pública dentro de los próximos 60 días de promulgada la ordenanza. Por supuesto, no menciona que Caso no sólo pidió un aumento de tarifas para sostener su emprendimiento al Concejo Deliberante que fue rechazado, sino que no fue atendido en las múltiples audiencias que solicitó hasta que se cansó y anunció públicamente que “le regalaba” todos los colectivos al Municipio porque la empresa había decidido no continuar con el negocio.

“Estafa a la comunidad”
Así calificó el Concejal Martín Pando a lo que sucedió con la firma del acta del 25 de noviembre. “Se estafó a los trabajadores, al contrato que existía con la comunidad y hay una estafa concreta al patrimonio público”, dijo el edil y aseguró que el dictamen presentado “viene a impedir que se consolide esa estafa y a exigir que la empresa pague”.
Por su parte, Sergio Rosa indicó que “el convenio firmado no encontró la cuadratura legal” y que había “un compromiso contractual, una obligación concreta” “La empresa puede rescindir el contrato si quiere, pero tiene que pagar. Es alrededor de 450.000 pesos”, señaló.
Matías Velo coincidió: “Caso tendrá que pagar por haberse ido, que cumpla con lo que debe cumplir”, dijo y agregó: “Esto es el primer resultado de la interpelación, que nos dio pautas para poder realizar este dictamen y brindar al Intendente y a la comunidad una herramienta muy importante para emprolijar la situación”.

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“Juicio perdido”
Para los abogados de la empresa concesionaria lo anunciado “es un hecho político” que “de jurídico tiene muy poco”, según expresó a La Opinión el Dr. José Aldazabal luego de escuchar la conferencia de prensa.
“Si eso se transforma en ordenanza, enmarca a la Municipalidad en un juicio destinado a perder”, sostuvo y señaló que consideran que “no hubo incumplimiento” por parte de la empresa que patrocina porque “nunca faltó el transporte” y “a la empresa nunca se la multó, ni intimó”.
“Es muy triste, estoy asombrado, porque hay personas que son abogados y lo que están haciendo no corresponde, que reclaman un millón de pesos si quieren, porque lo pierden”, dijo confiado el abogado.
Desde la empresa señalan que el convenio firmado es un acta acuerdo de voluntades en el que las partes deciden la rescisión y que es facultad del Ejecutivo hacerlo, a pesar de lo que sostienen los concejales con el dictamen de la Asesoría de Gobierno a su favor.
Para José Aldazabal, el convenio “es válido” y afirmó que la empresa “no tiene que hacer ningún juicio, los que lo inician son ellos” y repitió: “Lo pierden, no incumplimos nunca, la empresa firmó un acuerdo y no dejó un solo día a los sampedrinos sin transporte”.
En ese sentido, el abogado sostuvo que la empresa “firmó con quien tenía que firmar”, que el resto “es un problema político” y que “en todo caso deberán ir a la Justicia, que será quien decida”.
El abogado opinó además que esta situación genera un problema a futuro. “Las empresas que quieran meterse en esto van a ver lo patético que es esta cuestión política, qué empresa va a querer venir”, dijo y agregó: “Esto lo único que hace es espantar inversiones, y peor en el transporte, que no da ganancias, van a dejar sin transporte a la ciudad. Es tragicómico. Son los que nos dirigen; nuestros representantes”.
Para Sergio Rosa, la situación es clara respecto a las responsabilidades asumidas por las partes: “La empresa sabía que esto debía pasar por el Concejo Deliberante”, señaló y graficó: “No pueden decir ‘me voy y después la vendo, cómo es la cuestión’”.

Vercelli sigue precario
El dictamen y la ordenanza que se podría sancionar a partir de este proyecto indican que el Estado debería llamar a licitación en 60 días. Sin embargo, y a pesar de las críticas lanzadas a las decisiones que tomó Guacone en la cuestión, los concejales de la oposición no se metieron con el también criticado decreto que declara la emergencia en el servicio y le otorga un contrato precario a Vercelli hasta diciembre o hasta tanto se resuelva la problemática.
En ese sentido, la empresa nicoleña seguirá cumpliendo sus recorridos mientras dure la convocatoria para el llamado a licitación y se apruebe una nueva adjudicación, proceso en el que esa firma podrá participar.
Con esto, además, el Concejo Deliberante desarticula una de las estrategias del Gobierno municipal, que esperaba que mientras durara la emergencia y llegara diciembre, Vercelli analizara el mercado y recibiera una transferencia de contrato por parte de Caso.
Eso ya no podrá ser, en la medida en que el Concejo da por finalizada esa concesión y la desadjudica, aunque, como se verá, la última palabra la tendrá la Justicia.
“A partir de este dictamen, la comunidad va a tener garantizada la transparencia en cuanto al futuro prestatario del servicio. Hasta ahora corríamos el riesgo de que esto se resolviera entre las empresas y a espaldas de la comunidad”, dijo al respecto el Concejal Pando.
Rosa, por su parte, intentó llevar un manto de tranquilidad a la población que recibe una noticia como la anunciada: “Vercelli tiene una vinculación pautada, lo que planteamos es que el intendente convoque a una licitación. La prestación seguirá como ahora”, aseguró.

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