Otro intento de usurpación en el último terreno desalojado
La policía acudió al predio de Cruz Roja y Dávila luego de que circularan versiones acerca de un nuevo intento de usurpación. Se trata del terreno en el que hubo un violento desalojo a fines de marzo, en el marco de las tomas masivas de mediados de enero.
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El domingo por la mañana circularon versiones acerca de la intención de un grupo de familias de intentar tomar un terreno ubicado en Dávila y Cruz Roja, el mismo que había sido desalojado a fines de marzo en un recordado operativo policial que resultó con varios aprehendidos y denuncias por abuso policial.
La policía intervino ante las versiones y logró evitar que la usurpación se hicera efectiva. Desde la Comisaría local, el subcomisario Andrés Caretta informó ese día que “no se concretaron las tomas de los terrenos y se envió personal al lugar para alejar a la gente”.
La situación tuvo lugar el domingo, en horas del mediodía. Tras disuadir el intento de toma, las autoridades policiales decidieron dejar “una consigna fija para evitar algún tipo de inconveniente”.
El predio fue desalojado el pasado 26 de marzo en el marco de un operativo ordenado por la Justicia. Allí se produjeron enfrentamientos entre los ocupantes, que intentaban resistir la medida judicial, y la policía.
El predio había sido tomado en el marco de la ola masiva de usurpaciones registrada a mediados de enero.
Son dos terrenos. Desde Cruz Roja hacia Hermano Indio –calle sin abrir–, el terreno es propiedad de 11 familias que lo compraron de manera colectiva cuando se los ofreció el titular de la empresa textil en la que trabajaban.
El lote que está antes, hacia Javier Rivero –calle que también está sin abrir–, sería propiedad de un hombre de apellido Jiménez que tiene contacto con la gente del barrio y hasta con personas que estaban en situación de toma.
En el asentamiento aseguraban que contaban con su permiso y que hasta les habrían dicho que permanecieran allí, porque tendría intenciones de vender el predio al Estado local.
Al barrio iba una persona que aseguraba ser abogado, quien mantuvo varias reuniones con los vecinos, siempre de noche, para solicitarles una suma de dinero –entre 7.000 y 12.000 pesos– para comenzar un proceso de “compra” del predio.
