Ordenaron reformar los lomos de burro
Con algunas demoras, el viernes habían habilitado el tránsito en el renovado acceso por una de las avenidas más importantes de la ciudad. A poco de abrir la circulación, comenzó el debate por los reductores de velocidad instalados, que son tan altos como el cantero central, lo que obligó a cerrar la circulación para modificarlos. En San Pedro hay una ordenanza que establece especificaciones acerca de cómo deben ser esos dispositivos.
Desde que el viernes fue habilitado el tránsito en el renovado acceso por avenida 3 de Febrero, la polémica por los lomos de burro que instalaron en cada uno de los dos carriles se desató entre vecinos, automovilistas y motociclistas que circulan a diario por el lugar.
Todos coinciden en que es necesario que haya reductores de velocidad, para que quienes lleguen desde Crucero General Belgrano o vayan hacia esa ruta provincial frenen para evitar accidentes en esa zona, que es urbana y tiene mucha circulación pero no imaginaron que habría accidentes, roturas de carter y la consecuencia de la pérdida de aceite sobre el pavimento.
Ese sector de la ciudad, además, era utilizado para picadas de motos y autos, incluso cuando el pavimento tenía un ostensible deterioro, lo que tornaba la situación aún más riesgosa.
El lunes por la tarde, personal de Inspección valló la zona, porque Coopser va a modificar los lomos de burro. Trascendió extraoficialmente que van a extender las explanadas de ascenso y descenso. Aun así, esos reductores de velocidad, como casi todos los que hay en la ciudad, no cumplen con la normativa vigente.
Una obra esperada
Cuando en 2010 el entonces gobernador Daniel Scioli vino a San Pedro a inaugurar la única obra de infraestructura de magnitud que su gestión destinó a la ciudad, el nuevo acceso al puerto, hubo un compromiso de repavimentar esas cuadras que faltaban, luego de que los vecinos, con la panificadora 505 a la cabeza, costearan el tramo anterior.
La repavimentación llegó recién en la era Salazar, a partir de la decisión del gobierno municipal de retomar el plan que el arquitecto Carlos Codern impulsara cuando estuvo al frente de Obras Públicas, durante el interregno en el que el concejal Fabio Giovanettoni estuvo a cargo del Poder Ejecutivo por renuncia del intendente Guacone.
Ese plan contemplaba el acceso por Oliveira Cézar y el de 3 de Febrero. Aunque el proyecto de Salazar, anunciado cuando se conoció el Fondo de infraestructura provincial, era hacer un ingreso por calle Frers, se inclinaron por lo que había dejado planificado Codern.
Primero fue la obra de Oliveira Cézar: ensanchamiento y pavimento de hormigón por 8 milones de pesos, de los cuales seis aportó el gobierno provincial y dos fueron solventados por el Fondo de Obras Públicas Comunitarias que administran el Municipio y la Coopser, que deben pagar los frentistas a un costo que generó preocupación entre los vecinos.
La repavimentación de las dos últimas cuadras de la avenida 3 de Febrero, que desemboca en la rotonda Gaucho Rivero que lleva hacia el acceso al puerto Néstor Kirchner y al camino Crucero General Belgrano –todo ruta provincial 191– tuvo un costo total de casi 9 millones de pesos, de los cuales 5,8 provinieron del Fondo de Infraestructura provincial y casi 3 del Fondo de Obras Públicas Comunitarias, que también deben devolver los vecinos.
La obra tardó en comenzar porque un frentista que tiene una propiedad con muchos metros se resistía a pagar el alto monto que le correspondía, aunque luego cedió.
Ambas obras estuvieron a cargo del departamento de obras de la Coopser.
La polémica por los lomos de burro
El nuevo acceso a la ciudad por avenida 3 de Febrero duró tres días habilitado. La obra fue terminada por parte de Coopser, que la tuvo a cargo bajo la supervisión municipal. En cada carril, tanto para entrar como para salir de la ciudad, hay lomos de burro cuya altura alcanza los canteros centrales. Aunque hay carteles indicadores a pocos metros, a quienes transitan por allí los sorprende la dimensión del reductor de velocidad.
“Quisiera saber quién fue el arquitecto y cuánto cobró para hacer semejante cosa, que sólo va a terminar con un accidente, autos rotos, motos volando”, se quejó una mujer en la red social Facebook, en una publicación que generó polémica por el tema.
“Es de la única manera que bajen la velocidad, después cada uno opinará a su manera. Como siempre, habrá quien se queje y quien esté a favor, pero la velocidad la bajan seguro”, consideró una mujer en la transmisión en vivo de Sin Galera.
“Aquello es una mancha de aceite, alguno rompió el carter”, señaló un vecino de la zona, que consideró que el lomo de burro “es necesario” pero que “se les fue la mano con la altura”. “Me llama la atención que no hayan tomado la medida a los vehículos”, agregó.
“Es una montaña”, se quejó el conductor de un auto. Los motociclistas también reclamaron porque les significa un riesgo cruzar el lomo de burro. “Se pasa bien, hay que ir despacito”, opinó otro automovilista” al pasar por el lugar mientras Sin Galera transmitía en vivo.
“Son para que disminuyan la velocidad y pasen despacio. Son peor que la gata flora. Peor sería que no pongan loma de burro y los pendejos en moto usen la avenidas de pista de carrera como ya la usan a la madrugada”, señaló otro internauta.
“Estoy totalmente de acuerdo, pero andá a verla y te vas a dar cuenta de que está mal hecha, una cosa es reductor de velocidad y otra cosa es esto, destructor de tren delantero, porque comienza con un borde de aproximadamente 12 centímetros de alto”, le respondió otro.
Cómo deben ser los reductores de velocidad
La polémica por la altura de los lomos de burro, que alcanzan la de los canteros centrales, tiene una resolución: hay que ver si Coopser, que tuvo a su cargo la obra, y el gobierno, encargado de la supervisión, cumplieron con lo que establece la ordenanza vigente para la colocación de reductores de velocidad.
La instalación de lomos de burro está reglamentada. Como no hay nada que en la Ley de Tránsito establezca cómo deben ser –había una provincial, pero quedó enredada en las múltiples modificaciones–, los municipios pueden darse sus propias reglas al respecto. En San Pedro rige una ordenanza desde agosto de 2014, cuando gobernaba Pablo Guacone.
Allí están claras las especificaciones de los reductores de velocidad: deben ser del tipo “meseta”, en forma transversal al desplazamiento de los vehículos y tienen que tener “una elevación, respecto a la restante del camino, no mayor de siete centímetros”.
Su longitud debe ser de tres metros: uno para la superficie de la meseta y uno para cada explanada. A una distancia de 5 metros al acceso al reductor debe haber una línea de frenado de 40 centímetros, pintada de blanco “a los efectos que los conductores aminoren la velocidad antes de llegar al cruce”.
El lomo de burro debe estar demarcado “con líneas blancas y amarillas tipo cebrada” y con pintura “del tipo reflectante, la que recibirá el mantenimiento adecuado para no perder el impacto visual previsto en la presente norma”.
A 40 metros del reductor de velocidad debe haber señalización que indique la presencia del lomo de burro. Debe ser con placas montadas sobre un pie, “con el isotipo correspondiente sobre un fondo amarrillo reflectante”.
Todo lo que no concuerde con esta reglamentación, está prohibido. Los lomos de burro de la renovada avenida 3 de Febrero miden 15 centímetros de alto, el doble de lo autorizado; tienen una longitud total de 3,90, superior a lo permitido; la superficie, en lugar de medir un metro, mide 2,65; las explanadas, que también deben ser de un metro, son de 0,65. Para solucionarlo, Coopser deberá romper y rehacer. No es la primera vez, ya se equivocaron en el Barrio Obrero cuando emplazaron dos cuadras de cañerías que luego tuvieron que tapar porque “se equivocaron de mano”.
Antes de la instalación, el Municipio está obligado a hacer la consulta pertinente a los servicios de emergencia: bomberos, ambulancias, policía, que deberán dar su visto bueno a la colocación de reductores de velocidad, de acuerdo a sus planes de recorrido ante situaciones que ameriten su intervención.
Entre agosto de 2014 y febrero de 2015, la Municipalidad tenía que reemplazar o modificar todos los lomos de burro existentes que no cumplieran con lo que establece la ordenanza. Tres años y medio después, la ciudad está llena de reductores que no cumplen con lo que reglamenta esa norma.
Todos los “errores” los paga el pueblo
Tal como se refiere en esta nota, no es la primera vez que la Coopser construye y destruye de manera equivocada. A mediados del año pasado sucedió con tramos de cañería que debían colocar sobre una mano en calle Miguel Porta y lo hicieron sobre la otra. Hubo que desenterrar y volver a colocar. El Municipio hizo silencio a modo de colaboración, pero sea uno u otro organismo los errores se financian con dinero que aporta la población.
En Oliveira Cézar, tanto la comuna como la empresa de distribución de energía “olvidaron” hacer los trámites, la declaración de interés público y pago obligatorio en tiempo y forma, la adhesión de vecinos y hasta el control de calidad sobre la estructura y los desagües de toda la traza. El entusiasmo por terminarla y una oposición distraída en el seguimiento de cuestiones legales importantes sirvieron para disimular los inconvenientes.
Pero ahora, más allá de las demoras en la ejecución, la alegría por una avenida tan esperada y necesaria hicieron que el viernes a pocas horas de la apertura al tránsito el personal y el ingeniero responsable de las tareas, –el mismo profesional que antes desempeñaba funciones en el municipio– recorrieran junto a La Opinión las flamantes cuadras de hormigón, las bocacalles, los desagües pluviales y, como obra complementaria, los lomos de burro.
Ante la consulta de una periodista de este medio por la dimensión de altura y la extensión de la faja reductora de velocidad, el ingeniero respondió con un “está hecho de acuerdo a las normas de tránsito, con todos los requisitos y está señalizado”. A las pocas horas empezaron las quejas. Un alto funcionario del municipio pasó por allí a las 16.00 y se encontró con la sorpresa. De inmediato se comunicó con sus colaboradores para solicitar explicaciones y advertir que habría problemas.
No se equivocó. Desde ese momento y hasta el lunes al mediodía el lugar se transformó en una catedral de maldiciones a punto tal que hubo que cerrar nuevamente el tránsito para programar una reconstrucción adecuada y ajustada a las normas vigentes. Otra vez paga el ciudadano y otra vez surge la pregunta sobre la idoneidad de quienes lo diseñan, lo ejecutan y sobre todo sobre quienes deben controlar.
– Por Lilí Berardi –