Ordenan desalojar 700 hectáreas de islas que Hugo Lima pretende propias

El Estado de Entre Ríos recuperaría para sí unas 700 hectáreas de islas en Lechiguanas que el abogado nicoleño Hugo Enrique Lima y su secretario en San Pedro Ernesto Andrés Sprintz reclamaron como propia ante la Justicia de esa provincia, que obligó el inmediato desalojo de las tierras aunque hubo apelación por parte del abogado.
El fallo del Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Gualeguay, firmado por el Juez Fabián Moharán el 30 de agosto, rechazó el reclamo realizado por Lima y Sprintz, quienes solicitaban la escrituración a su nombre invocando derechos de posesión veinteañales, vía usucapión.
Según el Juez, la isla en debate es parte de bienes de “dominio público del Estado”, por lo que resultan “imprescriptibles y por tal condición excluidos del comercio, circunstancia que impide que pueda ser objeto de posesión alguna”, como la que pretendían Lima y Sprintz, quienes por otra parte no vivieron 20 años de manera ininterrumpida y pacífica en esos terrenos, sino que los compraron recién en 2006.
Se trata de un caso más de hombres de negocios que intentan apropiarse de valiosas tierras públicas, aunque esta vez encontraron un brazo de la Justicia no dispuesto a permitir el avasallamiento del patrimonio estatal en un Juez que incluso reconoció que bajo ese mismo Juzgado y con otro magistrado a cargo hubo un caso favorable a pretensiones similares.
En ese sentido, Morahan sorprende en sus escrito al señalar que el fallo contrario que hubo por parte de otro Juez en otro caso de iguales características fue dictado “en base a fundamentos merecedores del mayor de los respetos, pero que difieren al criterio jurídico del suscripto en la materia”, que adopta los que sostiene la Fiscalía de Estado de Entre Ríos, que trabaja activamente desde hace años en procura de recuperar por vía judicial la gran cantidad de tierras en islas ocupadas ilegalmente no por isleros de toda la vida sino por importantes hombres de negocios.
Paradójicamente, los habitantes originarios de la zona de islas penden de un hilo por intimaciones de otro empresario que utilizó créditos del Banco de la Provincia de Buenos Aires “con fines productivos” para quedarse con miles de hectáreas que permanecen alquiladas o usurpadas por especuladores aunque en ese caso quien se presenta como dueño es el empresario Victorio Gualtieri.

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Tránsito hacia el desalojo
Hugo Enrique Lima y Andrés Sprintz compraron 700 hectáreas de islas a Osvaldo José Boari, un hombre que en 1980 ocupó esas tierras, se instaló en el lugar y dispuso colmenares para la producción apícola.
Boari había confeccionado un plano de mensura que luego registró en la Dirección de Catastro, lo que le permitió lograr que los impuestos inmobiliarios llegaran a su nombre desde la Dirección de Rentas, impuestos que fue pagando rigurosamente desde entonces, para asegurar la posesión.
La compra se produjo en el año 2006, cuando los adquirientes construyeron un importante galpón en el lugar para la producción de miel, con unas 350 colmenas. Desde allí, comenzaron la tarea judicial para escriturar a su nombre e iniciaron el proceso ante la Justicia entrerriana.
Munidos del plano de catastro y las facturas pagas del impuesto inmobiliario, Lima y Sprintz pretendían usucapir y que el Estado vecino los declarara titulares legales de las tierras.
La presentación judicial de estos dos conocidos hombres del Derecho en toda la región provocó la inmediata reacción de Entre Ríos, que formuló planteos en defensa de los intereses provinciales, pidió el rechazo del intento de apropiación vía posesión veinteañal y el desalojo correspondiente.
El Juez Fabián Moharán se hizo eco del reclamo estatal y consideró que esas tierras son bienes públicos y que como tales no pueden ser enajenables, por lo que no sólo desestimó la posesión veinteañal sino que ordenó procedente el desalojo inmediato de Lima y Sprintz.
Aunque suene raro, puesto que todos pueden asegurar que ninguno de esas dos personas vive en la zona de las islas Lechiguanas, el Juez dispone en el fallo el “desalojo de los actores Enrique Hugo Lima y Ernesto Andrés Sprintz y/o de quien o quienes pretendan ser titulares del domino del inmueble, sus herederos o sucesores y/o de quien o quienes se consideren con derechos sobre el mismo”.
Lima y Sprintz apelaron el fallo ante la Cámara provincial y aseguraron que de ser necesario irán a la Corte Suprema, ya que consideran inconstitucional la decisión del magistrado (ver recuadro).

Luchar contra la usurpación
El fallo no lo escribe, pero para la Fiscalía de Estado de Entre Ríos este es un caso más de recuperación de tierras que fueron vendidas ilegalmente, es decir que fueron ocupadas mediante el delito de usurpación.
En mayo pasado, la vecina provincia, con el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes a la cabeza, tomó posesión de unas 13.000 hectáreas en Lechiguanas, en la zona del distrito de Ibicuy, frente a San Pedro, que habían sido vendidas de manera ilegítima.
Para el Fiscal, la tarea es recuperar islas cuyas ventas carecen de legitimidad porque “no sólo fueron hechas en un gobierno de facto, sino también por decreto”. Se refiere al Decreto Nº 2.411 firmado por el gobernador de facto de Entre Ríos Ricardo Favre, que autorizó la venta a distintas empresas privadas de hectáreas de tierras de dominio público, ubicadas en islas Las Lechiguanas, en el departamento Gualeguay. Una de las firmas beneficiadas en ese momento es el condominio nicoleño El Trébol S. A. Uno de sus socios es el abogado Emilio Alfredo Cártey, quien había reclamado la escrituración de lotes y disparó las acciones de defensa del Estado entrerriano en toda la zona.
En ese marco está la denuncia que la Provincia hizo contra el empresario de Ramallo Héctor Oscar Biasotti durante 2009, por la usurpación de 5.000 hectáreas en las islas del Delta, del que dio cuenta La Opinión en ese momento.
Biasotti es señalado en Ramallo como “representante de poderosos grupos empresarios” y había sido acusado por “amedrentar a los lugareños” por el productor ganadero Julio César Trama, asesinado el año pasado en Salta.
Los gobiernos de las ciudades entrerrianas y bonaerenses del Delta conocen de este tipo de casos en que los lugareños son expulsados de manera violenta sin que nadie tenga en cuenta sus reales derechos, adquiridos legítimamente por décadas de trabajo en la zona. Esos pobladores originarios deberán ser tenidos en cuenta a la hora de accionar judicialmente y ser reconocidos como tales.
Las islas significan mucho dinero y cotizan a valores que van desde los 300 a los 1.000 dólares la hectárea, por lo que el negocio es importante y, como queda demostrado por las acciones judiciales emprendidas, son parte de un “negociado” del que se benefician poderosos que conocen las leyes y sus trampas.

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“Apelamos porque es inconstitucional”
El abogado Hugo Lima (h) dialogó con La Opinión sobre el tema, ya que apeló el fallo del Juez Moharán, al que consideró “inconstitucional porque hay derechos adquiridos que no se pueden obviar”.
Lima sostuvo que “no se puede hacer una ley retroactiva” y además aseguró: “Hay varios antecedentes en Cámara que dan la razón a nuestra posición”. El abogado señaló que el Juez “no puede obviar lo que dice el Tribunal Superior, ni hacer una interpretación sui generis”. “No tengo dudas que hay cuestiones políticas detrás”, dijo el nicoleño y explicó: “Hay una presión de la Provincia (de Entre Ríos), que es válida, pero no para atrás, los precedentes nos dan la razón a nosotros”. En ese sentido, sostuvo: “Apelamos y si es necesario iremos a la Corte, tenemos derecho”.

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