Ordenaron detener las máquinas en la isla de los terraplenes
La Jueza Regina Cucit dictó una cautelar que obliga a Forestadora del Delta S. A. a paralizar las obras de terraplenes que lleva adelante en la isla de Barbé, tras la presentación de los asambleístas en defensa de los humedales.
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La empresa Forestadora del Delta S. A., que desde hace décadas construye y reconstruye endicamientos y terraplenes en la denominada isla de Barbé debe detener las obras, según ordenó la Justicia en un fallo emitido tras la presentación judicial de los asambleístas que anunció La Opinión la semana pasada.
La titular del Juzgado de Familia N° 2, donde recayó la causa por sorteo, es la sampedrina Regina Cucit, quien consideró en su fallo que es verosímil “la existencia de un daño de imposible reparación posterior”, por lo que dictó la medida cautelar con carácter de urgencia, mientras resuelve la petición de fondo que los demandantes hicieron bajo el patrocinio del abogado Daniel Spirópulos.
El fallo es muy importante en la medida en que es una orden inexorable para la empresa propiedad de Alejandro Goodling, que deberá abstenerse de trabajar con máquinas en el territorio señalado. El mismo que recorrió La Opinión hace pocos días y del que conserva imágenes desde hace años.
Un fallo ejemplar
Cucit se hizo eco de la documental presentada por los asambleístas en el recurso de amparo interpuesto y consideró necesario dictar la medida urgente de detención de los trabajos porque está acreditado que la demora implicaría la continuidad de una obra que “podría poner en peligro cierto el medio ambiente y la salud de sus pobladores”
“Con la posibilidad de que se consume un daño irreparable”, citó jurisprudencia la magistrada, y recordó la obligación constitucional de conservar el ambiente y protegerlo en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
“Se ha acreditado verosímilmente la existencia de un daño de imposible reparación posterior con origen en el acto lesivo, que no permite la demora que implica el dictado de una sentencia definitiva. En el caso que nos ocupa surge la necesidad de preservar el derecho a la salud, a la vida y a un ambiente sano”, sostuvo en sus consideraciones.
Hay que parar… y controlar
El fallo ordena a la empresa Forestadora del Delta S. A. la paralización de “las obras de terraplenes que se realizan sobre los humedales ubicados en una superficie aproximadamente de 600 hectáreas en el margen del riacho San Pedro, en límite comprendido desde el barrio Las Canaletas hasta las proximidades de la laguna de Céliz”.
La empresa deberá abstenerse de hacer cualquier movimiento de máquinas u obras sobre los terraplenes hasta tanto la Justicia resuelva la cuestión de fondo, que tiene que ver con las autorizaciones existentes para hacer un trabajo que, como aseguran los asambleístas, implica el riesgo de “un daño ambiental irreparable”.
La Jueza Cucit libró oficios para requerir al Gobierno provincial que, a través del Organismo para el Desarrollo Sustentable –el área de Ambiente del Estado bonaerense– informe si la intervención de la mano del hombre para la contención y desvío del curso del agua tiene estudio de impacto ambiental y autorización correspondientes.
Mientras la Justicia analiza el tema para definir sobre la cuestión de fondo, la empresa no puede hacer ningún tipo de tarea en los terraplenes, lo que ameritará un procedimiento de control adecuado para evitar que, como hizo en otras oportunidades, desoigan la orden.
Una audiencia entre las partes
El 29 de mayo habrá una audiencia en San Nicolás convocada por la Jueza interviniente, a la que deberán asistir los representantes de la asamblea en defensa de los humedales y los de Forestadora del Delta. Será a las 10.00 de la mañana, en la sede nicoleña del Poder Judicial.
