Oyarbide citó a Cecilio Salazar por la mafia de los medicamentos
El sampedrino vicepresidente de Osprera deberá prestar declaración indagatoria ante el Juez Norberto Oyarbide, tal como lo hizo Gerónimo Momo Venegas. La causa investiga el presunto desvío de fondos destinados a tratamientos de alta complejidad, utilizados para la compra de hospitales móviles, operación que desde el gremio sostienen fue autorizada por el procesado Superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli.
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El Juez Norberto Oyarbide citó a prestar declaración indagatoria al vicepresidente de la obra social de los trabajadores rurales, el sampedrino Cecilio Salazar, en el marco de la megacausa que investiga la llamada “mafia de los medicamentos”, por la que fuera detenido y luego liberado el titular de Uatre y Osprera, Gerónimo Momo Venegas.
Salazar deberá presentarse el próximo 11 de marzo junto al Gerente de Prestaciones de la obra social, Alejandro Wittenberg, ambos en calidad de imputados en la causa por la que el Juez debe aún determinar la situación procesal de Venegas.
La investigación de la llamada “mafia de los medicamentos” es compleja y abarca varias aristas que tienen como eje al ex Superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, que está procesado junto a otros sospechosos.
La causa motivó una serie de allanamientos, procesamientos y detenciones entre dirigentes gremiales por las vinculaciones que las obras sociales de los sindicatos tienen con los procedimientos que se investigan como presuntos delitos.
En el caso de Uatre y Osprera, la detención de Gerónimo Momo Venegas se produjo tras una serie de allanamientos en la sede central de la obra social y el gremio, uno el 16 de diciembre y otro el 10 de febrero pasado. En ambos operativos secuestraron documentación necesaria para el proceso de investigación.
Venegas fue detenido e indagado en el marco de tres causas por cuatro delitos: asociación ilícita por dos casos de medicamentos vencidos y adulterados y presuntamente adquiridos por afiliados a la obra social; infracción a la ley de marcas, ya que se sospecha que Osprera utilizó medicamentos de marcas falsas que le proveyó una droguería involucrada en la “mafia de los medicamentos”; defraudación al Estado por el desvío de dos millones de pesos destinados a tratamientos oncólógicos y trasplantes que fueron utilizados para la compra de hospitales móviles.
Sobre ese tema deberán prestar declaración indagatoria Cecilio Salazar y Alejandro Wittenberg. Desde Osprera sostienen que efectivamente el dinero fue utilizado para esa operación, pero que hubo una autorización por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, cuando todavía estaba a cargo el detenido Capaccioli.
“Lo pueden comprobar (los hospitales móviles) están en las provincias en el interior del país. En Jujuy, Salta, la medicina no llega, es la única forma de entrar”, señaló Salazar al respecto y agregó: “No somos una obra social urbana”.
Para Uatre y Osprera, la vinculación que pesa sobre ellos en el marco de la investigación es una “persecución política” que atribuyen al Gobierno nacional por la cercanía de Venegas con la candidatura presidencial de Eduardo Duhalde, de la que es uno de los principales impulsores.
Uno de los casos de medicamentos vencidos y adulterados fue denunciado por un afiliado a la obra social de la ciudad de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, enfermo de Sida, sobre quien Salazar dijo que de peón “pasó a manejar una empresa de camiones”.
