Oficina Animal: Contrataron a una proteccionista para implementar el control canino
Cecilia Tarsetti, miembro de la ONG Vida Animal y activa militante por los derechos de los perros, fue nombrada empleada municipal por decreto para colaborar en las tareas que encabeza la veterinaria Marina Farías, nuera de la concejala Mónica Otero, designada ad hoc para esa dependencia municipal creada por ordenanza el año pasado.
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El intendente Cecilio Salazar decidió designar a una nueva empleada municipal para que trabaje en la denominada "Oficina Animal", creada el año pasado por ordenanza para el desarrollo del "Programa de Control de la Población Canina".
Cecilia Tarsetti, miembro de la ONG Vida Animal y activa militante por los derechos de los perros –ella misma alberga a decenas en su casa, mientras están en tránsito hacia un hogar definitivo– fue nombrada en planta temporaria –como deben hacerse todas las designaciones de trabajadores que al año tendrán estabilidad como efectivos– a través de un decreto del 14 de julio pasado.
Tarsetti colaborará con la dependencia que conduce la veterinaria Marina Farías, nuera de la concejala oficialista Mónica Otero y contratada ad hoc tras la creación de esa nueva área municipal que depende de la Secretaría de Salud que coordina Edgar Britos.
La activa militante proteccionista fue designada para colaborar con el cumplimiento de la gran cantidad de objetivos que se plantea la Oficina Animal, que hasta el momento tuvo campañas de vacunación en plazas de las localidades y en la ciudad, y anunció un convenio con Vicente López para hacer “50 castraciones por día” en un quirófano móvil, que todavía no se concretó.
La ordenanza, que cumplirá un año en menos de tres meses, prevé que el Municipio disponga un espacio para brindar “asilo temporario” a los perros. Señala también que la Oficina Animal se ocupará del “retiro de la vía pública, para su castración y vacunación antirrábica” de “aquellos caninos en situación de calle que exhiban comportamiento agresivo comprobado mediante denuncia o exposición policial y certificado médico de la persona afectada”, al tiempo que intervendrá “en aquellos casos particulares como abandono extremo, ancianidad, enfermedad grave o agresividad manifiesta”.
Fue sancionada a propuesta del Gobierno de Salazar, que trabajó en conjunto con la ONG Vida Animal, a la que pertenece la nueva empleada municipal, con el objetivo de crear un programa amplio para “evitar o disminuir los conflictos sociales y culturales siempre latentes en el seno de la comunidad” en relación al tema y con el sueño de un hospital veterinario para mascotas.
