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    Para drogas, asesinatos, robos o motochorros Granados ofrece la Policía Comunal

    Cinco muertos en accidentes de tránsito, un hombre que pierde la vida por defender a una vecina de un robo, un joven desaparecido que aparece muerto y vejado en un pantano, droga por doquier con comercializadores liberados, ladrones que salen porque roban autos que “tienen la llave puesta”, motochorros, asaltos a mano armada de noche y de día, marchas de seguridad, policías recién egresados de refuerzo. Para todo eso y mucho más, el Ministro de Seguridad propuso que San Pedro adhiera a la Policía Comunal. Desde la gestión de Carlos Rotundo como Secretario de Gobierno que se discute la “municipalización”. En casi 20 años, la justicia ha comenzado a desentenderse de los “casos menores” por falta de tiempo y capacidad. La Opinión propone un repaso en las páginas 2, 3, 4 y 5.

    25 de febrero de 2015 | 10:03
    Para drogas, asesinatos,  robos o motochorros   Granados ofrece la Policía Comunal

    Dos marchas de autoconvocados por la inseguridad con uno u otro Intendente obligaron a las autoridades a mantener tres reuniones consecutivas con el Ministro de Seguridad Alejandro Granados.
    A los que reclaman les tiene sin cuidado quién gobierna o cuál es el nombre del responsable local, piden todo el tiempo “volver a la paz y caminar tranquilos por el pueblo”. Nadie les responde que eso no será posible a corto plazo y mucho menos probable la puesta en marcha de mecanismos que logren morigerar la situación que se vive.
    Los primeros efectivos prometidos por el Ministro arribaron a la ciudad para reforzar los esfuerzos que el Comisario Fabián Gallo despliega junto a escaso personal con experiencia y a fiscales que están atentos a sus pedidos y a otros miembros del poder judicial que se distraen liberando siempre a los detenidos por delitos menores.
    Si bien es cierto que la salida de Guacone genera esperanzas en la gestión de Giovanettoni, ahora oxigenada con dinero fresco y mejores lazos con Provincia y Nación que le facilitan Nicolás Macchia y Martín Baraybar, sólo “un mago” puede encarrilar el desmadre que mantiene a la ciudadanía en alerta constante frente al delito creciente.
    El Intendente abrió el juego a la oposición y a las entidades intermedias. Un gran acierto en comparación a su antecesor que pensaba que con un celular y el teléfono de “Daniel” era suficiente para conseguir que le nombren un comisario tan hot como ineficiente y por suerte de vacaciones durante todo este período en el que los negocios con el juego clandestino, por ejemplo, no han dejado de funcionar.
    El lunes, todos concurrieron a la cita con el Ministro y volvieron con la obligación de unirse o dejar que todo se prenda fuego en caso de poner por delante cuestiones partidarias y no entender que la debacle también caerá sobre ellos más temprano que tarde. El ojo atento de cada vecino impide actitudes mezquinas; ni olvido ni perdón para el que no asuma que la seguridad es clave para la convivencia y el desarrollo.
    En ese panorama, la propuesta de Granados para encolumnarse tras la Policía Comunal es tan absurda como imprescindible para que con recursos provinciales y decisiones locales se rediseñe un proyecto a largo plazo (sí, largo plazo) que restituya la credibilidad y apunte de lleno al Poder Judicial para obtener respuestas coherentes. Baste como ejemplo el ladrón de una camioneta que quedó en libertad porque el dueño “había dejado la llave puesta” o la de dos hombres y una mujer que viajaban con casi tres kilos de marihuana porque se evalúa que “se la iban a fumar toda”. Claramente esa no es la Justicia que está a la altura de las circunstancias, toda vez que deja a las fuerzas de seguridad a merced de los mismos a los que tiene que arrestar por tercera, cuarta o quinta vez.
    También hay que animarse a decirle al Gobernador Scioli y a su Ministro que enviar a esos “egresados express” que tienen 20 años con armas y patrulleros a la calle después de 11 años de gobierno es como el popular dicho “mono con navaja”. En una mano la gaseosa, en otra el sándwich y la vista puesta en el celular: dejan a estos pibes uniformados indefensos y sin autoridad ante cualquier delincuente medianamente entrenado en las calles.
    El pacto político y social se debe sellar sin demoras. En la reunión el Ministro preguntó qué presupuesto y cuántos empleados tenía el Municipio. La respuesta fue tremenda: 1000 empleados (1200 pueden ser) para 60.000 habitantes. En el distrito de Ezeiza donde Granados reina hay 340.000 habitantes y 1000 empleados. Del presupuesto ni hablar. Allí opositores y oficialistas pueden actuar en conjunto como lo hicieron el día de la última marcha y aunque sea “para la foto”. Quien se de el lujo de sacar los pies del plato en lo local pagará con sus votos. A nivel provincial y nacional los votantes sabrán en quién depositar su confianza a la hora de pensar en seguridad para Buenos Aires y la Argentina.

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    Dos muertes en una semana
    Los lamentos son incesantes. En lo que va de 2015 se registran cinco muertos por accidentes de tránsito. El último ocurrió el pasado jueves cuando Carmen Marelli de 92 años cruzaba a mitad de cuadra en calle Pellegrini al 800. Una camioneta le cedió el paso a la anciana que caminaba con bastón cuando apareció una moto en la que viajaban dos mujeres menores y la atropellaron para impactar luego contra un auto que estaba estacionado. La mujer sufrió graves heridas y falleció 24 horas después en el Hospital.
    El mismo jueves en horas de la noche un vecino del Barrio Futuro, Marcelo Rodríguez, salió a defender a una mujer que era víctima de un robo. Los malvivientes lo golpearon salvajemente y le provocaron lesiones que luego fueron irreversibles. El jefe de familia tiene dos hijas y falleció el domingo también en el Hospital. Son pocos los que se animan a hablar porque en la zona suele reunirse una barra de alrededor de diez jóvenes que tienen amenazados al vecindario. Hubo autopsia y se esperan acciones.

    Drogas Sociedad Anónima
    Desde el famoso “buen faso” al dichoso “buen porro” el consumo está casi naturalizado y se sabe que no será penado aquel que posea cantidad mínima para uso personal. Esa realidad parece una anécdota frente a los constantes operativos de secuestro de estupefacientes en zona urbana, rural y hasta de islas, que por suerte o milagro comenzaron a ser bastante más periódicos desde la llegada de la Dra. Viviana Ramos, que trabaja en conjunto con la policía.
    Tras la incautación, se espera la acción de la Justicia pero generalmente se olvida el caso antes de llegar a responder simples preguntas: quién la trajo, para quién, cuánta y quién o quiénes son los proveedores y sus conexiones. No estamos hablando de prevención de adicciones o de reducción de daños sobre el consumidor, sino de narcotráfico y comercialización.
    La cercanía con Rosario y el conurbano es una tentación para quienes ven en esta zona del corredor de la Ruta 9, por agua o por tierra, la posibilidad de pasar desapercibidos en el tráfico y transporte.
    El entramado encuentra buena acogida en todas las clases sociales pero el dinero grande va a los bolsillos de los que realmente pueden sostener una red que aprovecha la marginalidad y satisface la demanda de los que pueden pagar buen dinero por buena mercadería, esa “de la buena”.
    Basta prestar atención a los operativos registrados durante los últimos años, donde los involucrados se movían en un sector de alto poder adquisitivo, buena capacidad de maniobra y mejores relaciones para garantizar su impunidad.
    Aunque el hilo siempre se corte por lo más delgado, que son los pibes que terminan delinquiendo y hasta pagando con sus vidas los ajustes de cuentas, no hay que perder de vista a los verdaderos coordinadores del circuito local.
    El caso de María Florencia Cresta fue una de las primeras señales de lo que sucede cuando los negocios fallan y se cobran con las vidas de las personas.

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    Una ciudad vulnerable
    En Rosario la guerra narco está desatada entre bandas que ya son harto conocidas por sus prácticas en una red que se extiende inexorablemente. Desde hace algunos años esta zona de la provincia de Buenos Aires se ha transformado estratégica para varios personajes relacionados a los casos más resonantes de la Argentina.
    Por supuesto que “sin connivencia” o mirada indulgente de los poderes sería más difícil actuar.
    Desde el caso de los cigarrillos Rodeo, descubierto a mediados de 2003, en adelante, quedó en claro que el río Paraná y las costas sampedrinas eran una buena alternativa para vulnerar todo tipo de control e ingresar la mercancía a tierra firme para  desde allí efectuar su distribución en la ciudad y la región. Ahí se trataba de contrabando y la operatoria llevaba bastante tiempo sin desbaratarse.
    Hubo otros casos,  como uno sucedido en 2002 donde se estableció que un camión que trasladaba cigarrillos de contrabando y llevaba como destino Chile había partido desde San Pedro.
    Así fueron creciendo hechos más graves como la detención de un grupo de sampedrinos en San Nicolás, durante 2006, cuando navegaban por el Paraná a bordo de la embarcación Luchando Voy, propiedad de reconocidos vecinos de la ciudad, quienes asaltaron a otra embarcación proveniente de Paraguay que trasladaba todo tipo de mercadería electrónica. Los memoriosos recordarán también el secuestro de cajas que aparecieron misteriosamente flotando en el Paraná, cerca de una isla en San Pedro.
    Con el paso de los años hubo operativos y detenciones, pero poco a poco cigarrillos y casettes dejaron paso a las drogas.

    A sumar en kilos y toneladas
    San Pedro y Ramallo, en su límite con Vuelta de Obligado, fueron escenario de resonantes casos como el de “El Tonelero” donde hallaron más de tres toneladas de marihuana en 2013 o el del buque paraguayo detenido sobre el Paraná a la altura de nuestra ciudad en 2014 y que trasladaba casi tres toneladas de marihuana.
    Un último episodio, desbaratado en diciembre pasado, reveló que la droga no sólo pasa sino que ingresa a la ciudad por el río. En el sector de islas denominado Las Pirañas encontraron una importante cantidad de marihuana almacenada en un rancho. Siempre se sospechó que la droga se estibaba en la precaria vivienda para ser trasladada a la ciudad, donde se fraccionaba y distribuirla. ¿Quién era el propietario?
    Si se piensa en las rutas, sucede lo mismo. Los investigadores sostienen que  la mayor cantidad de estupefacientes que ingresa vía terrestre es cada vez de mayor volumen. Utilizan los caminos de acceso que derivan de la Ruta 9 y no siempre son los provinciales.
    Hay varias causas en manos de la Justicia en los que se constató que autos particulares y hasta remises que fueron especialmente contratados para  ingresar la droga al radio urbano. El último operativo efectuado el 7 de febrero logró establecer que por la Ruta 191 un grupo de personas pretendía ingresar marihuana proveniente de Rosario, la ciudad que concentra las conexiones con el narcotráfico que opera en el sur santafesino. Días después la Jueza Laura Vázquez consideró que los detenidos con casi tres kilos de marihuana debían ser liberados. No se preguntó si podrían ser  “la pata” sampedrina de una red mayor.
    Basta recordar que sobre el cordón de la Ruta 9, a la altura de Río Tala, al menos dos campos fueron alquilados para almacenar cocaína y desde allí armar su circuito para derivarla a distintos puntos del mundo. Queda bastante claro que San Pedro se transformó en uno de los ejes “fáciles” para que se opere con impunidad sin que con el paso del tiempo se sepa en qué quedan y cómo termina cada caso.    

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    Cigarrillos, Peras y Cable Coaxil…
    Varios de los más reconocidos empresarios relacionados con el narcotráfico en la Argentina hicieron base en San Pedro. Hay quienes aseguran que dejaron sus contactos y las conexiones necesarias mediantes testaferros e intermediarios que se hicieron cargo de sus negocios.
    Está claro que detrás del recordado contrabando de los cigarrillos Rodeo había “otra gente”  y que los imputados en su momento eran sólo contratados.
    Uno de los operativos más  resonantes de la Argentina fue el denominado “Rejas Blancas” y, vaya casualidad, la investigación se desprendió tras la detención de un sampedrino que hacía las veces de “dealer” entre los jóvenes y no precisamente entre los menos pudientes. Nadie esperaba que ese eslabón, tal vez menor, llevara a los investigadores hasta abogados y comerciantes de Zárate y Campana, desde donde lograron establecer la conexión con un cartel colombiano que manejaba la distribución en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, cuya producción tenía lugar en Moreno, en el oeste del conurbano.
    Producían cocaína para consumo en la red local y exportaban el líquido de su propia “cocina” al exterior. Fue una de las primeras causas que abrió el debate en el país sobre la categorización del negocio en escalas  sobre tráfico, consumo o producción.
    Como mensaje mafioso hay un ejemplo incontrastable con “vínculos” en nuestra zona. Se trata del empresario Julio Cesar Trama, quien cobró notoriedad cuando utilizó los medios de comunicación locales para ofrecer importante recompensa por las vacas que le habían robado en una isla de su propiedad cercana a Lechiguanas.
    Decían que nadie llegaba a entender las actividades comerciales de Trama ya que en muchos casos pagaba sumas sospechosas y elevadas por sus negocios ganaderos.
    En mayo de 2010 fue asesinado por sicarios en un campo que había comprado en el límite de Salta con Bolivia, caso que fue relacionado con los carteles que operaban en la frontera norte.
    Tiempo después, en diciembre de 2011, quien en ese momento aparecía como su mano derecha fue detenido en Santa Fe cuando transportaba casi 200 kilos de cocaína escondida en el doble fondo de un barril cargado con aceite. El sampedrino Juan José Galesky era quien manejaba la camioneta y fue condenado a siete años de prisión por ese caso. Nunca se supo cuál era el destino de la droga y si sucedió algo entre ellos que desencadenara el crimen del empresario.
    Por otra parte, en agosto de 2011 personal de la Policía Federal allanó un campo ubicado en Río Tala, a la vera de la Ruta Nacional Nº 9.
    Allí secuestraron 55 kilos de cocaína inteligentemente almacenada en el interior de las vainas de un cable coaxil, aunque siempre se aseguró que desde ese lugar habría partido al menos un cargamento con destino a Uruguay.
    “Gloria”, la mujer boliviana que vivió en esas tierras talenses fue detenida en Liniers acusada de liderar una organización criminal dedicada a la venta de drogas junto a Miguel Angel “Mameluco” Villalba, conocido por confesar su actuación delictiva y trabajar con el objetivo de ser candidato a intendente del partido de General San Martín, al norte del conurbano bonaerense.
    Si hasta aquí el lector va sumando se encontrará con un verdadero cargamento de datos que estimula la idea de un problema mucho mayor al que se entiende bajo el rubro “inseguridad”.
    Hay más casos. Queda como materia pendiente la permanencia en las costas de nuestra ciudad de un yate que luego fue secuestrado en San Isidro con una gran carga de cocaína procedente de Uruguay. Estuvo amarrado en el Club Náutico. Días después se informó que había una equivocación y que en realidad nunca había pasado por San Pedro, aunque las sospechas perduran.
    Para esa misma época también se estableció que en San Pedro habían habitado varios integrantes de una banda narco de origen colombiano. Adquirieron propiedades y contaban con testaferros. De un día para el otro se desligaron de todo y desaparecieron de los lugares que frecuentaban. A las pocas semanas parte de esa banda fue detenida por estar vinculada a las operaciones narcos con lazos internacionales.

    Peras blancas
    Sumamos a la memoria otro caso resonante, por sus vinculaciones locales que, según aseguran, aún hoy persisten. Se trata del denominado operativo “Peras Blancas”, cuyos principales imputados tenían propiedades y domicilio en nuestra ciudad.

    Carlos Ruvolo vivió en San Pedro y tenia lazos con una empresa automotriz que funcionó en donde hoy se encuentra el supermercado Vea. Tiene una propiedad en una de las zonas más valorizadas de la ciudad y hace pocos años adquirió un predio de importantes dimensiones que luego habría comercializado y donde hoy se construye uno de los emprendimientos privados de mayor envergadura de la ciudad.
    Ruvolo fue detenido el 27 de febrero de 2013 por personal de Drogas Peligrosas de la Policía Federal en su casa de Campana y está acusado de integrar un grupo que se dedicaba a enviar cocaína a Europa camouflada en un cargamento de peras.
    La noticia que involucró a Sebastián Serdá y Alejandro Salomón perdura como intriga entre los vecinos por tratarse de una causa que no arrojó toda la información que se esperaba. Además de tratarse de dos personas conocidas y que se movían en ambientes de un alto poder adquisitivo, ambos sujetos, aun hoy detenidos, en su actividad diaria se dedicaban al rubro de la carne y la seguridad privada, pero fueron descubiertos como uno de los mayores proveedores de cocaína con conexiones que nunca trascendieron. “Se les vendía a grandes personajes”, advirtió una mujer de vínculos estrechos con uno de ellos, que luego no volvió a hablar con la prensa sobre el tema.
    El episodio que refleja sobre qué niveles sociales penetra el flagelo de las droga tuvo repercusión cuando la Justicia intervino en una denuncia por estafa y allanó un departamento ubicado en un lujoso complejo de las afueras de la ciudad conectado al río. Si bien la cocaína hallada, se presume, era para consumo personal, habría despertado sospechas e incomodado a varios.

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    Policía comunal: la postura oficial
    El martes por la mañana La Opinión consultó al Secretario de Gobierno Martín Baraybar sobre la propuesta que escucharon en la reunión con el Ministro Alejandro Granados.
    Esto dijo: “Estamos en el debate, no tenemos postura definida aún. En el transcurso de la semana definiremos la posición del Ejecutivo al respecto”, dijo y confirmó que trabajan en una agenda para en el transcurso de los próximos días mantener reuniones con los concejales y las entidades intermedias para consensuar una respuesta al ministro.
    En el Gobierno hubo un entusiasmo inicial respecto de la idea, pero luego a la hora del análisis de la coyuntura económica y política comenzaron las dudas. La erogación podría ser importante, el municipio no está en condiciones de sumar más gastos y el Ministerio de Seguridad podría desentenderse de su responsabilidad actual para depositarla en la cabeza del Intendente.
    Por ello, los funcionarios locales solicitaron a La Plata los modelos de convenio para la Policía Comunal para analizarlos en profundidad y evaluar. De la misma manera, comenzaron una ronda de consultas con municipios que ya adhirieron al sistema, como el vecino Baradero, donde el índice de delitos es significativamente menor al de San Pedro.
    El Director de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad ya había propuesto la Policía Comunal a Guacone y tiene una posición a favor de la adhesión. Hoy a las 10.30 se reunirá con la Comisión de Seguridad del HCD que preside Américo Quintana.

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    • Edición N° 1195
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