Otro fracaso para la obra de Ruta 1001
La empresa, que había instalado el obrador pero nunca comenzó la obra, asegura que hizo una estimación y que las tareas que deben hacerse en la calzada son más profundas que las que indicaba el pliego, por lo que pidió a Vialidad autorizarlas, lo que implicaría más presupuesto. Las posibilidades legales quedan en manos del gabinete de Cecilio Salazar tras la firma de una pausa por noventa días con la gestión actual. El acuerdo es para que los funcionarios de Macri y Vidal evalúen. De las vidas que se pierden, los accidentes, el deterioro de los vehículos y la indignación por impuestos que se pagan por rutas que no se arreglan, no se dice nada.
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La repavimentación de la ruta 1001 es como el “cuento de la buena pipa”. Como tantos otros proyectos de importancia con los que quería cumplir el Gobierno de Giovanettoni y las gestiones que lo antecedieron, la obra sigue en espera y desde la semana pasada habrá un impasse mayor, producto de que la empresa que ganó la licitación considera que hay que hacer tareas más profundas, para las que necesita mayor presupuesto.
Si el anuncio inicial de que el Gobierno nacional dispondría casi cien millones de pesos para repavimentar el destrozado camino generó escepticismo y la veloz firma del contrato en medio de las elecciones con un reclamo, gomas quemadas y corte de ruta en Río Tala dibujó otra mueca de duda, los tres meses que pasaron desde ese acto hasta el retiro de las máquinas la semana pasada provocó en toda la comunidad la misma sensación que al intendente electo Cecilio Salazar, que en plena campaña dijo que consideraba que todo era “una puesta en escena”.
Desde ahora, con nuevos gobiernos nacional, provincial y municipal, todos involucrados de alguna u otra manera en el tema, hay 90 días de impasse para resolver si Grupo Farallon S. A. continúa con la tarea, cuya responsabilidad obtuvo vía licitación pública.
La empresa dio explicaciones, mantuvo reuniones con funcionarios del gobierno saliente y el entrante. En medio de tironeos, advertencias y hasta la posibilidad de ir a la Justicia para intimar o rescindir el contrato, la firma de un acuerdo por 90 días confirmada por La Opinión descomprimió la situación. De cualquier manera, hasta principios o mediados de marzo, la ruta 1001 seguirá como está.
Excusas, reclamos y acuerdos
Desde la semana pasada, los vecinos de Río Tala empezaron a ver movimientos de máquinas. Las mismas que llegaron al obrador instalado en el predio del Automóvil Club pero que nunca estuvieron sobre la calzada.
Así como llegaron, se fueron. “Ni transpiraron”, dijo en broma un talense.
En el Gobierno de Giovanettoni estaban como locos. Codern, Baraybar y el intendente saliente se miraban entre sí, sin saber qué hacer. La empresa se iba sin haber hecho nada y ni siquiera había avisado. Los tres mascullaban bronca hacía tiempo y durante los últimos tres meses estuvieron a punto de intimar judicialmente porque no veían movimientos.
Antes de una reunión en Pilar con las autoridades de Farallón, en la que se acordó el plazo de 90 días, el representante local Juan Pomposiello le dijo a este semanario que el hecho de que estuvieran las máquinas o no “es lo mismo”. Claro, si nunca trabajaron. Es que las necesitaban en otras obras.
En ese marco, explicó por qué en tres meses no iniciaron la obra propiamente dicha y sus palabras sorprendieron. “Hicimos un estudio en la ruta que nos dice que deberíamos hacer cosas distintas a lo que dice el pliego, entonces elevamos el proyecto Vialidad”. Lo dijo sin rubores y dando por sentado que licitaron una obra que no habían estudiado y lo que es aun peor, quedó claro que el gobierno en todos sus niveles llamó a concurso con un detalle de obras que no era el adecuado.
Un problema de dinero
Pablo Ojea y Gregorio Gutiérrez hicieron una carpeta que Guacone llevó a Capitanich, tras el temporal que afectó a la ciudad en febrero de 2013, el peor mes de la historia para el turismo sampedrino. Allí plantearon una obra de 40 millones de pesos para el tramo Río Tala San Pedro.
Cuando el Gobierno nacional dio el ok, ya con Giovanettoni en el sillón y Codern de ida y vuelta a los ministerios, el precio parecía exiguo. El anuncio de la licitación pública convocada era por 80 millones de pesos para tres tramos: Río Tala – San Pedro; San Pedro – Vuelta de Obligado; y San Pedro – Santa Lucía, por Ruta 191.
El 18 de marzo, para la apertura de sobres, las únicas oferentes fueron las empresas Farallon Desarrollos Inmobiliarios y Fontana Nicastro S. A. Ambas ofertas superaron los 80 millones previstos: la primera fue de 96.804.799,90 pesos y la segunda de $ 106.804.680,52.
Fresado de cuatro centímetros, bacheo profundo, carpeta de concreto asfáltico, terraplenado con compactación especial y señalamiento tanto vertical como horizontal, eran las tareas previstas.
El 27 de agosto, tras varios días de corte de ruta, Giovanettoni y el ingeniero Eduardo Gutiérrez, presidente de Farallón, firmaron el contrato. El inicio de las obras sería “de inmediato” y el tramo prioritario el de Río Tala. En 24 meses iban a estar terminadas los tres, a razón entonces de poco más de 7 meses para cada uno.
En los últimos tres meses, Farallón no hizo absolutamente nada. Ni siquiera cumplió con la orden judicial de la Jueza Sívori, que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por vecinos talenses patrocinados por el abogado Daniel Spirópulos y obligó a señalizar de manera diurna y nocturna cada bache de ambas rutas, que en la 1001 equivale a iluminar todo el camino.
Cambiemos, cambiemos
En el Gobierno local no descartaban iniciar acciones legales para obligar a la empresa a cumplir el contrato, ya que ese convenio fue firmado entre la Municipalidad y la constructora, luego de una licitación pública surgida de un acuerdo de financiación entre Vialidad Nacional y San Pedro, aprobado por el Concejo Deliberante, para la reparación de una ruta de jurisdicción de Vialidad provincial.
Funcionarios del gabinete de Giovanettoni e integrantes del equipo de Salazar dialogaron para consensuar los pasos a seguir, teniendo en cuenta la proximidad del traspaso de mando. En la reunión de Pilar alcanzaron el acuerdo con la empresa, por las vías administrativas y políticas.
El Gobierno saliente tenía y el entrante tiene como herramienta final la rescisión del contrato, lo que obligaría a Farallón a pagar una garantía de ejecución de obra de alrededor de 1 millón de pesos.
Según aseguraron desde el gabinete de Givoanettoni, Farallón no cobró anticipo alguno hasta el momento. Resulta extraño, ya que generalmente las empresas que ejecutan obra pública suelen pedir entre el 15 y el 20 por ciento para comenzar. Aunque claro, aquí no comenzaron nunca.
La opción judicial implicaría aún más demoras, ya que habría que hacer una nueva licitación para contratar otra empresa. Mientras tanto la ruta sigue en pésimo estado.
