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domingo, abril 11, 2021

Otro ultraje por “cadena nacional”

Un informe del diario Clarín publicado el domingo en la edición impresa, a tres meses del aberrante hecho sucedido en el salón de eventos La Quinta del Nono, provocó la recorrida de móviles de canales y radios nacionales por la ciudad. Noticieros y portales web se hicieron eco de un texto que violentó todas las recomendaciones internacionales sobre el tratamiento de este tipo de delitos de instancia privada.

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Sin que nadie conozca los curiosos motivos que llevaron a un diario de tirada nacional como Clarín a poner en tapa una historia sucedida a 98 días de ocurrido el hecho y largamente investigada y publicada por los medios locales, el amarillismo, la falta de prudencia y el sensacionalismo le ganaron al respeto a los derechos de dos adolescentes que, de haber sido ultrajados por delincuentes en un cumpleaños de 15, fueron puestos en escena una vez más y con una amplificación aberrante.

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A página completa, el diario se explayó en detalles escabrosos respecto de lo que sucedió aquella terrible noche en la que una chica de 15 años y su novio de 17 participaban de una fiesta de cumpleaños en el salón de eventos La Quinta del Nono y fueron atacados por cinco delincuentes que además de robarles los sometieron a prácticas sexuales ultrajantes.

La búsqueda de justicia y la fragilidad emocional de una familia violentada en sus bases más profundas no justifican el abuso de confianza al que fueron sometidos con intenciones de soslayar el verdadero propósito del periodismo profesional.
En diálogo con Infobae, la madre dijo que expuso a los chicos por recomendación de su “analista particular” y contó que gracias al contacto con María Eugenia Vidal, del PRO, viaja todas las semanas a Casa Cuna.

Un relato repudiable
La nota firmada por Gisele Sousa Dias –perodista premiada por ADEPA en la categoría Derechos Humanos por sus coberturas  sobre violencia de género y redactora de la revista Anfibia, reconocida por su cuidadoso tratamiento en los temas que aborda–, pone en boca de las víctimas, llamadas “Valentina y Julián”, el relato de todas y a cada una de las circunstancias a las que los sometieron los delincuentes.

Ante una catarata de tuits que en esa red social repudiaron el relato “novelado” del hecho, su respuesta fue: “Cada uno se excita con lo que el cerebro le permite”, ya que hubo quienes le cuestionaron los visos “eróticos” que cobró su narración en las páginas del diario.

Clarín no estuvo solo en su carroñera reconstrucción de una noticia que iba a impactar de lleno en el corazón de una sociedad golpeada por episodios de inseguridad y violencia. A las pocas horas, todos los canales de televisión, agencias de noticias, radios y portales web no necesitaron de una cadena nacional para promover o incitar una pueblada quizás programada en oscuros despachos, sólo detenida por los medios locales que más que reproducir el irrepetible relato del “gran diario argentino” se hicieron eco del repudio que causó la situación.

Las redacciones y producciones de los medios locales ardieron en llamados de todos y cada uno de los reconocidos a nivel nacional que querían un detalle, un teléfono, un relato. Recién enterados, querían llenar el aire con el indignante episodio que hasta los sampedrinos más distraídos entendieron como un innecesario escarnio.

Las familias de las víctimas hablaron por teléfono con los principales canales de noticias. Lo propio hizo el Fiscal de menores Alejandro López, que tiene a su cargo la investigación. Los portales web levantaban cada declaración no sin dejar de recordar los detalles explícitos que narró Sousa Dias en Clarín.

A principio de mes, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) llamó la atención a los medios por el denominado caso Leonela, una niña de 12 años que apareció ahorcada en una casa en construcción lindera a la suya y por cuya muerte se tejieron múltiples hipótesis.

El organismo que conduce Martín Sabbatella difundió una “guía periodística para informar con responsabilidad sobre niñez y adolescencia”, del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia”.

La guía recomienda que el abordaje evite presentar el tema “de manera sensacionalista y espectacularizada” y el Observatorio de la discriminación en los medios pidió “evitar detalles escabrosos, descripciones morbosas y “no entronizar el relato del episodio individual, personal y aislado”. Todo falló en esta oportunidad.

Operativos para calmar los ánimos
Con los medios nacionales en la ciudad y como para complacer a las autoridades inquietas por la presencia de móviles y cronistas, quienes hace 98 días brillaron por su ausencia, desde la Fiscalía interviniente se ordenaron una serie de medidas vinculadas a la causa caratulada como “Abuso Sexual Ultrajante Agravado, Robo

Agravado por el uso de Arma de fuego en Despoblado y en Banda”. La prensa territorial que es la que se queda en la ciudad conoce estas “operaciones para la gilada” cada vez que un hecho resonante golpea la pantalla televisiva.

Se dispusieron dos allanamientos, uno en una propiedad del barrio La Tosquera y el otro en una vivienda ubicada sobre la Ruta 1001, en inmediaciones del sector conocido como el campo de Murano.

El objetivo era dar con un joven identificado como Leandro Pedernera, de 21 años, quien posee pedido de captura activo desde los días posteriores al hecho y sobre quien se decretó su detención.
Los operativos arrojaron resultados negativos ya que el joven no estaba en esos lugares. No es la primera vez que se lo busca allí. En las anteriores oportunidades tampoco fue hallado y su propia familia indicó que al enterarse de que era buscado se fue de San Pedro y desconocen hacia adónde se dirigió.    

Mientras tanto, la causa instruida por el Fiscal de Menores Alejandro López, está prácticamente esclarecida, con tres personas que permanecen detenidas y con pruebas importantes de su participación en el hecho.
Se trata de Silvio Palacios, de 25 años; José Ángel Weis, alias “Chaco”, de 41 años; y un menor de 17 años, atrapado por los invitados a la fiesta la misma noche del hecho, junto a Palacios.

El menor de edad se encuentra alojado en un instituto de La Plata y, al igual que al resto de los imputados, le fue dictada la prisión preventiva. Es importante destacar el valioso aporte de un testigo encubierto que aportó los datos necesarios para que la causa avanzara.

Aun cuando resta capturar a uno de los participantes en el hecho y lograr establecer la presunta participación de una quinta persona, sólo resta comparar los resultados de ADN, las pericias efectuadas a los protagonistas y los elementos secuestrados en el lugar del hecho para confirmar y/o descartar elementos probatorios.

La actuación médica
No hubo freno para quienes acusaron al exjefe del Servicio de Ginecología del Hospital Rodolfo Gigena por su “falta de actuación en el caso”. Incluso el Fiscal hizo referencia a la responsabilidad del médico, que fue separado de un cargo al que había renunciado sin que las propias autoridades del centro asistencial tomaran cuenta no sólo de esa decisión que el profesional tomó en tiempos de Sualdea como Secretario de Salud sin o de una licencia mal confeccionada que hizo suponer a los responsables de enfermería que no estaba en actividad, dos cuestiones de negligencia que no pueden ser soslayadas sobre todo ahora que hay dictamen en el sumario administrativo que se abrió en su contra y que concluyó el 6 de Junio con una resolución que indica que no cometió falta alguna en la asistencia a la menor, no sólo porque los horarios no coinciden con su presencia en el nosocomio sino porque en la entrevista que logró abordar con la madre de la menor ultrajada se le negó la posibilidad de asistir a la víctima porque ya se había decidido llevarla a una consulta particular. También quedó claro que dio las instrucciones para proceder a las medidas de profilaxis que consideró adecuadas para evitar cualquier tipo de riesgo de contagio. En síntesis no hubo elemento alguno para considerar que había cometido una falta grave, aun cuando existen dentro del Hospital quienes le auguraban el peor de los destinos.

Ahora y con los papeles en mano, el Municipio intenta que el médico retome la Jefatura del servicio siempre y cuando se respeten “los derechos que fueron vulnerados” por una separación a la que calificaron como “preventiva”, según aportó el estudio jurídico que lo patrocina. “El doctor no sólo tuvo que suspender unas vacaciones que tenía pagas y pedidas sino que además comenzó a sufrir problemas de presión alta por el disgusto”, indicaron a La Opinión las mismas fuentes.

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