Papel Prensa: Inminente expropiación de la mayoría accionaria
El kirchnerismo ingresó la iniciativa a la Cámara de Diputados. Con la expropiación del 24 por ciento, el Estado pasaría a tener el control de la compañía. Clarín, La Nación, Adepa y la oposición manifestaron que pone en riesgo la libertad de prensa. El oficialismo habla de garantizar el acceso al papel a todos los diarios pero nada dice del destino real que tendrá el papel que pretende producir. Moreno dijo que mantendrán todos los puestos de trabajo, algo que preocupa al Sindicato, al Centro de Comercio y a la economía sampedrina que tiene en esa planta la mayor generadora de mano de obra estable de la ciudad.
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hizo efectiva en la Cámara de Diputados una idea que barajan desde hace tiempo dentro de su partido: declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el 24 por ciento de las acciones clase A y C de Papel Prensa, donde el Estado hoy tiene el 27 por ciento, Clarín el 49 y La Nación el 22, para de esa manera pasara a tener la mayoría y por ende el control de la compañía.
El proyecto fue presentado por los Diputados del Frente para la Victoria Carlos Kunkel, Diana Conti, Andrea García, María Teresa García, Graciela Giannettasio, Gastón Harispe, Adriana Puiggros, Gloria Bidegain, Luis Cigogna y Dulce Granados, varios de ellos ex duhaldistas.
Indica que el Poder Ejecutivo será quien actúe como expropiante y la tasación la efectuará el Tribunal de la Nación y prohibirá la transferencia futura sin la autorización del Congreso votada por las dos terceras partes de sus miembros.
Advierte que la fábrica seguirá operando como sociedad anónima abierta, por lo que quedará excluida de recibir la normativa de administración, gestión y control del Estado Nacional.
Establece además que la Comisión Nacional de Valores convocará, el mismo día de la promulgación de la Ley, una asamblea de accionistas para tratar “asuntos que se consideren necesarios y relevantes”.
En el medio, los trabajadores
La preocupación mayor ante la noticia surgió entre los trabajadores, que han visto reducir el nivel de producción en los últimos años, producto de la merma en las ventas, sobre todo en los últimos seis meses. Si los privados dicen que es porque el diario papel está desapareciendo, desde el oficialismo sostienen que papel se necesita, pero que la empresa lo vende caro en relación al importado.
Desde el Sindicato, Roberto Gavito dijo que entre los empleados “no hay una sola opinión respecto al tema” y que la novedad los tomó por sorpesa. “Hay posiciones encontradas, como en todos los temas”, dijo y detalló que hay quienes “tienen inseguridad, otros que tiene angustia, otros se ponen contentos”.
“Para algunos puede ser tremendo y para otros será algo que pase, nada más. Hay muchas cosas que han ido cambiando dentro de la empresa y no era de imaginar no hace mucho tiempo atrás que fueran a suceder”, aseguró el gremialista.
El Centro de Comercio expresó su preocupación respecto al sostenimiento de las fuentes de trabajo, tal como hizo ante la noticia de los despidos de hace un mes. “La cosa viene medio complicada por la disputa que hay con el tema este de Clarín”, dijo Esteban Greco y señaló que esperan una comunicación con la empresa para conocer “qué novedades tienen ellos”.
“Yo tomo todo con pinza, porque dicen una cosa y mañana es otra”, desconfió Greco de las palabras del Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, quien dijo que garantizarán todos los puestos de trabajo. “Dios quiera que sea así, que la gente pueda seguir trabajando tranquila, porque en este tipo de conflictos siempre el perjudicado es el obrero”, señaló y agregó: “Esperemos que en San Pedro no sigamos con esto adelante porque vamos a terminar como terminó Tupper (por Tupperware), que era muchísima gente la que trabajaba. En el caso de Papel Prensa es igual y lo que repercutiría en San Pedro sería terrible”.
Claro está: la empresa es la máxima empleadora del ámbito privado en la ciudad, con aproximadamente 500 trabajadores directos a los que hay que sumar todo el movimiento indirecto que su producción genera en el mercado local y proveedores.
De hecho, los primeros que comenzaron a sentir las consecuencias del cambio en las relaciones de fuerza dentro de la compañía fueron los transportistas. “Había empresas de San Pedro que salían con 40 camiones por día y hoy no tienen esa regularidad”, explicó Gavito.
Es que además de fabricar menos –Clarín y La Nación eran los mejores clientes y reconocieron que compran papel importado porque es más barato–, muchos de los diarios del interior que llegan a la fábrica por ese insumo lo hacen con movilidad propia.
Preocupados pero no tanto
El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria del papel aseguró que “todo San Pedro está interesado y preocupado” por lo que sucede en Papel Prensa tras el anuncio del proyecto de expropiación. “”Nuestras familias, nuestros compañeros”, agregó, aunque sostuvo: “Hasta el momento no hay nada concreto, son maniobras políticas que nos exceden, la cuestión de fondo no la conocemos, lo que hay es un proyecto de los diputados para expropiar el 24 por ciento de las acciones, cuando expropien veremos”.
Aseguró que desde el gremio no hubo ningún tipo de contacto con Guillermo Moreno o los diputados que presentaron la iniciativa en el Congreso. “Nosotros estamos interiorizados de todas las cuestiones, cuando veamos que está en peligro nuestra fuente laboral, ahí vamos a empezar a actuar”, sostuvo.
Sin embargo, planteó: “Hasta el momento nosotros creemos que no está en peligro nuestra fuente laboral, y no tenemos ninguna palabra oficial al respecto, es una convicción nuestra”.
Para Gelabert, entre Clarín y el Gobierno “hay una guerra política” y los trabajadores están “en el medio”. Aun así, repitió: “Creo que hasta el momento no está en peligro nuestra fuente de trabajo”.
Reconoció que “cuando hay una guerra política casi siempre los trabajadores son los perjudicados” y dijo que dentro de la planta están “muy unidos”, aunque se sabe que entre los empleados hay diferencias de criterio y opinión respecto a todo lo que viene sucediendo desde que el Gobierno decidió tener una participación activa en Papel Prensa.
Esos trabajadores, no siempre quieren hablar públicamente sobre el tema. Al respecto, el sindicalista expresó: “En la empresa históricamente hubo miedo de hablar. Nadie va a perder su fuente de trabajo por opinar, acá hay un gremio respaldando y eso lo podemos garantizar”.
Voces en contra
En San Pedro, el primero en expresarse en contra fue el Concejal radical Martín Pando, quien utilizó la red social Twitter, donde se define como “antikirchnerista furioso”. “¿Cuál va a ser el eufemismo esta vez? ¿Democratización del Papel quizás? Una catástrofe para la libertad de expresión”, aseguró.
Luego dijo a este semanario que “el gobierno puede fundar 100 empresas papeleras si le place. Quienes están desguarnecidos no son los del Gobierno. Es una maniobra con intencionalidad política, que apunta a limitar la libertad de expresión”.
Desde el denarvaísmo, el diputado Gustavo Ferrari opinó: “Si sosteníamos con razón que la Ley de intervención sobre el mercado de papel era inconstitucional por vulnerar la libertad de prensa y expresión, cuanto más lo es ahora, cuando se busca hacerse directamente con el control de la principal empresa, vulnerando a su vez el derecho de propiedad”.
En los diarios del domingo apareció una solicitada firmada por La Nación, Ageea y Simeco, bajo el título “para acallar voces”, donde aseguran que con el proyecto el Gobierno “confirma que va por todo”.
“Cuando hace 4 años se iniciaba la escalda oficial contra Papel Prensa, los accionistas privados alertábamos que el objetivo oficial no era otro que quedarse con la compañía, para manejar tanto la producción nacional como la importación de papel para diarios”, indicaron
“Como suele ocurrir, el Gobierno revistió su embestida con ropajes falsos”, dice la publicación y agrega que el proyecto “viene a confirmar” esas advertencias.
“Todos los hostigamientos administrativos, regulatorios y judiciales no perseguían otro fin que quedarse con la empresa”, aseguraron y calificaron de “gravísima represalia contra la prensa independiente” a la iniciativa.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentina, por su parte, sostuvo que el proyecto “constituye uno de los mayores peligros que ha enfrentado la prensa independiente en nuestro país durante las últimas tres décadas”.
“Se trataría, en definitiva, de un escenario más grave que el que vivieron los diarios no adictos hace 60 años, cuando el Gobierno monopolizaba el papel”, sostuvieron, al tiempo que cuestionaron lo sucedido desde que el oficialismo aprobó la ley que declara de interés público ese insumo.
Voces a favor
El jueves, el titular del Concejo Deliberante Daniel Monfasani dijo que no estaba al tanto de la situación. Recién al otro día se manifestó públicamente en una entrevista que ofreció a un canal de noticias de La Plata. “Que el Estado obtenga el 51 por ciento, creo que va a dar por tierra situaciones que estamos viviendo en el último tiempo, como el despido de más 30 personas en la fábrica, sin motivo y sin razón”, dijo.
“Nosotros somos defensores de las fuentes de trabajo. Queremos que se garanticen”, aseguró y agregó: “Son trabajadores, no tienen nada que ver con la pelea que tiene el Gobierno Nacional y el Grupo Clarín”.
El concejal Nicolás Macchia, el hombre más cercano al kirchnerismo de la ciudad, opinó que “esto es una solución que se venía viendo por parte del Estado” y agregó: “Si me queda algo es dejar tranquilos a los trabajadores de San Pedro, porque este gobierno se ha caracterizado por defender las fuentes de trabajo”.
Los editores de diarios y periódicos pymes bonaerenses nucleados en Cadypba, manifestaron apoyo al proyecto de ley, a través del Vicepresidente de esa entidad, también secretario de la Comisión Federal Asesora para la promoción y uso sustentable del papel, Jorge Déboli.
“El proyecto es oportuno y necesario para evitar la evidente intencionalidad de vaciamiento y quiebra de la empresa por parte de sus accionistas privados, tal como parecen indicar las medidas tomadas por Papel Prensa en los últimos meses”, sostuvo.
Uno de los autores del proyecto, el Diputado Carlos Kunkel, dijo que “resulta hartamente evidente que Papel Prensa SA se dedica a una empresa monopólica como es la producción de un insumo para la fabricación del papel de diario. De allí es que es el propio Estado el que debe asegurar que no existan actividades monopólicas, o regular las mismas, ello para que la distribución de papel sea equitativa para toda la prensa gráfica del país”.
El Síndico General de la Nación, Daniel Reposo, aseguró: “Hay que recordar que Papel Prensa es de todos los argentinos. El Estado es dueño de parte de esta sociedad y es muy difícil cuando está manejada por el Grupo Clarín y el diario La Nación que hacen caso omiso a la ley”.
Quince días con la fábrica parada
“En el mes de junio o julio habrá una parada programada para mantenimiento, son entre diez o quince días”, informó Geraro Gelaber a La Opinión. Señaló que “no es habitual” y que “hace muchos años que no se hace una parada tan prolongada”, pero que “es necesario”.
La fábrica suele “para la máquina” periódicamente, aunque en general no superan los dos o tres días. De todas maneras, Gelabert aclaró que “ya han parado quince días en otras oportunidades”.
El sindicalista garantizó que la empresa pagará normalmente, como ante cualquier parada de estas características. “La demanda de papel es poca y hay bastante stock, creo que la empresa aprovechará esa situación para hacer los arreglos de mantenimiento que tenga que hacer”, señaló