Obras particulares: ¿todo normal o escasos controles?
Los acontecimientos nacionales alimentan las dudas sobre que sucede en nuestro distrito. Tras el derrumbe en Villa Gesell, qué seguimientos existen sobre las obras, especialmente las más grandes. Por las infracciones realizadas, por aquí pareciera "reinar la prolijidad".
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El derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell reaviva la el debate sobre la eficacia que debe tener el Estado en los controles de las obras nuevas o reformas edilicias.
En este caso, en la ciudad balnearia con el correr de las horas comienzan los cruces sobre autorizaciones, factibilidades y clandestinidades, cuando la realidad indica que el hecho tiene consecuencias fatídicas: un muerto y desaparecidos.
Si bien en San Pedro no hay muchas obras de envergadura a través de capitales particulares o fideicomisos, tampoco surgen muchos emprendimientos importantes a menor escala, menos en una época de recesión y donde los créditos hipotecarios no aceleran. Apenas algunas reformas en viviendas.
No obstante, siempre hay algo por hacer y va más allá de establecer si en la fachada aparece un cartel con el número de expediente del emprendimiento, que implicaría la presentación de los planos y el visado de los mismos.
Los controles son necesarios para saber si lo realizado se ajusta a lo planificado, conforme a lo presentado. Las ordenanzas expresan que se deben establecer “visitas trimestrales obligatorias para todo tipo de obra que se realice”. Luego viene la responsabilidad del autor de la obra, arquitecto o ingeniero civil, respecto a la estructura.
¿Esos controles reflejan las anormalidades? Si tenemos presente las sanciones, en lo que va del año solo se aplicó nada más que una infracción por alterar el FOT, que es no respetar la relación de la superficie edificada y con la superficie de la parcela. Y podríamos aseverar que el mismo panorama se dio en los últimos años.
Es decir, casi nada. Solo pequeñas cuestiones, como desechar escombros en las veredas o falta del permiso de obra, nada inherentes a la prevención de riesgos o el incumplimiento normativo, que debe primar antes que los lamentos prevalezcan por situaciones adversas.
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