Papel Prensa en boca de todos

La disputa que llevan adelante el Gobierno Nacional y el Grupo Clarín producto de la ruptura de las buenas relaciones que tenían antes del conflicto del campo tiene en la planta sampedrina de Papel Prensa, cuya propiedad comparten con el diario La Nación, un trofeo de guerra que hace que San Pedro aparezca involucrada en noticias a nivel nacional todas las semanas, a pesar de que en la ciudad el tema se maneja con mucho hermetismo y la fábrica continúa trabajando prácticamente de manera normal.
El Estado había denunciado en febrero a la empresa y la semana pasada la Justicia decidió nombrar un coadministrador. La Comisión Nacional de Valores había tomado como válidas las irregularidades pese a las apelaciones presentadas por los directores que representan a Clarín y La Nación.
El Juez Eduardo Malde, a cargo del Juzgado Comercial 20, decidió nombrar un coadministrador en Papel Prensa a causa de la denuncia del Gobierno por “irregularidades en el funcionamiento del Directorio de la empresa”. Por ello, el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, solicitó la “intervención de la administración”.
Dentro del documento presentado ante el Juez se solicita “la nulidad de todas las reuniones del Directorio de la sociedad Papel Prensa celebradas a partir del día 4 de noviembre de 2009”, momento en el que fuera designado Alberto Maquieira en la presidencia del Consejo, hecho que según aduce el gobierno fue irregular.
El Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, en representación del Estado Nacional, “en defensa de los derechos societarios del mismo, denunció a los directores Julio César Saguier, del Grupo La Nación; Juan Carlos Rendo, del Grupo Clarín, Alejandro Urricelqui, Héctor Aranda, Francisco Acevedo; Alberto Maquieira y Guillermo Rosas”. También incluyeron en la denuncia a los titulares del Consejo de Vigilancia: Saturnino Herrera Mitjans, Alejandro Saguier y Horacio Verdaguer.
Una semana antes de esa presentación, la Justicia ya había frenado una resolución de la Secretaría de Comercio mediante la que quedaba establecida la uniformidad de precios con los que Papel Prensa debía comercializar con precios igualitarios para todos los clientes.
La noticia fue recibida con sorpresa en la planta San Pedro donde trabajan más de 500 obreros. El hermetismo de la papelera a nivel local persiste aunque el nombre elegido para el cargo de coadministrador ya está confirmado: se trata del Dr. Carlos Bianchi, el mismo que había sido designado como veedor en el juicio penal que Papel Prensa inició contra el propio Moreno y el Ministro de Economía, Amado Boudou.
Tras el fallo judicial el Gobierno envió una inspección ocular que comprobó que nada cambió. En la visita advirtieron que Enrique Pigretti, Asesor Legal del Directorio apartado preventivamente por el fallo, “continuaba dando órdenes y asignando tareas a los empleados”, según revelaron fuentes oficiales a la agencia Telam.
El Escribano General de la Nación labró un acta que fue elevada a la Justicia para que intervenga ante el incumplimiento de lo ordenado por el Juez.
Telam informa que desde la empresa alegaron que Pigretti continuaba siendo apoderado para otros asuntos legales y que desde el gobierno señalaron que ese cargo no existe y que la compañía sólo se expresa “a través de sus órganos naturales”.
En otro capítulo de la batalla la Secretaría de Comercio Interior de Guillermo Moreno inició una querella contra los representantes privados en el Directorio por la negativa a suministrar información y otras irregularidades.
El Supersecretario del kirchnerismo, hombre de pocos modales y verba incontenible, querelló a los representantes privados del Directorio y el Consejo de Vigilancia, Julio Saquier, Jorge Rendo, Alberto Maqueira, Guillermo González Rosas, Saturnino Herreras Mitjans, Alejandro Saguier y Hernán Verdaguer y los asesores legales Enrique Pigretti y Carlos Collasso.
La querella corresponde a artículos del código penal que penan a gerentes, directores o liquidadores de sociedades anónimas que prestaren consentimiento a actos contrarios a la ley o los estatutos de los que pueda derivar algún perjuicio; a quien resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones y al que defraudare en violación de los deberes confiados y con perjuicio a la administración pública.
La presentación se funda en la negativa del Directorio de a brindar información al Estado en su calidad de accionista y menciona la resolución del Juez Malde.
Día tras día, la planta aparece como un chivo expiatorio para dirimir un enfrentamiento de intereses entre quienes supieron tener una relación muy cercana.
Ahora, la Justicia tiene en sus manos las actuaciones de la inspección ocular y la querella de Moreno. Las empresas consideran estas acciones un nuevo ataque contra sus derechos y el Estado reclama que su condición de accionista merece mayor respeto que el que los privados le prodigan.
Mientras tanto, en San Pedro miran con preocupación lo que pueda pasar en esta guerra desatada que tiene en la planta a más de 500 empleados como convidados de piedra.