Señora Directora de La Opinión Semanario
Hay dos causas principales que motivan las usurpaciones en casas y terrenos en nuestra ciudad: a) la necesidad de gran parte de la población de poder acceder a una vivienda a precios razonables; y b) la actitud pasiva del Municipio que en el período 1999-2009 manejó el problema habitacional de una forma desordenada, ineficiente, corrupta y centrada sólo en lo político – clientelar.
Varios factores que sería largo enumerar acá han venido generando un continuo encarecimiento de las parcelas urbanas en nuestra ciudad y localidades cercanas. Ese proceso ya se venía insinuando desde hace por lo menos 15 ó 20 años.
En su oportunidad, el Gobierno Municipal Justicialista de los años 1991 a 1999, advirtiendo el fenómeno, procedió a adquirir importantes superficies de terreno (23 hectáreas de la Ex Quinta Piccagli, manzanas en San Martín y Rómulo Naón, etc.), las que iba adjudicando a personas inscriptas en un listado confeccionado a tales efectos. También, en algunos casos, complementó esas entregas con planes de viviendas que se construyeron en muchísimas mejores condiciones de calidad y habitabilidad que las actuales.
El Gobierno que encabezó Barbieri a partir de 1999 hasta el año pasado, solo se limitó a utilizar esos lotes para la construcción de viviendas que financiaba el Gobierno Nacional. A pesar de que el proceso de encarecimiento de la tierra era cada vez más pronunciado, la administración municipal de esa época no incorporó nuevas parcelas para luego urbanizarlas e incorporarlas a la oferta local. Si lo hubiera hecho, habría logrado dos cosas: conseguir una baja en los precios por la mayor oferta; y solucionar problemas acuciantes de miles y miles de personas, casi todos jóvenes, muchos de los cuales tienen trabajo y pueden y quieren pagar por su terreno. En lugar de ello, agotó por completo el cuantioso banco de tierras heredado y los problemas hoy son mucho más graves y complejos que entonces.
Durante las usurpaciones de 2007, la actitud de ese Gobierno fue mucho peor. En lugar de velar por la seguridad de las casas a entregar, permitió las intrusiones y llegó a acusar a la oposición de ser responsable de tales actos, lo cual –por supuesto– nunca probó. Son muchos los que sospechan que esas usurpaciones fueron inducidas para disimular las graves deficiencias de construcción y “tapar” la cantidad de viviendas que se habían prometido dos y hasta tres veces a distintas personas.
Pienso que nuestro actual intendente tendrá que ocuparse seriamente en el problema y salir con firmeza a resolverlo. En San Pedro se les debe facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda. Ello se puede hacer comprando, o expropiando inmuebles, urbanizando, incorporando inmuebles baldíos cuyos dueños no paguen las tasas, sumando lotes fiscales, gestionando líneas de crédito para la construcción y disponiendo de todas las medidas de intervención en el mercado que sean necesarias para terminar con la especulación inmobiliaria que convierte al derecho constitucional a una vivienda digna en un objetivo de cumplimiento imposible.
Atentamente
Dr. Carlos Alberto Rotundo – [email protected]
Ads
