Pagaron miles de dólares por su vivienda y aseguran que la empresa constructora “desapareció”
Decenas de casos llegaron a esta redacción para relatar situaciones similares: contrataron a una empresa sampedrina para construir viviendas bajo el sistema steel frame, pagaron el 50 por ciento del monto y la obra nunca empezó. La mayoría lleva alrededor de seis meses sin novedades. Los constructores les dijeron que están "en reestructuración" y "buscando inversores". Un grupo avanza para denunciar penalmente el caso.
Desde la semana pasada, La Opinión recibe a diario mensajes coincidentes respecto de una presunta estafa en la que estaría involucrada una empresa constructora sampedrina a la que decenas de familias señalan por haber recibido miles de dólares por contratos para construir viviendas y no cumplir.
Los relatos son coincidentes y los documentos a los que tuvo acceso este medio dan cuenta de que se firmaron contratos por parte de los contratantes con dos referentes locales de la empresa Proyecto Steel, identificados como Martín Oña y Diego Pereyra.
Al menos más de 30 forman parte de uno de los grupos de WhatsApp conformados por los damnificados y que ya tiene representación legal con un abogado que prepara la denuncia penal para que la Justicia intervenga en lo que consideran tipifica el delito de “estafa”, según explicaron.
Los relatos coinciden en señalar que firmaron esos contratos y que hicieron entrega de entre 20 y 50 mil dólares, según las dimensiones de la vivienda a construir, y que a alrededor de seis meses del contrato y el desembolso del dinero no sólo no tuvieron novedades de la obra sino que la empresa “despareció” y sus responsables no atienden el teléfono.
Desde que el sábado en Sin Galera salió al aire el primer testimonio de damnificados, La Opinión intentó infructuosamente comunicarse con los titulares de la empresa. Hasta el momento, no hay versión de su parte de lo ocurrido y sólo hablaron representante de las familias que señalan a la constructora por no cumplir con los contratos.
Este martes salió al aire en Radio Cuarentena una mujer identificada como Luciana Alagia relató su situación. Oriunda de La Plata, contrató a la empresa Proyecto Stell para construir una vivienda en el pueblo turístico Potrero de Garay, en Córdoba. “Ellos te exigían el 50 por ciento asegurando que con eso congelaban el precio de los materiales”, explicó.
La obra nunca comenzó. A seis meses, la única respuesta que obutuvo fue “a fines de marzo, que estaban reestructurándose y buscando inversores”. Algo similar les informaron a los damnificados, que serían más de 100, en un audio de WhatsApp que uno de los responsables de la empresa envió el lunes a las 6.30 de la mañana. Luego el teléfono dejó de estar operativo.
“Recibí un whatsapp 6.30 por parte de Martín Oña, se ve que fue en cadena, en general, que la empresa iba a permanecer cerrada hasta el 3 de mayo, que todas las áreas técnicas iban a trabajar a puertas cerradas hasta el momento de reestructurar”, dijo Alagia. Muchos otros daminificados coincidieron, puesto que también recibieron ese mensaje.
En una reunión que registraron en video se escuchan los reclamos respecto de lo que pagaron y la falta de respuestas. “No sabemos dónde están los materiales, si los compraron o no”, preguntó una mujer. “Los compramos, en ningún lugar el contrato dice que tengo que mostrarte los materiales”, responde el interlocutor.
En el video se escuchan más de diez personas que increpan a quien sería el constructor sampedrino. “Explicanos por qué estamos acá”, le dicen. “Por un desastre nuestro de obra”, responde y reconoce el incumplimiento de los plazos. “Vengo demoradísimo con los contratos”, agrega. “Falta personal, no hay inspección en las obras, falsas publicidades de que vas a terminar las obras en seis meses”, le reclaman.
Uno de los contratos a los que tuvo acceso La Opinión, por una vivienda de alrededor de 150 metros cuadrados, fue firmado por un monto de 17,5 millones de pesos. Según el convenio, al momento de firmarlo se abonaba la mitad. El 10 por ciento de ese dinero iba como adelanto de mano de obra y el resto para “acopio de materiales”.
El resto de los pagos estaba previsto que se desembolsaran según certificación semanal o quincenal, de acuerdo al avance de la obra. En general, los plazos máximos de ejecución eran de entre 160 y 180 días de trabajo de lunes a viernes de 8.00 16.00, con un primer mes contemplado para la confección de la documentación técnica e ingeniería. Es decir que los contratos firmados en octubre deberían estar listos. La mayoría de las obras no comenzó y algunas quedaron inconclusas.
“No respondieron más, no están en las oficinas, los empleados renunciaron porque no cobraron”, señaló otra de las damnificadas cuando el sábado salió al aire en Sin Galera. “Este señor no nos va a devolver un peso, hace tiempo que están dando cheque sin fondo, no van a poder cumplir con 120 personas a las que les deben sus casas”, agregó.
La damnificada envió una carta documento luego de que el martes de la semana pasada los damnificados dejaran de recibir respuestas por parte de la empresa. El resto hizo lo propio. “Yo entregué más de 20 mil dólares, hay gente que entregó más de 50 mil dólares”, dijo y agregó: “Somos todas familias de trabajo que viene juntando el dinero hace mucho tiempo, son ahorros de toda la vida”.
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