Para cumplir con los compromisos, la mano entra en la caja de los fondos afectados
Cecilio Salazar ya le pidió a María Eugenia Vidal auxilio para afrontar el medio aguinaldo de diciembre, tras comprometerse a pagarlo antes de fin de año. Mientras tanto, los médicos siguen con medidas de fuerza a la espera de que se pongan al día con ellos. Para pagar salarios, todos los meses Sánchez Negrete necesita utilizar recursos afectados, entre ellos el Fondo Educativo. El costo laboral tan cuestionado en gestiones anteriores sigue en el tope de los problemas del Municipio.
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La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal recibió una carpeta verde de manos del intendente Cecilio Salazar durante el último encuentro que mantuvieron a fines de agosto. Allí, el sampedrino expuso como problema principal la situación económico-financiera del Municipio, un problema recurrente desde 2009 en adelante.
“Nosotros estamos en un delicado equilibrio, va a llegar el momento del aguinaldo y vamos a necesitar auxilio”, dijo Salazar sobre el pedido que, una vez más, elevó a la gobernadora.
Es que el Ejecutivo local no logra reunir los fondos para hacer frente a los compromisos ordinarios como el pago de salarios sin echar mano de los recursos afectados, por lo que, menos aún, podrá por sus propios medios hacer frente a la erogación extra del medio aguinaldo de diciembre.
El costo laboral, cuesta arriba
El Gobierno provincial inyectó fondos extras apenas asumieron ambas administraciones para el pago de la cuota de diciembre del sueldo anual complementario. En esa oportunidad fueron 6 millones. En junio, el Secretario de Economía Mario Sánchez Negrete dijo que necesitaban 13 millones para cumplir.
Ahora, tras el último aumento del 16,5 por ciento a los municipales, el pago del incremento a los médicos –que además reclaman que les abonen el retroactivo correspondiente y ya debaten en la provincia aumento para el segundo semestre–, el número de 35 millones que hacían falta en julio se vio incrementado y rondará los 40 millones.
En el último pago de salarios, depositados la semana pasada, el Gobierno tuvo que desembolsar el 10 por ciento de la primera cuota del aumento para el segundo semestre del año, que en diciembre tendrá la segunda con 6,5 puntos más, con el compromiso de pagar en tiempo y forma y, además, de hacer efectivo el depósito del medio aguinaldo antes de Navidad.
A ello debe sumarse el conflicto con los médicos, que este miércoles volverán al paro y que harán lo propio por 48 horas la semana que viene. La decisión de Cicop local de plegarse a las medidas de fuerza impulsadas por la central provincial –algo que no hicieron durante el primer semestre– tiene que ver con el silencio impuesto por el Ejecutivo para con ellos.
Sin novedades de las recategorizaciones, con quitas de bonificaciones en marcha y sin plan informado del pago del retroactivo a enero del aumento, para los profesionales de la salud local la relación volvió a fojas cero y es más parecida a la que tenían con el guaconismo que a la que habían logrado forjar a principios de año con Salazar.
Para colmo de males, el Director del Hospital Juan José Salgado no es interlocutor autorizado y sólo está para llenar papeles, mientras el tándem Herbas-Noto disimula la poca “buena onda” que mantiene con el que conforman Britos e Insfram.
El denominado “costo laboral”, al igual que en la era Guacone y durante el interregno de Giovanettoni, es preocupante, al menos en los términos en los que solían expresarse desde el Concejo Deliberante el Secretario de Economía Mario Sánchez Negrete y su compañero de bancada Sergio Rosa, todavía concejal y también titular de Anses.
Si el festejo sindical por el casi 40 por ciento de aumento hubiese sido en tiempos del sucesor de Barbieri, otros serían los temas que se debatirían en el Concejo Deliberante, donde, a excepción de reclamos muy puntales de Ramanzini y algunos esporádicos del Frente para la Victoria, no hay vocación de análisis sobre la gestión Salazar, menos en términos de la ejecución de los recursos.
Tanto es así que ni siquiera hubo reclamos formales por las excesivas demoras del Ejecutivo en enviar expedientes que ya deberían haber sido tratados hace tiempo y que, en algunos casos, obligarán a tratamientos exprés que podrían conllevar críticas.
La pesada herencia
“Nosotros semanalmente les pasamos un informe (a Provincia); estamos bien, pero tenemos problemas por las deudas que heredamos”, dijo Salazar. El latiguillo lo repite Sánchez Negrete y lo corean todos los funcionarios del Gobierno. Incluso en septiembre, diez meses después de haber asumido el Gobierno.
Cuando el equipo técnico del Ministerio de Economía, liderado por el Director Provincial de Coordinación Municipal y programas de Desarrollo Mariano Chamorro, estuvo en San Pedro antes del medio aguinaldo, destacaron que hay “una mejora” en las finanzas municipales respecto de años anteriores, que atribuyó en parte a la capacidad de recaudación propia que tiene el Estado local tras el último aumento de tasas. De hecho, la mejor performance en los ingresos propios permitió que el Municipio dejara de ser “el peor de la Provincia”
En el uso sistemático de fondos afectados para el pago de salarios que hace el Ejecutivo hay una alusión directa a la “pesada herencia”. Siempre lo hacen teniendo en cuenta “la ejecución de los recursos y gastos de las distintas jurisdicciones y la deuda que mantiene el Municipio con proveedores de bienes y servicios”.
“La situación económica y financiera del Municipio no permite afrontar con los recursos ordinarios las obligaciones en tiempo y forma”, la que, argumentan, se ve “agravada por el arrastre de varios ejercicios anteriores”.
Por ello, y ante la orden del intendente de hacer “un estricto control de las erogaciones privilegiando el pago de los salarios y la prestación de los servicios básicos”, desde marzo a esta parte, todos los meses, el Secretario de Economía utiliza fondos afectados para pagar los salarios en tiempo y forma, más o menos como hacían los generadores de “la pesada herencia”.
En números, el uso de fondos afectados
El “delicado equilibrio” del que habla Salazar es posible, mes a mes, porque suGobierno echa mano a recursos afectados para gastos ordinarios. Es decir que utiliza dinero que llega a las arcas municipales con un destino específico para otras cosas, sobre todo para el pago de salarios.
En lo que duró la emergencia económica, es decir desde el 6 de enero al 6 de julio, el Ejecutivo utilizó para gastos comunes unos 17,5 millones de pesos. La mano empezó a entrar en la caja de fondos afectados en marzo, cuando transfirieron 2 millones de la cuenta “Recursos ordinarios con afectación especial”, un dinero que envía provincia como “Fondo de fortalecimiento a los recursos municipales”.
En abril no necesitaron dinero extra pero sí en mayo, cuando había que empezar a pagar el aumento a los municipales, que implicó para el primer semestre entre el 16 y el 22 por ciento de incremento, dependiendo de la categoría. Fueron los primeros 3 millones del Fondo Educativo, que provocaron una tibia reacción de los consejeros escolares, que se contentaron con la devolución del dinero utilizado, que el Gobierno hizo doce días después y no tres, como dijeron los funcionarios públicamente.
El 3 de junio, a la hora de pagar los sueldos, Salazar y Sánchez Negrete echaron mano de 7 millones de pesos de recursos afectados: 2 millones de la cuenta “ordinarios con afectación especial” y 5 millones del fondo que recauda Nación y remite a las provincias para que envíe a los municipios, que deben destinar ese dinero exclusivamente a cuestiones relacionadas con la educación.
En julio fueron 10,5 millones: 3 millones de la cuenta de recursos ordinarios con afectación especial y 7,5 del Fondo Educativo.
Según explicaron desde el Gobierno, ese dinero se toma para pagar salarios y luego se devuelve, cuando llega la coparticipación o se reúnen los fondos necesarios para ello. El argumento es que es “más barato” que utilizar un descubierto bancario, que cobra intereses.
El Fondo Educativo, la rueda de auxilio
“No tengo ninguna duda de que lo que llega para educación va a estar para educación”, dijo el presidente del Consejo Escolar Gustavo Liloff, que ingresó al cuerpo en las elecciones 2013 por el Frente Renovador de la mano de Daniel Monfasani y ya oficializó supase al equipo de Salazar, del partido Fe en Cambiemos.
Liloff dijo eso en oportunidad en la que fue consultado sobre los vehementes reclamos por el uso del Fondo Educativo que hiciera junto a Fernando Cajide, Jorge D’Andrea y Mónica Romagnano, hoy todos oficialistas y con quienes el presidente motorizó una denuncia penal contra el entonces gobierno de Guacone.
También dijo Liloff que ya estaban en ejecución los primeros 6 millones del Fondo Educativo y que estaban los planes para otros 6 millones más, para el segundo semestre, de los que todavía no hubo novedades en los boletines oficiales o en los 489 decretos que publicó el Ejecutivo, de los 505 firmados hasta el del 5 de julio en el que transfirió los 10,5 millones de recursos afectados para pagar salarios.
Sin embargo, de acuerdo a la información oficial del Ministerio de Economía provincial que conduce Hernán Lacunza, Provincia lleva transferidos a agosto unos 20.520.172 pesos correspondientes al Fondo Educativo. A lo publicado por el Gobierno local le faltan 14 millones sin ejecutar; a los anuncios de Liloff, 8,5 millones.
Afectados y no tanto
Del total de 225.456.704 que el Gobierno provincial transfirió a San Pedro hasta agosto, 63.724.547 llegaron con afectación, es decir con destino especificado.
Fueron 20.520.172 del Fondo Educativo; 9.448.460 del Fondo de Infraestructura; 6.681.411 del Fondo de Seguridad; 1.831.837 para Planes sociales; 607.892 para tratamiento de residuos; 13.098.556 para el fondo de fortalecimiento de recursos municipales; 5.008.776 para el fondo de inclusión social; y 6.527.443 del Fondo solidario (conocido como “fondo sojero”).
Además, San Pedro recibió 148.069.862 pesos de “coparticipación bruta” y 818.226 por “ajuste de coparticipación 2015”, en relación a la deuda del año pasado; 7.427.179 pesos llegaron por descentralización tributaria y 5.416.890 por juegos de azar.
